Los pensionistas necesitamos un gobierno de coalición

En su artículo, Seguridad Social, ni apocalipsis ni cuentos, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, transmite una idea optimista de las cifras resultantes de la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social al mes de Abril del 2019. El artículo representa una respuesta a los medios digitales que centraban la atención en la elevada nómina mensual de las pensiones al primero de junio, 9.644 millones de euros, y que remarcaban al mismo tiempo, el constante crecimiento que se producía en número de personas incorporadas al sistema y en la cuantía media de las pensiones.

Enumeraba Carlos Bravo como elementos positivos, que estaban incidiendo favorablemente en el crecimiento de los Ingresos de la Seguridad Social para el año 2019, los siguientes:

• Incremento del Salario Mínimo en un 22,03%, hasta los 900 euros.

• Incremento del empleo y número de cotizantes a la Seguridad Social, sin olvidar las características del tipo de empleo creado.

• Subida del 7% de la base máxima de cotización.

• Los efectos de la negociación colectiva, que sitúa entre el 2% y 2,5% la media de incremento de los convenios suscriptos

• Incremento salarial del 2,25% para el empleo público.

Junio 2019:

• Sin negar ninguna de estas consideraciones, la ejecución presupuestaria al mes de junio, demuestra que todas estas medidas no alcanzan, no son suficientes.

• La Seguridad Social ha debido recurrir a un nuevo endeudamiento de 7.500 millones de euros para afrontar la primera paga extra del ejercicio 2019. El informe detallado de la Seguridad Social nos muestra que, si bien los Ingresos por cotizaciones sociales crecieron un 7,94% hasta junio, los Ingresos Totales se han incrementado sólo un 7,05%, mientras que, los Gastos Totales aumentaron un 9,47% en igual período.

Previsiones  diciembre 2019

• La situación al 31 de diciembre nos mostrará un déficit anual de 17.000 millones de euros similar al del 2018, que representó un 1,41 % del PIB.

• En caso de no implementarse disposiciones adicionales urgentes, volverá a aplicarse en el 2020 el ajuste anual del 0,25%, que el Partido Popular esgrimió durante siete años, atentando contra el poder adquisitivo de los pensionistas, mientras saqueaba el Fondo de Reserva.

• Si no se toman medidas de fondo para dignificar las pensiones, el 51% de la totalidad de las mismas continuarán resultando inferiores al salario mínimo vigente en el año 2018 de 735,90 euros mensuales, y el 64 % no alcanzarán el actual SMI de 900 euros. Las manifestaciones de los pensionistas continuarán

El Pacto de Toledo

• Los pensionistas y los futuros pensionistas no pueden esperar las conclusiones de la mesa de seguimiento del Pacto de Toledo que, en más de tres años, no concretó con rigor propuestas de fondo para solucionar el déficit de la Seguridad Social, ni atendió las reivindicaciones básicas de los pensionistas.

• Se presentó a último momento un borrador que no incluía las reivindicaciones legales, económicas ni sociales de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones y, al ser rechazado por Podemos, se pretendió inculpar a este partido del fracaso de las negociaciones. La Coordinadora tiene claro que el único partido que la apoya, sin matices, es Unidas Podemos.

• En la mesa de seguimiento, la cláusula de revalorización de las pensiones, no se ha correspondido con la aplicación lisa y llana del IPC anual; ha sido distorsionada con las sugerencias de considerar, entre otros factores, el crecimiento del PIB, del empleo, de la productividad, y a esa distorsión ha contribuido el mensaje de la Ministra de Economía del gobierno socialista, Nadia Calviño.

• No se puede confiar en un concierto de opiniones donde intervienen partidos que claramente actúan contra el Sistema Público de Pensiones, como es el caso de Ciudadanos, que propone el sistema de cuentas nocionales y aboga por la necesaria contratación de planes de pensiones privados; o, en el caso del PNV, queriendo fragmentar la Caja Única de la Seguridad Social, (pilar de la solidaridad interregional), para reservarse la gestión económica de la caja del País Vasco.

• Las últimas dos reformas del sistema (2011 y 2013), han sido letales para los pensionistas en lo que se refiere a la rebaja de sus derechos.

Mesa del diálogo social

• La Mesa del Diálogo Social con intervención de los sindicatos, la CEOE y la CEPYME, difícilmente pueda considerarse como el lugar más adecuado para defender los intereses de los trabajadores. Concertaron con el gobierno de Rajoy un SMI de 850 euros para 2020, lo que significa un año de atraso y 50 euros menos respecto de los 900 euros que se implementaron en 2019 a través del gobierno en funciones del PSOE e impulsado desde Unidas Podemos.

• Además, la CEOE y la CEPYME, son adversarios declarados de cualquier medida que pretenda incrementar los Ingresos por Cotizaciones Sociales.

Propuestas urgentes  de los pensionistas

• Las agrupaciones de pensionistas reclaman la simple aplicación del artículo 50 de la Constitución y que deben ser llamados como interlocutores directos en una profunda discusión en la defensa del Sistema Público de Pensiones. La actual Ministra de Trabajo, ha escuchado a las organizaciones, pero no ha implementado las medidas sugeridas.

• En ese marco de actuación, proponen restablecer la Jubilación ordinaria a los 65 años, en el contexto de la proposición de ley presentada por 71 diputados en el Congreso. Jubilación anticipada sin penalización con 40 años cotizados, pleno funcionamiento de la ley de dependencia, eliminación de todo copago sanitario, revalorización automática de las pensiones de acuerdo al IPC, pensión mínima equivalente en principio al SMI, hasta alcanzar los valores determinados por la carta social europea.

• Consideran urgente el desarrollo de una política fiscal dirigida a favorecer no solo a los pensionistas, sino a todos los sectores sociales golpeados por la crisis.

• Abogan por la derogación de los aspectos más regresivos de la reforma de las pensiones del año 2011 y 2013. y el Art. 211 de la Ley 8/2015 de la Seguridad Social, regulador del Factor de Sostenibilidad.

• Respaldan la derogación de la reforma laboral del 2012 que ha contribuido a precarizar aún más el empleo y con ello a descapitalizar la Seguridad Social. Esta reforma debe sustituirse por el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones laborales que favorezcan la estabilidad en el empleo y equilibren la negociación colectiva, siempre primando los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa.

• En materia de Ingresos específicos de la Seguridad Social, no alcanza con incrementar las cotizaciones máximas un 7%, es necesario DESTOPAR las cotizaciones sociales y que todos los asalariados coticen de acuerdo a lo que perciben, como sucede en muchos países de la Unión Europea.

• No alcanza con quejarse de la baja aportación de los autónomos, que ha disminuido un 2,45% respecto de Junio del 2018. Corresponde instrumentar los mecanismos necesarios para que se cotice de acuerdo a los Ingresos reales, siempre respetando una contribución adecuada para aquellos que cuenten con menores ingresos.

• CCOO, UGT y Podemos han coincidido en la necesidad de desarrollar estas y otras medidas para incrementar los Ingresos de la Seguridad Social y solo falta un gobierno dispuesto a llevarlas a la práctica.

Los pensionistas necesitamos un gobierno de coalición

• El PSOE y su gobierno monocolor, seguirá por las estrechas sendas del pacto de Toledo, la Mesa del Diálogo Social, las recomendaciones del Banco de España, las limitaciones presupuestarias de Bruselas, que sólo llevan a la resignación cuando se quieren implementar medidas de carácter social. Como ejemplo reciente, Sanidad ha solicitado a 11 comunidades restringir el gasto sanitario y farmacéutico.

• La dirección de la CEOE prefiere pactos con partidos de la derecha, un gobierno estable, moderado, que ponga en el centro de la política a la empresa, no altere las pautas fiscales con nuevos impuestos y que disminuya el gasto público, aplicando las recetas de siempre y sin preocuparse por nuevas elecciones.

• Un gobierno de coalición, en base a un acuerdo programático que estuviera conformado por el PSOE y Unidas Podemos, podría obtener, sin cordones sanitarios, el apoyo directo o la abstención de fuerzas progresistas que representarían a más de 13 millones de votantes, alrededor de 190 escaños, y estaría en condiciones de implementar las leyes necesarias para la defensa del Sistema Público de Pensiones, con pensiones dignas y actualizadas de acuerdo a la evolución anual del IPC.

• Los sindicatos CCOO y UGT se han decantado por un gobierno de izquierda progresista. “Los números salen por lo que PSOE y Unidos Podemos deben entenderse. “ Un pacto urgente sin dejar pasar los días, sin volver a la casilla de salida, que evite la repetición de elecciones. En ningún momento ambas organizaciones se han opuesto al gobierno de coalición que propugna Unidas Podemos.

• Aunque no es el motivo de este artículo, es posible trasladar el análisis realizado a todos los sectores sociales que requieren urgentemente en su área de actuación, dar un impulso al Estado de Bienestar y superar el nefasto legado de siete años de gobierno del Partido Popular. Por consiguiente, también esos sectores necesitarían del citado gobierno de coalición.