Dice Rodolfo Walsh que las clases dominantes siempre han procurado que las trabajadoras y los trabajadores no tengamos historia, ni teoría, ni héroes, que se pierda la experiencia colectiva y que cada lucha deba empezar de nuevo. Cuando las principales organizaciones de las clases oprimidas se hacen cómplices de la amputación de la memoria, el desastre es mucho mayor.

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Una vez más, cuando se oyen crujir los cimientos de la economía capitalista, sus representantes políticos invocan el conjuro de los Pactos de la Moncloa.

En una comparecencia reciente el presidente del Gobierno, aludiendo a la encrucijada "histórica" que vivimos, hacía esta afirmación: “Esa unidad a la que apelo se tiene que trasladar en una certeza: todos los partidos políticos vamos a trabajar en unos nuevos pactos de la Moncloa”.

Hace pocos días, el gurú de El País Joaquín Estefanía, dedicaba su columna de opinión al mismo tema, con el pomposo título de El compromiso histórico español. Es curioso, porque este ex-director de El País, durante los años de la Transición era miembro de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), que proponía "echar abajo el Pacto de la Moncloa"[1]. El mismo Estefanía escribió un importante libro titulado: La Trilateral Internacional del capitalismo (el poder de la Trilateral en España), publicado por Akal en 1979 y que se agotó en pocos días. En él analizaba con nombres y apellidos las ramificaciones de la Trilateral en los diferentes órganos de poder institucional y empresarial en el Estado español. Jesús Polanco, fundador del grupo PRISA le hizo una propuesta al joven Estefanía por la que vendió su alma: ser director de economía de El País a cambio de que no hubiera una segunda edición del libro. A veces, Roma sí paga a traidores. Jesús Polanco pasó a ser miembro de la Trilateral en abril de1982[2], muy probablemente como expresión del respaldo del capital internacional a la victoria del PSOE que se produciría pocos meses después.

El caso de Estefanía, como tantos otros (el más conocido es el de las tarjetas Black de Bankia) es representativo de la cara oculta de la Transición: el soborno de dirigentes políticos y sindicales de la izquierda.

El capital siempre llama al pacto social cuando las cosas no le van bien. Se olvida rápidamente de su liberalismo y apela a la solidaridad, al consenso y al Estado. No cabe duda de que la idea luminosa ha salido de las filas del Ibex 35. Los Pactos de la Moncloa fueron su mayor negocio (si no contamos el golpe fascista de 1936). En la Transición, la ventaja es que las ganancias llegaron sin coste político. Todo lo contrario. Como en todo gran pacto social, para el capital el beneficio es doble: consigue imponer sus objetivos y el enemigo de clase se autodestruye. Y el PSOE, representante privilegiado de la gran burguesía y hacedor de las agresiones más graves contra la clase trabajadora desde la Transición, se apresura ahora a cumplir su papel.

La estupidez más grande que podría cometer la clase obrera es creer lo que agitan profusamente los medios y, por supuesto, el Gobierno: que si VOX no quiere unos nuevos Pactos de la Moncloa, es porque serán buenos para las trabajadoras y trabajadores. Como ya escribí al analizar la sesión de investidura[3], el esperpento de la extrema derecha sirve como espantajo preventivo ante el cual cualquier otra opción se considera un mal menor.

Recuperar la Memoria

Ante una situación extremadamente dura como la que se avecina, las trabajadoras y los trabajadores necesitamos recuperar la memoria y analizar objetivamente lo que realmente supusieron esos pactos y lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora. Y, sobre todo, lo que implicó dejarse arrastrar por falsos llamamientos a la unidad que siempre suponen para nosotras retrocesos (ahora directamente hacia el abismo) y ganancias para ellos.

En los Pactos de la Moncloa hubo un elemento clave: el PCE, encabezado por su secretario general Santiago Carrillo. El resto fueron meras figuras decorativas hasta el punto de que Alianza Popular no los firmó y nadie se acuerda de ello; porque no importaba. El objetivo central era domesticar al potente movimiento obrero, combativo y organizado, que recorría el territorio del Estado español. Un movimiento obrero estructurado en torno a las Comisiones Obreras, o Comisiones Representativas, surgidas desde las mismas asambleas de fábrica o de tajo, y por lo tanto enraizadas, más allá de las cualificaciones o la ideología, en el conjunto de las trabajadoras y trabajadores y garantes de uno de los elementos claves de la lucha obrera: la unidad de clase.

La fuerza organizada de quienes crean la riqueza y hacen posible la vida había conseguido imponer mediante luchas durísimas, con los sindicatos ilegalizados y centenares de sindicalistas en la cárcel, la Ley de Relaciones Laborales más progresista que se ha conocido.

Y se hizo en plena crisis económica. Llamo la atención sobre esto porque cuando se promulga esta Ley, en abril de 1976, la situación era muy parecida a la que se vivía en el momento de la firma de los Pactos de la Moncloa dieciocho meses después; sin embargo, en su preámbulo se alude, a diferencia de los Pactos, no a la crisis sino a las “legítimas aspiraciones de los trabajadores”. La crisis, y los sacrificios de “todos” necesarios para superarla, es el mantra que se repite cuando de lo que se trata, como ahora, es de imponer nuevos recortes de derechos y de condiciones de vida.

La Ley de Relaciones Laborales de 1976 establecía[4], entre otras cosas, que la naturaleza del trabajo determinaba el tipo de contrato; es decir, todo contrato era indefinido, salvo unas pocas excepciones. Se prohibía y se sancionaba el prestamismo laboral y las empresas de trabajo temporal; se reducía la jornada laboral, se ampliaba el permiso de maternidad, etc. Pero sobre todo, se regulaba el despido improcedente de forma favorable a las trabajadoras y los trabajadores. El artículo 35 disponía lo siguiente: "Cuando en un procedimiento por despido, el Magistrado de Trabajo considere que no hay causa justa para el despido, en la sentencia que así lo declare condenará a la empresas a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse aquel, así como del importe del salario dejado de percibir desde que se produjo el despido hasta que la readmisión tenga lugar”. En el apartado 4 de este mismo artículo se prohibía que el despido fuera sustituido por indemnización económica salvo acuerdo voluntario de las partes[5]. Este artículo era esencial, como bien se puede comprobar ahora, para luchar contra las "listas negras" y la represión sindical.

Esta Ley es clave para desmontar el argumento central de quienes firmaron los Pactos en representación de la clase obrera: que la correlación de fuerzas no permitió hacer otra cosa. En este sentido, es importante destacar que esto ocurría a contracorriente del resto de los países centrales del capitalismo, donde los amplios derechos laborales conquistados por la victoria contra el fascismo en la II Guerra Mundial (que fue sobre todo una guerra de clases) habían entrado en fase de demolición con la piqueta de las políticas neoliberales.

En el Estado español la correlación de fuerzas en la lucha de clases era otra. A pesar de los durísimos coletazos del final de la Dictadura - los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, el asesinato de cinco trabajadores y los cientos de personas heridas de bala el 3 de marzo de 1976 en Vitoria o la matanza de los abogados laboralistas de Atocha el 24 de enero de 1977 (la combatividad y la organización del movimiento obrero eran grandes y crecientes). Además no se trataba sólo de reivindicaciones laborales. El movimiento estaba impregnado de contenidos políticos de ruptura con el Régimen que agonizaba y de exigencias de democracia y de control obrero en la empresa. La fuerza organizada de la clase obrera fue capaz de sobreponerse a los vientos neoliberales que empezaban a arrasar las políticas sociales en una CEE[6] con poderosas centrales sindicales y supuesto paraíso de los derechos sociales.

Año y medio después, los preceptos de esa Ley se convirtieron en agua de borrajas. No se produjo un cambio en la correlación de fuerzas, sino una monumental traición de clase.

Es curioso leer que el PCE defendía los Pactos argumentando que las medidas agresivas contra la clase obrera no iban a durar más de “año y medio”, el tiempo de acabar con la crisis, o que participar de ellos era la manera de evitar un golpe de Estado. Sucedió exactamente lo contrario. La crisis continuaría profundizándose y de hecho fue el gran pretexto para el nuevo ataque que vendría con la cínicamente llamada reconversión industrial, y el ruido de sables tomaría cuerpo el 23 de febrero de 1981. El saldo real, apabullante, fue que ante ambos acontecimientos la clase obrera era ya mucho más débil.

Lo más importante de los Pactos de la Moncloa no fueron sus medidas concretas contra la clase obrera: pérdida del poder adquisitivo de los salarios, facilitación del despido[7], etc, a cambio de una tímida reforma fiscal, muy por debajo de la existente en Europa occidental y que progresivamente, todos los gobiernos han ido cambiando a favor del capital. Mientras tanto, como sabemos, la evasión y el fraude fiscal adquiere proporciones gigantescas.

El cambio cualitativo que introdujeron los Pactos de la Moncloa y que los sitúan como piedra angular del retroceso imparable sufrido por los derechos laborales desde entonces hasta ahora, es de naturaleza ideológica. Esos acuerdos plasmaron con la firma de quienes tenían mayor influencia entre la clase obrera la preeminencia de la lógica del capital sobre cualquier otra consideración, y la aceptación del orden capitalista como algo natural y permanente. Se capitulaba ante el dogma central del capitalismo: para que a la clase obrera le vaya bien, lo prioritario es restaurar la tasa de ganancia del capital y, en aras de la competitividad, hay que liquidar los obstáculos que se le oponen: terminar con la negociación colectiva, reducir al máximo los costes laborales y "flexibilizar" tanto la contratación como el despido.

Bajo esa égida, y con un debilitamiento progresivo (organizativo, político e ideológico) contrarreforma tras contrarreforma, recorte tras recorte, hemos llegado al esperpento de la situación actual: con millones de personas trabajadoras en la miseria, más de un millón de jóvenes con alta cualificación en la emigración, los servicios públicos degradados y sometidos a la lógica del beneficio privado y condiciones de trabajo de semi-esclavitud.

El balance de estos cuarenta años en términos de clase es tan obvio que no merece la pena argumentarlo. Los enormes negocios de las privatizaciones de la banca pública y las empresas estratégicas de transporte, comunicaciones, energía, etc, son las grandes fortunas del Ibex 35; monopolios que a su vez, están en buena medida en manos de los grandes bancos.

La explotación y la miseria de millones de trabajadores y trabajadoras (12 millones en situación de extrema pobreza) se esconde bajo cifras indignantes. Mientras los beneficios empresariales de los grandes monopolios registraban crecimientos del 60% en los últimos años, el salario medio ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo de 133 euros anuales.

Y en estas condiciones, ¿nos hablan de Pacto Social? ¿Qué más quieren robar?

No conviene engañarse. En las crisis, la inversión de capital se frena, e incluso hay una huida masiva de capitales como la que ya está sucediendo (tan patriotas ellos) porque no ven posibilidades de recuperar la tasa de ganancia. Y la inversión no vuelve hasta que no se ha producido un “saneamiento” (es decir la destrucción de empresas débiles, fundamentalmente la pequeña y mediana empresa) y condiciones más favorables de explotación de la mano de obra.

En definitiva, cuando tanto el Gobierno como el BCE ponen en poder de la banca y de las grandes empresas la capacidad de decisión sobre los fondos públicos, no sólo es que los vayan a emplear para rescatarse a sí mismos, sino que sus intereses son opuestos a la salvación de las decenas de miles de pequeñas y medianas empresas, de las que dependen millones de trabajadoras y trabajadores.

No insistiré aquí en la mezquindad de las ayudas directas del Gobierno, frente a las aplicadas por otros gobiernos, y su vergonzosa pasividad para intervenir empresas privadas, aun cuando la situación adquiere tintes dramáticos en la sanidad pública. Todo ello da idea de lo que se puede esperar de este Ejecutivo de coalición por sí mismo o, como podría ocurrir, si se acaba incorporando a la toma de decisiones alguna de las tres derechas.

No podemos seguir siendo presas del círculo vicioso que nos amarra desde la Transición: huir del PP para que gobierne el PSOE para, tras comprobar que practican las mismas políticas, hacer el mismo camino en sentido contrario.

Cuando la situación es tan dramática como la que vivimos (y la que asoma sabemos que será mucho peor) no podemos consentir que el caos y la barbarie sigan imperando.

Es intolerable que prevalezcan los mecanismos represivos en el confinamiento (con el esperpento de ver a diario a los representantes del ejército, la guardia civil y la policía informando de la evolución de la pandemia) mientras se mantiene la producción de bienes no esenciales a mayor gloria del capital, y condenando a una sobremortalidad evidente a los territorios donde se concentra esa clase obrera obligada a trabajar con riesgo de su vida[8].

No podemos consentir que permanezca impune el desmantelamiento de la sanidad pública, que está produciendo escandalosas carencias de atención y centenares de muertes perfectamente evitables. Porque ese deterioro, perfectamente planificado desde las Consejerías de Sanidad, tiene responsables concretos que han venido preconizando la superioridad de la sanidad privada, permitiendo la entrada masiva del capital privado (fondos buitres incluidos) en la gestión con fondos gubernamentales de la sanidad pública[9] y reduciendo y precarizando hasta extremos inconcebibles las condiciones de trabajo del personal.

Es una irresponsabilidad afrontar la hecatombe social y económica que se avecina permitiendo que la oligarquía financiera y monopolista siga imponiendo su ley de hambre, enfermedad y muerte.

Precisamente el desastre actual es el resultado de una izquierda débil y cobarde que, bajo el eufemismo del pacto social, ha venido aceptando la dictadura del capital, más salvaje cuanto más se debilitaba la clase obrera. Y aún siguen tratando de justificar su goteo incesante de concesiones con el argumento de una “correlación de fuerzas adversa” que, curiosamente, esta misma izquierda contribuye a alimentar paralizando movilizaciones y blanqueando mensajes combativos.

Es hora de enfrentar la situación desde claves diferentes. Desde posiciones que necesaria e imprescindiblemente tienen que enfrentar la lógica del capital.

No hay otra: o se salva al capital, o se salva al pueblo. La resolución de este dilema es una cuestión de poder. En ese sentido, lo que Red Roja propone no es un plan de choque de los muchos que se están proponiendo como peticiones o exigencias dirigidas al Gobierno, y que pueden muy bien compartirse, pero que no poseen, ni se plantean, el poder político para llevarlas a cabo.

El llamamiento de Red Roja plantea la necesidad de cambiar radicalmente el enfoque y construir un poder alternativo edificado sobre la hegemonía de la satisfacción de las necesidades sociales, que necesariamente tiene que romper con el orden existente, y que tenga al pueblo en el puesto de mando[10].

NOTAS

[1] https://elpais.com/diario/1977/11/02/espana/247273207_850215.html

[2] https://elpais.com/diario/1982/04/17/economia/387842406_850215.html

[3] https://redroja.net/index.php/autores/angeles-maestro/5482-si-se-puede-que-que-se-puede-esperar-de-este-gobierno-y-como-actuar-en-consecuencia

[4] https://www.lahaine.org/est_espanol.php/el-hundimiento-del-engranaje-de

[5] https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-8373

[6] Comunidad Económica Europea

[7] El empresario tenía libertad para despedir al 5% de la plantilla si la lucha obrera le obligaba a romper los topes salariales establecidos por los Pactos de la Moncloa.

[8] https://elpais.com/espana/

[9] En el año 1997 se promulgó la Ley que permitía la gestión por parte de empresas privadas de todo tipo de hospitales, centros de salud, y centros socio-sanitarios "públicos". Eso sí, la financiación es siempre pública. Se aprobó en el Congreso de los Diputados con los votos de PP. PSOE, PNV, Coalición Canaria y Convergencia y Unió-. Un análisis de las consecuencias de la citada ley puede verse aqui. Maestro. A "Ley 15/97: el arte de confundirse con el paisaje. https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/ley-1597-arte-confundirse-con-paisaje.html

[10] https://redroja.net/index.php/noticias-red-roja/noticias-cercanas/5537-hacia-un-frente-de-salvacion-popular