La presidencia del Consejo General del Poder Judicial lleva camino de convertir la institución en un poder autónomo sin control democrático.

Reflexionaba como ejemplo sobre las palabras que Lesmes dirigía en el acto de entrega de despachos en la escuela judicial: “Tendréis la sensación de ser los únicos baluartes del Estado de Derecho”. Este pensamiento forma parte de la construcción corporativamente identitaria en la que el actual presidente realmente está interesado. Todas las demás personas, especialmente quienes ejercen la política, están contaminadas de impulsos impuros. No pueden hablar de Justicia con autoridad. Sólo a quienes lleven toga realmente les ha sido concedido el preciado don de la ecuanimidad, de la equidistancia. La sagrada misión de defender en solitario la democracia, la monarquía, la constitución, y el derecho habéis sido llamados y llamadas, investidas por el poder de una dura oposición.

El deseo tecnocrático de aparecer como alguien que no tenga otra ideología se ha revelado hipócrita en la realidad. El actual presidente del Consejo practica una comunicación selectiva que pasa por alto injerencias graves a determinados jueces y juezas en casos conocidos, para rasgarse las vestiduras con declaraciones de determinados líderes políticos en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de su representación política, esta sí refrendada por la soberanía popular a través del voto.

Hemos perdido de vista algunas cuestiones importantes. En primer lugar, la justicia es un ideal al que aspiramos. En segundo término, es un servicio público, que para ser correctamente prestado requiere del concurso de diversas administraciones públicas y un amplio elenco de colegios profesionales que colaboran en su correcta prestación. En tercer lugar, el poder judicial se encarna en cada uno de los jueces, juezas y tribunales que están ejerciendo su labor jurisdiccional, de manera profesional y encomiable, y que deben poder tomar sus decisiones al margen de toda presión, no sólo política, sino de cualquier índole. Por tanto, la independencia judicial no se encarna en el CGPJ. La propia Ley Orgánica del Poder Judicial dice que “la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional se extiende frente a todos, incluso frente a los propios órganos jurisdiccionales, lo que implica la imposibilidad de que ni los propios Jueces o tribunales corrijan, a no ser con ocasión del recurso que legalmente proceda, la actuación de sus inferiores, quedando igualmente excluida la posibilidad de circulares o instrucciones con carácter general y relativas a la aplicación o interpretación de la ley”.

En cuarto lugar, el Consejo no es un órgano de gobierno, es un órgano gubernativo. Su función debería ser dar servicio y asegurar la correcta prestación de medios, dar cobertura a la labor de las personas que juzgan, sin arrogarse un papel político para el que no tiene legitimidad popular y menos por encima de toda crítica.

No se nos olvide que la Constitución dice que “la justicia emana del pueblo”. Del pueblo. No de Dios, no del Rey, no de la voluntad de tal jueza o ese otro tribunal. Del pueblo. Y eso quiere decir ni más ni menos que su legitimidad viene del ejercicio de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Hemos visto que la Jefatura del Estado se ha identificado con las versiones más conservadoras que pretenden que la entrega del despacho a los jueces y juezas que acaban de salir de la escuela judicial sea una especie de traspaso simbólico de parte del poder real a la potestad de juzgar desde una interpretación anacrónica del ya anacrónico texto constitucional que establece que la justicia se administra “en nombre del Rey”, para dejarnos claro que sin monarca no hay justicia, sólo el caos, la anomia y la indigencia moral.

La actuación del Jefe del Estado, poniendo en duda por acción u omisión el refrendo necesario del Gobierno, ataca el presupuesto de su propia inviolabilidad. Como poco se ha dejado manipular, consciente o inconscientemente, por un Presidente del Consejo que ya hace dos años que practica una política de tierra quemada con cuanta institución se pone a su alcance y es de una torpeza impropia de quien ejerce o pretende ejercer las funciones que la institución le encomienda. O bien quien asesora al Rey y quienes le rodean viven en una burbuja cortesana donde no penetran las opiniones desafectas o bien el monarca ha decidido alinear la defensa de su trono únicamente con las opciones políticas que no son, al menos ideológicamente, republicanas. Ambos son errores graves que afectan a la legitimidad de su función.

Me consta que en todos los partidos políticos hay personas preocupadas por la Justicia, entre ellos juezas, jueces y fiscales, que la entienden como un auténtico servicio público con vocación de construir una sociedad más cohesionada, más ecuánime y en la que los derechos de todas las personas se vean defendidas y fortalecidas. Es a todas estas personas en realidad a las que se dirige este artículo. Porque la lucha ideológica en este momento está entre quienes entendemos que la Justicia tiene vocación de ser un servicio público regido por criterios de legitimidad democrática y transparente en sus decisiones y aquellos quienes lo ven como un poder que se expresa en un lenguaje esotérico inalcanzable para la ciudadanía e inmune a toda crítica pública. Hay una justicia del siglo XXI, una Justicia 2030, pugnando por emerger del siglo XIX. Y merece una oportunidad.