La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que absuelve a los miembros de La Manada de violación, tipificando el acto delictivo como un abuso sexual, constituye un indulto repugnante revelador de la íntima relación entre patriarcado e (in)justicia. Varias de las injusticias contra las que luchan las mujeres se derivan de un patriarcalismo que permea el sistema jurídico, directamente implicado en la reproducción de la dominación masculina y la cultura patriarcal. ¿No es violación que cinco hombres penetren forzadamente a una joven? ¿Qué tipo de mentalidad es la de un juez que solo aprecia en el vídeo de la agresión "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo"? Se trata de una sentencia propia de una justicia miope más preocupada por las reacciones de la víctima ("ni dolor ni asco, era excitación sexual") que por la conducta de los agresores.

La justicia en general y la justicia de género en particular se hallan de nuevo en entredicho en España, una justicia que no ve probada la violencia que requiere la violación, pero que sí ve probada la violencia en la organización de un referéndum pacífico. Lo grave es que no estamos ante un hecho aislado, como ponen de manifiesto otros casos recientes que destilan patriarcalismo jurídico. Me referiré a dos. El primero es el caso de las feministas encausadas de Palma, condenadas a un año de cárcel por interrumpir en 2014 con una protesta pacífica una liturgia religiosa celebrada en la parroquia de Sant Miquel. La movilización se enmarcaba en un acto de protesta contra la reforma de la ley del aborto que preparaba el por entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Las activistas protestaban por la influencia que la Iglesia católica tuvo en la reforma Gallardón. En 2016, la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma las consideró autoras de un delito penal contra la libertad religiosa. Ese mismo año, el Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid condenaba a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, a una multa 4.320 euros por un delito contra los sentimientos religiosos por una protesta en 2011 en la capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid, del que posteriormente fue absuelta.

El segundo caso es el de la apertura de juicio oral a la activista feminista Nina Parrón, Consejera de Igualdad del Consell Insular de Mallorca. Parrón se enfrenta a un supuesto delito de injurias y calumnias con publicidad contra Jorge Skibinsky, presidente de la Asociación de Padres de Familias Separados de Baleares, quien, en una carta publicada en julio de 2016 en un rotativo local, negaba que el asesinato de Xue Sandra por parte de su expareja fuera una “acción machista”, sino que se trataba de un “crimen pasional” motivado por la “incapacidad del agresor de aceptar que su pareja iba a dejarle”. Parrón denunció el caso ante la Fiscalía, que archivó la denuncia. A su salida declaró ante los medios de comunicación que las palabras de Skibinsky podían ser constitutivas de un posible delito de apología de la violencia machista. Skibinsky interpuso una querella criminal contra Parrón por calumnias e injurias con publicidad, alegando que las declaraciones habían generado un “clima de tensión” y una “animadversión injusta” contra él. El Juzgado de Instrucción número 8 de Palma impuso recientemente a Parrón una fianza civil de 30.000 euros a la espera de que se celebre el juicio oral. ¿Cómo es posible que quien defiende desde las instituciones públicas los derechos de las mujeres pueda llegar a ser condenada a raíz de una querella de quien reduce un problema estructural como la violencia de género a un episodio de obsesión y enajenación personal? El caso de Nina Parrón recuerda a la justicia invertida de la que habla Lewis Carroll en Alicia a través del espejo, que primero sentencia y después juzga.

Ambos casos tienen un denominador común: la denuncia de alguna forma de violencia contra las mujeres, pero también ambos presentan contenidos perturbadores para la libertad de expresión, en estado crítico en España tras sentencias como las de Valtonyc, César Strawberry, Cassandra Vera, el caso de los titiriteros, el secuestro del libro Fariña sobre el narcotráfico gallego y la retirada de la obra “Presos políticos” de Arco. El caso de Parrón es un suma y sigue: representa una mordaza del patriarcado que limita la libertad de expresión, a la par que un aviso para que las feministas anden con pies de plomo y abanderen sus convicciones de forma silenciosa.

Sin embargo, conviene situar el retroceso actual de la libertad de expresión en España en el contexto más amplio de la escalada represiva diseñada para silenciar los movimientos sociales, sobre todo a raíz de las movilizaciones que surgieron del 15M, cuya respuesta institucional fue la aprobación de Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza) por el Gobierno de Rajoy en 2015. Las políticas de austeridad que la Unión Europea y el Gobierno español adoptaron en respuesta a la crisis forman parte de una misma estrategia neoliberal y conservadora que criminaliza el activismo social y limita la libertad de expresión. Se trata de una estrategia que combina austeridad y represión para garantizar los beneficios del capital financiero mediante las crisis que genera.

En este contexto, urge reformular la pregunta de “¿puede el derecho ser emancipador”? que se hacía Boaventura de Sousa de este modo: ¿puede el sistema de justicia ser un instrumento de lucha emancipadora de las mujeres?, ¿puede el derecho dejar de ser un producto de la cultura machista y sexista hegemónica al servicio de la dominación patriarcal que trata a las mujeres como el “segundo sexo”, según la conocida expresión de Simone de Beauvoir? Cabe cuestionar de raíz la teoría jurídica, poniendo en tela de juicio los presupuestos e intereses que asume, así como poner en jaque el modo en el que el derecho se aplica, todavía por medio de instituciones que, aunque contemplen las demandas de las mujeres, siguen estando moldeadas por la ideología patriarcal. Necesitamos un derecho articulado con los conocimientos y los movimientos feministas: ¿por qué en las Facultades de Derecho de las universidades públicas no hay asignaturas de jurisprudencia feminista y sí de Derecho eclesiástico del Estado? Un derecho con más acciones de sensibilización, formación y sobre todo de movilización de los juristas comprometidos con el cambio social progresista.

Los platos en equilibrio de la balanza de Temis, la diosa de la justicia en la mitología griega, indican que no hay diferencias entre las personas cuando se juzgan sus aciertos y errores. Desgraciadamente, los hijos del patriarcado han desequilibrado una vez más los platos de la justicia a su favor.