En un artículo anterior, publicado en este medio el pasado 16 de Abril, señalaba que la situación política española actual se caracteriza, más que por la confrontación entre los distintos partidos políticos, por la pulsión entre un ímpetu constituyente, presente en movimientos populares y fuerzas políticas progresistas, no armonizado, por plural y variado, con los oportunos puentes, y la reacción contra-constituyente, tutelada por el establishment y articulada políticamente en el consenso reaccionario formado por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, sus delegados naturales, repito, naturales, trifulcas aparte.

En la política parlamentaria, esta situación se hizo claramente visible tras la moción de censura interpuesta por Pedro Sánchez, en mayo de 2018, contra el Gobierno de Mariano Rajoy, enfangado en la corrupción hasta las cejas. Dicha iniciativa supuso: en primer lugar, la quiebra de la “Gran Coalición” (Partido Popular, Ciudadanos y baronía socio-liberal del PSOE), la operación política orquestada en 2016 por el IBEX y sus analistas mediáticos para defenestrar a Pedro Sánchez de la Secretaría General del PSOE, impedir la conformación de una mayoría progresista en el Congreso de los Diputados y favorecer la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno; y, en segundo lugar, el inicio de una legislatura, truncada a los 8 meses, que dio como resultado un pacto presupuestario PSOE-Unidos Podemos, de marcado acento social, que rompía con las políticas públicas de austeridad impuestas, con el pretexto de la crisis, en la etapa de gobierno del Partido Popular (2011-2018).

La moción de censura, que es el procedimiento constitucional del que dispone la oposición para exigir responsabilidades al Ejecutivo en situaciones de crisis política, fue asociado por la “contra reaccionaria”, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, a un fraude democrático. ¡El mundo al revés! En la concentración ibérico-nacionalista de la plaza de Colón del pasado domingo 2 de Febrero, donde los líderes del “trifachito”, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, se alinearon contra el “enemigo común”, Pedro Sánchez, para reclamar elecciones, la reacción contraconstituyente, no exenta de un delirio paranoide, quedó retratada.

En el Parlamento, fueron el Partido Popular y Ciudadanos los que propiciaron el adelanto de las Elecciones Generales, convocadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para el 28 de abril, al impugnar los Presupuestos Generales del Estado. Ambos partidos justificaron su decisión con el argumento de que los presupuestos habían sido negociados con “los batasunos” de EH Bildu y los “golpistas” catalanes. No parece un argumento creíble si se tiene en cuenta que los soberanistas catalanes terminaron votando en contra. Más bien, la razón real del rechazo apunta al peso otorgado en las cuentas públicas a las políticas sociales y a una más justa redistribución de la riqueza por una mayor progresividad fiscal, algo que en el imaginario de los valedores políticos del establishment económico-financiero se contempla como un atentado a la empresa privada, la grande, claro.

Partido Popular, Ciudadanos y Vox quisieron elecciones anticipadas, pero la jugada no salió. Triunfó el PSOE, que recupera la hegemonía en el espacio político del progresismo, si no hay derivas internas que lo dificulten o neutralicen, y tiene las manos libres para gobernar con comodidad; Unidas Podemos, a quien el PSOE le debe en gran parte este “renacimiento”, perdió, pero conserva una representación aprovechable para influir, dentro o fuera del Gobierno, en la política nacional; Ezquerra Republicana de Cataluña se ha convertido en la primera fuerza en Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco se consolida como la única derecha, una derecha civilizada, en el País Vasco; mientras, en el bando contraconstituyente, el Partido Popular sufrió la mayor debacle de su historia, Ciudadanos creció lo bastante para reclamar una posición de liderazgo en la oposición y Vox se quedó lejos de sus expectativas, aunque con una representación no desdeñable para airear sus fobias en el Parlamento. En resumen, una nueva correlación de fuerzas que, si ningún poder extraparlamentario lo impide, inclina la balanza del lado constituyente.

Es evidente que, en las actuales circunstancias, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene ante sí el reto político de recoger el ímpetu constituyente de los grandes movimientos sociales de la última década (1), imposible de implementar en el actual marco constitucional, que reconoce derechos pero no los garantiza, e impulsar, en alianza con las fuerzas progresistas presentes en el Parlamento y con las organizaciones de la sociedad civil, un nuevo proceso constituyente. Dicho proceso requiere de un cambio profundo en el modelo político que haga avanzar la democracia desde el Estado neoliberal, subordinado al interés privado de los dueños y gestores del capital, al Estado social y democrático, comprometido con el pleno desarrollo de los derechos de ciudadanía, del Estado unitario y recentralizador, dotado de la facultad de intervenir las autonomías, al Estado garantista de los derechos nacionales internos, del Estado autodefinido como aconfesional, que otorga, a costa del erario público, un trato privilegiado a la Iglesia Católica, al Estado laico, basado en la separación Iglesia-Estado y en la libertad de cultos, del Estado coercitivo contra la protesta social y la libertad de expresión, al Estado protector de derechos y libertades, del Estado como “gobierno de los jueces” al Estado de Derecho, basado en la independencia real del poder judicial y, enfin, viniéndonos arriba, del Estado monárquico al republicano.

Es obvio que un programa constituyente de esta envergadura no es tarea para un solo gobierno, ni para una sola legislatura, ni es factible sin un proceso paralelo de confluencias y participación ciudadana. Pero, no estaría de más empezar a caminar en esa dirección, que no perjudica a nadie más que al que, por aguafiestas, se quiera sentir perjudicado. Si no se abren las ventanas, el aire fresco no entra.

El impulso institucional de un proceso constituyente devolvería a la democracia española la capacidad para abordar los grandes problemas y desafíos de futuro a los que se enfrenta el país como parte de un mundo globalizado (desigualdades sociales y de género, cambio climático, devaluación democrática). Ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos, ni de Vox puede esperarse interés alguno en atenderlos, ni mucho menos, en arbitrar alternativas de progreso, en la medida en que ello lleva aparejada, necesariamente, la reducción de prebendas y privilegios de los entramados fácticos de poder a los que sirven (IBEX35, Iglesia Católica, aparatos del Estado), articulados en torno al Estado unitario.

Tampoco ayuda a un avance constituyente la concepción establecida y oficializada del panorama político según la cual la derecha y la izquierda se sitúan en un mismo eje metafórico que otorga al centro-derecha o al centro-izquierda, en abstracto, la virtud de la moderación y la estabilidad. Y es que, en la práctica, en una sociedad con jerarquías asentadas en la distribución desigual del poder y los recursos, el centro político no puede determinarse ni definirse si no es como el comodín imaginario utilizado por las élites privilegiadas para, asociando “su estabilidad” a la del conjunto de la sociedad, marcar las líneas rojas que no deben traspasarse y señalar a quienes ponen en tela de juicio el statu quo como extremistas o radicales. Desde una óptica constituyente, por el contrario, se impone redefinir el centro como el espacio político central, independiente de poderes fácticos y representativo de la cultura progresista, que identifica como problemas reales de la sociedad aquellos que suponen el deterioro, la damnificación o la negación del derecho de la ciudadanía a una vida digna, al bien común y a la democracia plena. En esta línea, no hay nada que impida a una opción política progresista, por su naturaleza reivindicativa de derechos y libertades, ubicarse en esta centralidad.

De todo ello se deduce que el Gobierno de Pedro Sánchez se situará en el centro real si supera el corsé del falso centro que desean las élites contraconstituyentes y apuesta decididamente por una confluencia progresista que cuente con el grupo parlamentario de Unidas Podemos y no excluya a ninguna fuerza nacionalista del País Vasco o Cataluña. Ya es hora, a este respecto, de neutralizar la estrategia de los voceros de la “contra” de demonizar a los demás para ocultar miserias propias y empezar a dar carta de naturaleza democrática a EH Bildu, que ha demostrado por activa y por pasiva su compromiso con la paz y la democracia en el País Vasco, y a los soberanistas catalanes, cuya opción por la independencia fue el resultado de la impugnación en 2010 por el Tribunal Constitucional, a instancias del Partido Popular, del Estatuto de Cataluña de 2006, aprobado por los parlamentos español y catalán y refrendado por el 74% de los votantes de Cataluña en referémdum. ¡Venga ya con tanta farsa!

En conclusión: Estamos ante la oportunidad de dar inicio a una nueva transición articulada en torno a algo tan lógico y simple como el rescate y la profundización del Estado social y democrático de Derecho, invocado pero no garantizado en la propia Constitución española, y, en la práctica, mancillado por años de gobierno neoliberal y recentralizador. En otras palabras, de poner en el centro del consenso político la vida, los cuidados y el Bien Común.

¿Habrá capacidad, Pedro Sánchez?

(1) Véase mi artículo Un ciclo electoral inédito: ¿constituyente o contraconstituyente? En Público, 16 de Abril de 2019