En España tenemos más de once millones de personas jubiladas. Personas que, en la tercera, cuarta o quinta etapa de su vida merecen el respeto de su país. Merecen seguridades y certidumbres. Y el Estado de Bienestar debe proporcionárselas. El Gobierno tuvo claro desde el comienzo que uno de los grandes compromisos de la Legislatura era para con sus mayores. Para unas pensiones dignas.

Y aquí está. La aprobación en el último Consejo de Ministros de la mayor subida de las pensiones desde 2008: un 2,5 por ciento y un tres por ciento para las mínimas. Haciendo números, las y los pensionistas han recuperado un cinco por ciento de poder adquisitivo en tres años y las pensiones mínimas un ocho por ciento.

Los hechos en política son muy importantes y frente al neoliberalismo de los recortes en las pensiones, a socialdemocracia apuesta por el Estado del Bienestar. Esta es la clara evidencia.

Es la derecha de este país la que tendrá que explicar su voto negativo. Parece difícil justificar negarse a que las pensiones se revaloricen indefinidamente para mantener su poder adquisitivo. Parece difícil justificar negarse a que se destinen 6.500 millones de euros para dignificar las pensiones de nuestros mayores.

Debe ser muy complicado negarse a que se comience a corregir la brecha de género en pensiones con un complemento de casi 400 euros, que las pensiones medias de viudedad pasen de cobrar de 685 a 711 euros o que las pensiones de viudedad de las parejas de hecho se iguale a las de las casadas.

Parece difícil justificar un NO a que las pensiones de todos y todas, de los jubilados actuales y de los que ahora son jóvenes, estén más protegidas o negarse a mejorar la equidad al equiparar, tras un periodo transitorio, los coeficientes de todos los trabajadores en la jubilación anticipada. El sistema actual es regresivo, establece una penalización mucho más baja para los trabajadores con rentas más altas que para el resto, algo que es injusto y que se corrige con esta norma.

Y aun más si cabe, parece muy complejo negarse cuando el texto es fruto del acuerdo firmado entre el Gobierno y los agentes sociales el pasado 1 de julio. Cuando esto supone recuperar el consenso y la sensibilidad de la materia para el conjunto de la sociedad, derogando la reforma del Partido Popular de 2013, que se había impuesto unilateralmente sin el concurso de los agentes sociales.

Seamos coherentes con lo que decimos. Actuemos y comprometámonos. Déjense de postureos. Y por supuesto de insultos e hipérboles mediáticas. La política está para mejorar la vida de la ciudadanía. Y lo que la va bien a un país es poner en marcha, entre otras, medidas destinadas a mejorar, modernizar y reforzar el sistema público de pensiones de nuestros mayores, ofrecerles certezas y dignidad.

Solo un sistema universal de reparto sostenible y solidario nos protegerá. Solo un compromiso serio y un trabajo riguroso mantendrá el poder adquisitivo de nuestros pensionistas y la cobertura de las necesidades básicas de aquellos en mayor situación de vulnerabilidad. En eso estamos y en eso seguiremos. Por justicia social y por dignidad.