¿Quién se hubiera aventurado hace poco más de un año a apostar por el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del gobierno cuando, tras abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados, recuperó democráticamente el liderazgo del PSOE en unas elecciones abiertas a toda la militancia socialista? ¿Cuáles hubieran sido las cuotas (odds, en terminología del ludópata Reino Unido) que se hubieran pagado a quienes apostaron entonces por él? A los que sí lo hicieron dentro del PSOE se abrió un portillo a la esperanza, tras la fuerte oligarquización experimentada por el partido en los últimos lustros. Los llamados ‘barones’ perdieron inapelablemente, y aquellos que no se habían significado en exceso en su desaprobación de Sánchez, corrieron solícitos a ofrecerle su circunstancial apoyo posterior por temor a perder sus baronías.

Ahora Pedro Sánchez ha "asaltado los cielos", en grandilocuente expresión de algunos líderes de Podemos, cuando nadie (prácticamente) aventuraba un resultado como el que se ha producido. Su capacidad de lucha y convicción ha sido, cuando menos, encomiable. Se reproducen ahora en los mentideros mediáticos análisis de futuro que olvidan inopinadamente los acontecimientos del pasado. Y conviene ‘poner el borrico en la linde’ o ‘expurgar el grano de la paja’, recordando el porqué del cambio del gobierno: la corrupción. Una corrupción institucionalizada que sigue asqueando profundamente al electorado español.

Hace unas semanas comentaba yo mismo con un reputado académico británico, ahora residente en Francia, que quizá en el país galo la corrupción institucionalizada ya se descuenta por parte de los votantes de nuestro país vecino. O sea, que los electores saben que los representantes institucionales meten la mano para favorecer principalmente a sus redes familiares y las clientelares más próximas. Comentaba mi admirado politólogo inglés que las corruptelas se ha convertido en una práctica de la vida política sobre la que poco o nada se puede hacer. Es decir, se ha integrado en los códigos de conducta de quienes se hacen políticos para aprovecharse ilegítimamente de su situación de poder institucional.

A diferencia de lo que podría alegarse en el caso de Francia, Pedro Sánchez debería saber por propia experiencia que el rechazo a la corrupción es todavía en España un poderoso instrumento capaz de tumbar a gobiernos como el de Rajoy, o de reducir los apoyos electorales como ya le sucedió a su propio partido poco después de proclamar aquellos de “100 de honradez”. Mientras ello se aseveraba algunos dirigentes socialistas amparaban, por activa o pasiva, las prácticas espurias de financiación y de corrupción en las instituciones. ¿Quién se acuerda ahora de la condena a Aida Álvarez coordinadora de finanzas del PSOE que durante los años 1980 se vio implicada en el delito de falsedad en documento mercantil y en el cobro de millonarias comisiones ilegales en la adjudicación de contratas del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla? Bien hará Pedro Sánchez en tener muy presente que los españoles están dispuestos a penalizar a la corrupción. En realidad tal repudio es la principal variable explicativa del éxito político y electoral de Podemos, un partido que ha acudido solícito a prestar su votos para superar la moción de censura a Rajoy y su gobierno.

A la hora de escribir estas líneas, se discute si debería o no haber un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Podrá negarse la evidencia de la necesidad de tal gobierno. Las razones son variadas y para todos los gustos, primando aquellas propias del tacticismo sobre quienes podría salir ganando o perdiendo con tal ejecutivo conjunto. Pero pocos opinadores subrayan el carácter sustancial de tal opción política. Porque, si es verdad que la política de consensos hizo posible la Transición de una dictadura a una democrática en España, la cultura del compromiso propia de un gobierno de coalición es una experiencia nueva para acrecentar nuestra calidad democrática. Piénselo bien Sánchez y sus adláteres antes de caer en la tentación de la autosuficiencia.

Sánchez necesita la ayuda de Podemos en cuantas decisiones de calado pueda tomar el Parlamento español durante el tiempo que esté al frente del ejecutivo. La alternativa es el dolce far niente o el disfrute episódico de las poltronas institucionales que habrán de repartirse durante la breve etapa del próximo gobierno. Sánchez necesita a Podemos para apuntalar la vocación europeísta de nuestro país y para asegurar que, a diferencia del nuevo gobierno de Italia, nosotros apostamos decidida y claramente por el Modelo Social Europeo. Es decir, que estamos dispuestos a pelear por el mantenimiento de nuestros sistemas públicos de sanidad e instrucción, o luchar contra la desigualdad social mediante sistemas impositivos progresivos. La alternativa nos es otra que el neofeudalismo que se nos viene encima auspiciado por Trump y sus mamporreros políticos de la angloesfera.

Sánchez podría seguir ilusionando con una acción de gobierno que integrase incluso a los nacionalistas del PNV, a los que el PSOE presta apoyo en el Parlamento de Vitoria, y con quienes implementó la primera ley de rentas mínimas en 1989 en el gobierno de coalición PNV-PSE/PSOE. Tal política innovadora se convirtió en el espejo donde se miraron después todas las demás leyes autonómicas similares. Y se ha convertido en la referencia para la inevitable implementación (incluso por razones de la creciente robotización de nuestra sociedades) de la renta ciudadana.

Sí, señor Sánchez, no lo dude: gobierno de coalición para hacer más Europa y limpiar cualquier atisbo de corrupción en la acción institucional de nuestros representantes políticos. No crean los lectores que es esta una novedosa propuesta de gobierno. Quizá lo sea por ingenua, se argüirá. Pero recuérdese que Joaquín Costa (1874-1931) ya propugnaba cerrar “con siete llaves el sepulcro del Cid” y regenerar con medidas modernizadoras y europeizadoras las condiciones de vida de los españoles. El bucle del pasado vuelve…