Juana Rivas se fugó con sus hijos para ponerlos a salvo de su padre, un hombre condenado por violencia de género, que, sin ninguna prueba objetiva de cambio, apareció a los ojos de la justicia como un buen padre. Y fue duramente castigada.

El Tribunal Supremo confirmó su condena por lesionar dos bienes jurídicos: el derecho de custodia del padre y “la paz en las relaciones familiares”. Si la relación era o no beneficiosa para los niños, o incluso violenta, es una cuestión que se descartó sin la suficiente investigación, y sin escuchar a los niños con todas las garantías. El derecho del padre a relacionarse con ellos fue tratado como un derecho absoluto y la defensa de la “paz familiar” colocada por encima de la protección de quienes conforman la familia. Recientemente, tanto los órganos juzgadores como la Fiscalía han impulsado la revocación del tercer grado penitenciario, y Juana vuelve a ingresar en prisión. Es un aviso para (madres) navegantes.

A menudo se ha escrito que, si bien el objetivo de Juana era loable - no se duda de que quería proteger a sus hijos -, se equivocó en los medios utilizados, y, con ello, empeoró su situación hasta llegar a la cárcel e imposibilitar el ejercicio de la patria potestad.

He conocido a muchas Juanas. Algunas litigaron durante años para lograr la protección de sus hijos e hijas y, cuando la impunidad estaba servida, hicieron lo que quizá muchas madres haríamos: utilizar hasta el último recurso, incluso la fuga, para ponerlos a salvo de la violencia.

Considero que nada hemos de juzgar en abstracto. Porque la justicia se imparte en una realidad concreta, plagada de profundas discriminaciones y obstáculos, que lastran las vidas de miles de mujeres, niñas y niños frente a la violencia machista. Es más, sólo tomando en consideración las relaciones de poder que atraviesan todos los ámbitos de nuestra sociedad, especialmente el ámbito familiar, la justicia podrá garantizar los derechos de las víctimas de violencia. Por el contrario, una justicia “neutra”, como la aplicada en este caso y en tantos otros, produce decisiones sesgadas y contribuye, con ellas, a la impunidad de los agresores y a la revictimización de quienes la sufren. Si se parte de la ficción de que hay igualdad y no hay violencia, de espaldas a la realidad que es otra, el resultado no es sólo una mujer presa por tratar de proteger a sus hijos, sino unos niños desprotegidos, a pesar del marco normativo que les ampara.

En el mes de junio se aprobaron dos normas importantes para la protección de la infancia (la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y la Ley de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica), que incluyen medidas para garantizar el derecho de las niñas y los niños a ser escuchados, la prohibición del llamado Síndrome de Alienación Parental y su protección específica en casos de violencia de género. Estas normas se suman a otras anteriores, como el Convenio de Estambul, que conforman un edificio jurídico cada vez más sólido para la protección de los derechos humanos de los niños y las niñas frente a la violencia de sus propios padres, y consolidan la máxima de que la patria potestad y la custodia no son derechos absolutos, y solo deben ejercerse en beneficio de los hijos e hijas. Sin embargo, la puerta de este edificio sólo se abre con las decisiones judiciales y la importante actividad de la Fiscalía, que debería ser motor de cambio y, a menudo, no lo es.

Siete años después de que nuestro país recibiera una condena de la ONU por la desprotección que precedió al asesinato de la hija de Ángela González Carreño, muchas niñas y niños viven situaciones cotidianas de desprotección frente a la violencia de sus padres. Y hoy nos faltan Nerea, Martina, Ana, Olivia y treinta niñas y niños más, asesinados en el marco de la violencia de género desde 2014.

Resulta urgente señalar la responsabilidad de quien tiene la llave para que el derecho de los niños y las niñas a una vida sin violencia pase del papel a la realidad. No es la madre, sino el sistema judicial, el que debería proteger a los hijos de Juana.