Imaginemos que la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, con el apoyo o la abstención de Junts per Catalunya y Puigdemont exiliado en Bélgica, se produce en octubre de 2023. Habrían pasado seis años desde que Felipe VI emitiese un discurso contra el soberanismo catalán, que arengaba de facto el “a por ellos” en el interior de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, su voxificación, volcaba la derecha hacia la ultraderecha españolista, y lo más determinante, daba alas a las altas cimas de la judicatura española, sitas en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, para emprender operaciones jurídicas que condujesen a procesar a los líderes catalanes del procés.

Aquel discurso real fue un alineamiento de la corona con las posiciones de confrontación más reaccionarias, las que no reconocen la diversidad de los pueblos de España ni la plurinacionalidad declarada en la constitución del 1978. Ese día el rey tomó partido y abrió la puerta de las instituciones a Vox. Las cadenas que mantenían a los dóbérmanes campeando fueron rotas el 3 de octubre de 2017 desde el palacio real. Luego vinieron las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, con un PSOE andaluz agotado ante su electorado por haber sido fiel ejecutor de los recortes del Partido Popular durante dos legislaturas, incluida la que gobernó en coalición con Izquierda Unida, y alineado con las posiciones anticatalanistas del gobierno de España, Vox hizo acto de presencia por primera vez en el parlamento andaluz.

Tras la dura represión en Catalunya el 1 de octubre de 2017, día del referéndum alegal, con imágenes de la policía apaleando a personas que iban pacíficamente a votar que dieron la vuelta al mundo, el PSOE, dirigido ya por Pedro Sánchez tras ganarle las primarias internas a Susana Díaz, anunció la presentación en el Congreso de una declaración de reprobación de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy, encargada de dirigir la operación de bloqueo de la consulta popular convocada por el gobierno de Junts pel Sí (Convergencia más ERC). La intención de reprobar a la vicepresidenta se apartó de la agenda una vez que el rey interviene televisivamente a las 21:00 horas de la noche del 3 de octubre de 2017. A partir de ese momento, las fuerzas del régimen construido con forma monárquica para preservar los estatus de poder herederos del franquismo debieron llamar al orden a Sánchez, éste se alía con el PP para la aplicación del artículo 155 a la autonomía catalana y la consiguiente persecución política de los líderes independentistas. La reprobación de Soraya cae en el olvido.

Llegará el otoño tras unas elecciones generales que ha perdido Felipe VI. Las ha perdido porque no dispone de mayoría en el congreso para enfrentarse a la suma de las representaciones de la España democrática progresista, plurinacional, feminista y de izquierdas. Ojalá las representaciones en el Congreso de la izquierda y la España plurinacional estén a la altura del momento. Ojalá Sumar mantenga posiciones de profundización democrática no subalternas del PSOE. Ojalá el PSOE, al contrario que en otoño de 2017, se aparte de quienes consideran que Madrid es España y lo demás territorios coloniales. Hay empresariado en Catalunya que está mandando, a través de La Vanguardia, el mensaje de Puigdemont de que el pacto de investidura con Pedro Sánchez debe ser aprobado por el rey, la alta judicatura y los poderes económicos madrileñizados. No sé yo si esa condición es verdadera y, de serlo, si existiera la inteligencia para para llevarla a cabo rectificando el discurso del 3 de octubre.