La pandemia y las remesas de los emigrantes

Para los países en vías de desarrollo las remesas son el flujo de divisa extranjera más importante, por encima de la inversión extranjera directa, los flujos de capitales privados y la ayuda oficial al desarrollo.

En 2019, alcanzaron su máximo con 554 mil millones de dólares, lo que representa más del 5% de la riqueza nacional de al menos 60 países de renta media y baja.

El dinero que los emigrantes envían a sus países de origen es un salvavidas esencial para sus parientes y sus comunidades, especialmente en las zonas rurales. Con ellas se financia el consumo privado y se realizan inversiones en salud, vivienda y educación.

Con frecuencia, las remesas ofrecen a sus receptores la posibilidad de abrir sus propios negocios. Si se invierten de forma comunitaria, las remesas colectivas facilitan la mejora de infraestructuras locales. En suma, las remesas son un factor clave en el desarrollo de personas y comunidades.

Peculiaridades de las remesas

En primer lugar, son transferencias entre personas, lo que dificulta que los Estados puedan extraer rentas de ellas. A diferencia de los recursos naturales, y precisamente por su carácter privado, hay poca evidencia de que las remesas sean una maldición que contribuya a la supervivencia de malos gobiernos.

En segundo lugar, las remesas se incrementan cuando los países receptores afrontan momentos de dificultad. Se ha observado que las crisis políticas o económicas, los desastres naturales y las guerras aumentan los envíos de los emigrantes para apoyar a sus familias. En otras palabras, las remesas son anticíclicas.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 se incluya el abaratamiento del coste de estos envíos hasta el 3%, ya que en algunos corredores continúa siendo muy elevado, especialmente en el África Sub-Sahariana.

Las remesas y la COVID-19

Los organismos multilaterales de ayuda al desarrollo siguen con preocupación la evolución de las remesas durante la pandemia de la COVID-19.

Como ya sucediera durante la Gran Recesión, esta crisis está afectando gravemente las perspectivas económicas de los países tanto de origen como de destino de las remesas, complicando la sostenibilidad de los envíos.

El efecto de la pandemia ha sido inmediato: las previsiones del Banco Mundial apuntan a un descenso en los envíos de unos 100 mil millones de dólares, en torno al 20% de las remesas de 2019. Como consecuencia de esta caída se teme un repunte de la pobreza extrema, que puede afectar a entre 40 y 60 millones de personas.

Además, el incremento de la pobreza podría tener repercusiones políticas negativas.

Investigaciones recientes apuntan a que las remesas debilitan a las dictaduras y a los gobiernos que abusan del intercambio de favores, dinero o bienes a cambio de votos. Al reducir la pobreza, las remesas aportan independencia a las familias que las reciben y reducen el valor de esos intercambios clientelares.

Por tanto, la caída de las remesas podría traer un repunte de estas prácticas, lo que favorecería la continuidad de los regímenes dictatoriales y debilitaría la calidad de las nuevas democracias. Así pues, es fundamental garantizar la continuidad de estos flujos tanto por razones económicas como de buen gobierno.

¿Y ahora qué?

La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, así como el hecho de que la crisis está afectando a todos los motores económicos mundiales, hace muy difícil anticipar una recuperación rápida de las remesas (como sí ocurrió tras la Gran Recesión).

La digitalización de los servicios de transferencias y la mejora en la educación financiera se presentan como una opción necesaria para que los emigrantes puedan seguir enviando apoyo económico a sus familias, especialmente en zonas rurales, a pesar de la crisis.

De hecho, el incremento en el uso de servicios digitales para el envío de estos fondos ha sido notable. Además, se ha pedido que los servicios de envíos de remesas sean declarados actividad esencial, que se incremente la competencia entre proveedores para reducir los costes, y la implicación de las diásporas en el desarrollo local a través de instrumentos financieros que movilicen sus ahorros.

También se hace urgente evitar que el deterioro de las condiciones económicas repercuta en una mayor hostilidad hacia los inmigrantes en los países de acogida, y garantizar que las restricciones a la movilidad por motivos de salud pública sean compatibles con la protección de personas demandantes de asilo y refugio.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation