En los últimos meses los centros de menores han estado en el ojo del huracán debido a la información que se dio a conocer sobre las niñas tuteladas víctimas de trata en Madrid. Una realidad que se extiende a varias comunidades autónomas y que forma parte de otra violencia institucionalizada: las quitas de custodia por parte de la administración pública.

Cuando se habla de este tema, el sentido común dice que algún motivo de peso debe existir para que se arranque a un menor de su familia, separándolo de un día para otro de todos sus lazos afectivos y emocionales. La mayoría se imaginará a niñas y niños rescatados de alguna situación de maltrato físico, sexual o psicológico.

Sin embargo, este razonamiento que parece tan obvio no siempre acierta. De acuerdo al Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia, publicado el año pasado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de los 49.171 casos de quitas de custodia que se ejecutaron en 2020, el 64% corresponde a una decisión administrativa de servicios sociales bajo el argumento de “desamparo” del menor. Y aquí es donde se sitúa uno de los grandes problemas en esta materia, ya que bajo el concepto de desamparo se incluyen cuestiones como ser hijo de padres sin papeles, formar parte de un núcleo monoparental con dificultades económicas, que los padres estén en el paro, que una madre dé a sus hijos bollos para cenar, o que el menor sea hijo/a de una mujer víctima de violencia de género.

Además, por increíble que parezca, si un padre o una madre se acerca a servicios sociales a pedir ayuda, corre el riesgo de que, a partir de este mismo hecho, se active una investigación que puede derivar en una quita de custodia.

Es decir, que motivos que obedecen a desigualdades racistas, clasistas y patriarcales, en lugar de subsanarse mediante cambios legislativos y planes de ayudas estatales y autonómicas, están derivando en una violencia más dolorosa todavía, como es la separación forzada de una familia, cuyas consecuencias pueden tener resultados dramáticos.

No olvidamos el caso de Jesús Ánder, el menor de 9 años de origen colombiano que a mediados de 2020 fallecía en la UCI del Hospital de Navarra producto de lesiones auto provocadas en un piso de menores de Tudela. En octubre de 2019, la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas había quitado la custodia del niño a su abuela argumentando precisamente el desamparo del menor.

De nada sirvió que Jesús -cuya madre había sido deportada a Colombia cuando él tenía seis meses, y su padre cuando tenía dos años- pidiera en innumerables ocasiones volver con su familia, y que incluso un día, en su desesperación, se escapase del centro de menores de Tudela hasta una estación de autobuses con la intención de volver a la casa familiar. Nunca prestaron atención a sus peticiones. Aquel día, personal de servicios sociales lo trasladó nuevamente al centro de menores, desde donde saldría moribundo poco tiempo después.

Una maquinaria perversa

El caso de Jesús Ánder, que por su dramatismo debería haber bastado para provocar un replanteamiento de todo el sistema de protección de menores, se suma a una larga lista de denuncias que durante años llevan realizando entidades públicas y privadas, así como asociaciones y colectivos de madres migrantes, respecto a la violencia que ejerce el estado español a través de quitas de custodia injustificadas y arbitrarias.

Ya en 2018 la Asociación para la defensa del menor, APRODEME, junto a la Fundación Raíces y Derechos y Adenicat, presentaron ante la Fiscalía General del Estado una denuncia colectiva en la que cuestionaban el procedimiento de quitas de custodia por estar basado en las opiniones subjetivas de los/as técnico/as de menores, que muchas veces se sustentan en denuncias anónimas o en simples sospechas. También denunciaban el hecho de que la mayoría de las familias afectadas no tiene constancia de que se les está investigando. Un día cualquiera los citan para una entrevista con servicios sociales y, en ese mismo instante, sin aviso previo, se llevan al menor.

Lo peor es que la Administración actúa como juez y parte. El sistema de protección de la infancia y la adolescencia en España es competencia de las comunidades autónomas, quienes realizan su labor en esta materia a través de sus servicios sociales y las distintas agencias de protección al menor (EEIIA en Valencia, la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad en Madrid, la DGAIA en Barcelona, etc.) De ellas depende la decisión de quitar una custodia, que se realiza por vía administrativa mediante un informe de servicios sociales, y de ella también depende en la mayoría de los casos devolver o no esa custodia a los padres.

Cuando se ha ejecutado la retirada de un menor, a la familia se le dice que la medida es temporal, y que tendrán al niño/a de vuelta en casa cuando hayan subsanado los motivos que provocaron su retirada, para lo cual plantean a la familia un Plan de Trabajo que puede incluir, entre otras cosas, conseguir un empleo, abandonar una vivienda ocupada o acudir al psicólogo, como si estas fueran cuestiones fácilmente subsanables para personas en situación de vulnerabilidad.

También se les informa que, si quieren recurrir la media, tienen dos opciones: la vía administrativa, y esto quiere decir que los mismos que han quitado la custodia serán los encargados de decidir si la restituyen o no, o la interposición de una denuncia en un juzgado. En este segundo caso, la familia tendrá que reunir documentos, pruebas, contratar un abogado y gastar cientos de euros en un juicio que puede tardar meses en producirse. Y aunque cada vez hay más jueces que están dando la razón a madres y padres, lo cierto es que recurrir por cualquiera de las dos vías normalmente deriva en un periplo interminable de juzgados, psicólogos y trabajadores sociales.

Todo el sistema está impregnado de incongruencias violentas y crueles. Por ejemplo, si la retirada del niño se debe a la insolvencia económica de los padres, lo lógico sería que la Administración ofreciese algún tipo de ayuda a esa familia con el fin de no separarla, sin embargo, se opta por financiar a familias de acogida (que en algunas comunidades alcanza los 500 euros mensuales por menor), antes que ayudar a la propia familia afectada.

También se abusa de argumentos antojadizos y sin peso para mantener una quita de custodia. En una columna publicada en el Correo de Burgos, el doctor en psicología clínica legal y forense, Fernando Pérez del Río, que ha realizado informes psicosociales a padres a los que se les ha retirado la custodia de sus hijos, cuestiona los argumentos repetitivos que se utilizan en las sentencias, tales como “falta de habilidades parentales”, “falta de asertividad”, “poco apoyo familiar”, y afirma que él mismo y la mayoría de sus amistades podrían cumplir estos requisitos.

¿Protección al menor o negocio?

Una de las cosas que llama la atención es que parece más importante mantener la maquinaria de las quitas de custodia que terminar con la angustia, el dolor y el impacto emocional que esta medida está provocando en niños/as, adolescentes y sus familias.

Las pruebas en contra del sistema de protección al menor en España son abrumadoras. Niñas víctimas de trata, menores que se autolesionan, muertes como la ocurrida en 2019 con Iliass Tahiri en Almería, saturación de los centros, malos tratos, etc. Sin embargo, ahí continúan.

Las dudas que esto genera son innumerables. Y es imposible no preguntarse si es que estamos ante un aparato que solo produce beneficios económicos mientras existan quitas de custodia de por medio.

Los centros de menores son de titularidad pública porque dependen de cada comunidad autónoma, pero, salvo algunas excepciones, su gestión suele ser privada. Y ya se han conocido casos de irregularidades y contratos millonarios en servicios sociales de los que dependen estos centros, como pasó con el Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Mientras la maquinaria de quitas de custodia sigue en funcionamiento, familias con dificultades económicas y mujeres migrantes se organizan ante esta injusticia. En Barcelona, la Asociación La Voz lleva semanas manifestándose frente a la DGAIA, una de las agencias de protección al menor más cuestionadas en esta materia, y que ha recibido críticas por parte de organizaciones como Save the Children.

Tal como denuncian activistas y madres racializadas -Daniela Ortiz y Linda Porn, entre otras- las quitas de custodia obedecen a criterios racistas, clasistas y patriarcales, están penalizando la condición migrante, la pobreza y la exclusión social de miles de familias y mujeres, y condenado a niños/as y adolescentes a daños psicológicos irreparables.

¿Qué más tiene que ocurrir para que se decida hacer algo al respecto?