Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

Cuando el Gobierno Zapatero afirmaba que tenía que llevar a cabo las políticas de reducción de derechos laborales (como debilitar los convenios colectivos) y sociales (como alargar la edad de jubilación, congelar las pensiones o recortar el gasto público social) como consecuencia de la presión de los mercados financieros, estaba, en realidad, intentando externalizar la responsabilidad de desarrollar unas políticas altamente impopulares. Algo semejante ocurrirá ahora con el Gobierno Rajoy. En ambos casos, los ejecutivos nos dicen que no son ellos sino los de fuera, es decir, los mercados, los que mandan mientras que los gobiernos no tienen otra alternativa que desarrollar tales políticas.

Con la ayuda de los mayores medios de información y persuasión del país, los gobiernos intentan presentar tales políticas como determinadas por fuerzas exteriores sobre las cuales tienen poquísima capacidad de influencia. El gran argumento, que justifica tales políticas, es que son necesarias para “dar confianza a tales agentes externos: los mercados financieros”. En otras palabras, hay que reducir el déficit y la deuda pública, y hay que reducir los salarios y debilitar a los sindicatos a fin de calmar a los mercados para que estos presten su dinero al Estado español, permitiéndole con ello poder pagar sus gastos. El problema con este esquema político-intelectual es que cada uno de los postulados sobre los que se basa es erróneo, es decir, los datos empíricos no lo sustentan. Veámoslos.

En primer lugar, no son los mercados financieros, sino principalmente los bancos, las compañías de seguros y los fondos especulativos españoles (el eje de lo que se llamaba antes la burguesía financiera, término abandonado en el lenguaje político-mediático actual por considerarlo “anticuado”) los que poseen casi la mitad de la deuda pública española. La mayoría de la otra mitad la poseen bancos, compañías de seguros y fondos especulativos europeos, gran número de ellos relacionados con los mismos fondos españoles. Sólo una mínima parte la poseen entidades financieras extranjeras (es decir, de fuera de la Unión Europea).

Los “mercados financieros” son, pues, básicamente nuestras instituciones financieras (españolas y europeas). Utilizo el término “nuestras” para indicar su identificación político territorial, pues de nuestros –en el sentido de posesión por parte de la mayoría de la población– tienen poco. Están controlados por un número pequeñísimo de personas (los gerentes, gobernadores y accionistas), menos del 0,1% de la población, que se benefician enormemente de que el Estado español tenga que pagar hasta un 7% de interés para conseguir dinero prestado de los bancos a los cuales el Estado debe pagar, dinero que procede de los recortes de gasto público en pensiones, sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, entre otros. Las clases populares de España, que son las más afectadas por estos recortes, tienen que apretarse el cinturón para que el Estado pueda pagar a nuestra burguesía financiera, a la cual, por cierto, nuestro Estado ha ido reduciendo sus impuestos y ayudándola, prestándoles millones y millones de euros para que no colapsaran el sistema financiero como resultado de sus prácticas especulativas (y muy en particular en el sector inmobiliario) al estallar la burbuja del ladrillo que ellos crearon.

Pero, por si no fuera poco, tal burguesía financiera, tanto española como europea, ha recibido una enorme cantidad de dinero del Banco Central Europeo (BCE), que es una institución pública (sus dirigentes son nombrados por los estados de la Eurozona, incluido el Gobierno español), que está en la práctica controlado por nuestras (españolas y europeas) instituciones financieras. El BCE imprime millones y millones de euros y los da (bueno, dar, dar, es un decir, aunque los intereses son ridículamente bajos) a los bancos, los cuales, con este dinero, especulan y compran deuda pública a unos intereses desorbitados.

El segundo supuesto erróneo es asumir que no hay otra alternativa a la dependencia que los estados tienen de la banca privada. Ello no es cierto. El Estado puede generar recursos a base de, por ejemplo, incrementar, en lugar de bajar, los impuestos a la banca, a las rentas del capital y a las rentas superiores. Y el BCE, en lugar de dar dinero a la banca, se lo podría dar a los estados para comprar su deuda pública a los mismos intereses que se los da a la banca. Pero no lo hace, con lo cual el Estado tiene que pedir prestado a la banca. Un círculo virtuoso para la banca y desastroso para los estados. Pero las cosas han empeorado todavía más porque cuando por fin el BCE ha comenzado a enviar dinero a los estados comprando su deuda pública, el BCE (que es el lobby de la banca) ha impuesto unas condiciones draconianas, que se resumen en un ataque frontal a las clases populares y a su Estado del bienestar.

No son, pues, los mercados financieros, sino nuestra burguesía financiera, aliada con la burguesía financiera europea, quien está controlando nuestras instituciones públicas, las mismas que nos dicen que no hay alternativas. Y para el máximo abuso, nuestros representantes políticos en su última reunión en Bruselas, quieren ahora asegurar a los bancos (para darles, incluso, más confianza) que estos nunca, repito, nunca, perderán dinero. Es decir, que los estados les deberán pagar siempre el dinero que supuestamente les deben. Y todo ello se presenta con el argumento de que no hay alternativas.

Pero sí que hay alternativas. Los estados pueden controlar a los bancos, en lugar de ser al revés, estableciendo, por ejemplo, bancos públicos. Y pueden cambiar al BCE poniéndolo al servicio de la población y de la economía productiva, y no al servicio de la banca. Que no lo hagan se debe, no al poder de los mercados, sino a la excesiva influencia política y mediática de nuestras burguesías financieras.