Augusto Zamora R.

Profesor de Relaciones Internacionales

En la VI Conferencia Internacional Americana, celebrada en La Habana, en 1928, cuando se debatía acaloradamente el tema de la no intervención, el delegado de Argentina, Honorio Pueyrredón, apoyando enfáticamente a los países latinoamericanos opuestos al intervencionismo de EEUU, expresó:

La soberanía de los Estados consiste en el derecho absoluto a la entera autonomía interior y a la completa independencia externa. Ese derecho está garantizado en las naciones fuertes por su fuerza, en las débiles por el respeto de las fuertes. Si ese derecho no se consagra y no se practica en forma absoluta, la armonía jurídica internacional no existe. La intervención diplomática o armada permanente o temporaria atenta contra la independencia de los Estados (...).

De fondo, en la conferencia, estaba la lucha del general Augusto C. Sandino contra las tropas yanquis que ocupaban Nicaragua y la injerencia estadounidense en los asuntos internos de México. Latinoamérica hervía de anti-intervencionismo y exigía un tratado que prohibiera esa práctica en las relaciones interamericanas. Se hizo realidad en la VII Conferencia Internacional Americana, celebrada en Montevideo, en 1933. En esa conferencia fue aprobada la Convención Sobre Deberes y Derechos de los Estados que, en su artículo 8, estipulaba: “Ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro”. En la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, realizada en Buenos Aires, en 1936, con España en guerra, fue aprobado un Protocolo Adicional sobre la No Intervención, que en su artículo 1º disponía:

“Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible la intervención de cualquiera de ellas, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos interiores o exteriores de cualquiera otra de las Partes.”

La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), de 1948, recoge el principio en su artículo 19:

“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.”

Es pertinente recordar estos tratados internacionales, así como su antigüedad y orígenes, a propósito de la última crisis entre España y Venezuela. Una crisis surgida a raíz de decisiones políticas asumidas por órganos del Estado español, como son las Cortes; por personalidades relevantes de la política española, como Felipe González, y por partidos de gobierno –PP- o que fueron de gobierno –PSOE- sobre asuntos que son competencia interna del Estado venezolano. El principio de No Intervención -como señaló la Corte Internacional de Justicia, en el Caso de las Actividades Militares y Paramilitares de EEUU en y contra Nicaragua, en 1986- es una norma de Ius Cogens, es decir, de derecho imperativo, que todos los Estados, sin excepción, están obligados a respetar, les guste más, les guste menos o no les guste. El principio de No Intervención es, como sabe cualquier conocedor del tema, principio cardinal de las relaciones interamericanas y uno de los grandes aportes del Derecho Internacional Americano al Derecho Internacional. Pocas actitudes o políticas pueden causar mayor rechazo entre los países latinoamericanos como la violación del principio de No Intervención. Pocas generan un sentimiento de solidaridad tan amplio como el rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos internos o externos de un país americano, “sea cual fuere el motivo”, como dispone el Protocolo de Buenos Aires, para disipar dudas sobre el alcance general del principio de No Intervención.

La invocación de los derechos humanos y la democracia ha sido y sigue siendo una maniobra recurrente para disfrazar políticas injerencistas, casi siempre contra gobiernos de izquierda. Ningún país de Europa o España, organiza campañas por los derechos humanos en Arabia Saudita, Turquía o Egipto, países-gendarme de los intereses de la OTAN en Oriente Medio y Próximo. En Ucrania, el asesinato de políticos y periodistas opositores está a la orden del día, pero nadie, en Europa, condena al gobierno o reclama investigar esos crímenes. En Egipto se están dictando decenas de penas de muerte contra opositores y no pasa nada. Ningún político español se ofrece a defenderlos. Ningún parlamento europeo condena esos asesinatos políticos. Ocurre lo contrario. Al presidente de Egipto se le recibe con todos los honores, haciendo caso omiso de su negro récord en materia de derechos humanos o libertades políticas.

La relación de los partidos PP y PSOE con la oposición venezolana es, cuando menos, intensa. Sólo en las últimas semanas, y según lo que llega a conocimiento público, los contactos han sido fluidos y constantes: 12 de marzo de 2015, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y Rafael Hernando, del PP, tienen sendas reuniones con opositores venezolanos; 23 de marzo, Felipe González anuncia que será abogado de los políticos presos; 15 de abril, el Parlamento español aprueba una declaración, a propuesta del PP y del PSOE, pidiendo la “liberación inmediata” de los políticos presos; 20 de abril, aparece en Madrid un dirigente opositor venezolano, que presenta en las Cortes un libelo acusando al partido Podemos de ser financiado por Venezuela; 22 de abril, Felipe González anuncia que en tres semanas se traslada a Venezuela, es decir, que piensa aterrizar en Caracas –si lo dejan- en plena campaña electoral española de mayo.

En política no existen las coincidencias. Resulta cuando menos sorprendente que, en un año políticamente intenso y decisivo para España, el tema Venezuela haya irrumpido con tanta fuerza en la política nacional. Uno no quisiera ser mal pensado, pero tanta y tan intensa relación asemeja un intercambio de amores y favores. Por una parte, PP y PSOE se apuntan de forma militante a apoyar a las fuerzas antichavistas en Venezuela y, como recompensa por su desvelo, las fuerzas antichavistas viajan a España a proveer a PP y PSOE de munición contra Podemos, el partido que ha roto el duopolio de poder que PP y PSOE disfrutan desde 1978. El opositor venezolano –de cuyo nombre no quiero acordarme- aterrizó en Madrid con un legajo de ¡270 páginas!, según él mismo declaró. Mucho tiempo debió emplear en reunir tal volumen de documentación que, dicho sea de paso, ha cuidado de no hacer pública, dejándola en ‘manos seguras’, para dar tiempo a que la insidia pueda echar raíces. “Calumnia, que algo queda” dijo un sabio. Tal parece ser el fondo y trasfondo del juego abierto por el susodicho político.

Acaba de publicar Umberto Eco su última novela, Número Cero. Trata de un editor que inventa un periódico que nunca verá la luz, pero el anuncio de su aparición le permite chantajear a enemigos y acorralar a contrincantes. “Tenía en mi mente –comenta Eco- a un personaje de la historia de Italia, Pecorelli, un señor que hacía una especie de boletín de agencia que jamás terminaba en los quioscos. Pero sus noticias… se transformaban en chantaje”. “Para deslegitimar al adversario basta con difundir sospechas”, seguía comentando Umberto Eco. Resulta inevitable no pensar en el político venezolano y sus 270 folios cuando se leen la novela y las declaraciones del escritor italiano.

En cuanto a la gratuita crisis abierta con Venezuela, no queda más que lamentar que España sea incapaz de articular una política coherente, respetuosa e inteligente hacia los países latinoamericanos. En sus vaivenes sin sentido, ayer era con Cuba, y vale recordar la IX Cumbre Iberoamericana en La Habana, que casi termina en ruptura de relaciones, por las presiones del presidente Aznar, de convertir la Cumbre en una apología del anticastrismo. Cuando el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002, el embajador español en Caracas fue el único, junto con el de EEUU, en visitar y saludar al presidente espurio mientras en Madrid destacados miembros del PSOE apoyaban el golpe militar, calificando de golpista al propio Chávez. Gobierno y PSOE quedaron en situación de pasmo cuando, dos días más tarde, Chávez retomó el mando y los golpistas fueron detenidos o huyeron al extranjero. En 2006, la Embajada de España en Managua sirvió de sede a las reuniones de la derecha nativa, para impedir un triunfo electoral sandinista. En julio de 2013 fue el episodio insultante de la detención del avión presidencial boliviano, con Evo Morales a bordo, en el que España jugó un triste papel. Con Venezuela han sido cíclicas las crisis, hasta llegar a la presente.

Ningún país está obligado a mantener relaciones diplomáticos con otro pero, si decide establecer esas relaciones, debe sujetarse al marco normativo del Derecho Internacional. Ese marco ha sido establecido democráticamente por la comunidad internacional y lo ha aceptado España. Lo que carece de sentido es pretender relaciones ‘privilegiadas’ con Latinoamérica al tiempo que se violan reglas cardinales como la No Intervención o se asume como conducta violentar la dignidad soberana de un Estado.

Decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta regla es básica en las relaciones internacionales, aunque por estos lares parece tener poca prédica. Confundir las propias opciones políticas con lo que debe ser una política de Estado es un grave error. Usar al gobierno de un tercer país para influir en la política nacional lesionando a ese país, es un error todavía más grave. Usar los medios públicos de comunicación para atacar a un gobierno y, de paso, a un partido político rival, es ultraje. Política será, pero no de Estado. De estos polvos salen los lodos que dejan la imagen de España en la cuneta. Pasa luego que iniciativas loables como las cumbres iberoamericanas se convierten en foros devaluados o que, al final del cuento, nadie, en Latinoamérica, termine tomando en serio a España, al considerarla vicaria de EEUU Hablando de políticas de Estado, mientras Felipe González prepara su teatro en Venezuela, el presidente de Francia, François Hollande, hará una visita oficial a Cuba, el 11 de mayo. En julio de 1979, François Miterrand invitó a Daniel Ortega a visitar Francia. Alguien, aquí, debería tomar apuntes sobre lo que es política en pequeño y política con sentido de Estado. España necesita urgentemente una política latinoamericana, pero política, con MAYÚSCULA. Y respecto a tonos y adjetivos, recordemos en viejo proverbio de que quien dice lo que no debe, escucha lo que no quiere.