Esteban García-Albea Ristol

Jefe de Neurología del Hospital Príncipe de Asturias y profesor de la Universidad de Alcalá

Ilustración por Iker Ayestaran

De forma recurrente –García Vargas (PSOE,1986), Celia Villalobos (PP, 1996), Maragall (PSC, 2004)–, y en relación directa con situaciones de precariedad económica, se anuncia como inevitable la implantación en los centros sanitarios de las “tasas disuasorias” o el “copago”. De nuevo emerge, y con los mismos argumentos, el debate sobre la necesidad de que el paciente aporte una cantidad adicional a lo que ya costea con sus impuestos para pagar parte de los servicios recibidos. En este debate se han multiplicado los artículos y editoriales a favor del copago, pero han sido escasas las propuestas en contra. Los partidarios del copago enfatizan en dos argumentos: el ciudadano abusa del sistema con patología banal (disuadámoslo, esto disminuirá la demanda y en consecuencia los costes, etc.) y el sistema es inviable, por lo que el paciente debe participar en los costes, evocando la medicina privada, ya que es el beneficiario del servicio recibido.

Recogiendo la invitación a participar en la discusión adelanto que, a mi entender, y con la autoridad que me dan 40 años de práctica clínica hospitalaria y experiencia en cargos directivos, la medida del copago me parece temeraria, injusta y poco realista. La implantación del copago es temeraria. En efecto, dicha iniciativa delegaría en el enfermo la interpretación de su síntoma y la valoración de la banalidad o no del mismo que, a fin de cuentas, decidiría la consulta o no de un profesional.

A este respecto es útil recordar algunos ejemplos empíricos. El infarto de miocardio (la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte en nuestro país) se precede con mucha frecuencia de diversos síntomas que fueron interpretados banalmente por el enfermo y no se beneficiaron de una evaluación especializada. El hecho de que gran parte de las molestias precordiales no correspondan a una enfermedad coronaria no debe suponer una limitación para el numeroso subgrupo de pacientes en que el síntoma banal oculta un padecimiento grave.

O la jaqueca, otra enfermedad prevalente (14,2% de la población). Pues bien, las encuestas de población demuestran que sólo la mitad de los jaquecosos han consultado a un profesional por sus molestias, lo que hubiera supuesto beneficios para el alivio de sus dolores, evitado el costoso e insano abuso de medicación, y permitido el diagnóstico precoz, afortunadamente infrecuente, de patología grave subyacente al dolor de cabeza. Como vemos habría que introducir alguna vez fórmulas persuasorias.

El enfermo tiene perfecto derecho a equivocarse, pues desconoce la trascendencia de sus síntomas, pero un sistema público de salud debe evitar que un paciente con patología grave no disponga de todo el arsenal clínico que precise y al que tiene derecho, sólo porque sus dolencias son poco expresivas o porque una tasa le disuada de entrar en el sistema. Este análisis no pretende la medicalización del ciudadano, sino exponer los riesgos de esa disuasión.

La implantación del copago es injusta. La medida culpa a los pacientes de su situación patológica. Los contribuyentes más abatidos en su calidad de vida por una enfermedad recurrente banal o por una enfermedad crónica que exige consumo sanitario deberán copagar su infortunio como castigo a su dolencia. Ante este carácter de penalización que se desprende del argumentario a favor del copago, sería oportuno recordar una declaración de los grupos de base franceses que resaltan el carácter democrático de los objetivos sanitarios (incluso en enfermedades en que el paciente es culpable): “… También queremos buenos hospitales para que nos curen las borracheras”.

Y, lo que es peor, se culpabiliza al paciente de la insuficiencia en la atención. La sanidad no sería buena porque acuden demasiados enfermos a los centros, soslayándose de esta manera las causas principales como la deficiente gestión, la pasividad ante las exigencias de la industria farmacéutica o los presupuestos escasos (estamos muy por debajo de la media europea en inversión sanitaria). Con la compulsiva necesidad de reformas provocadas por la crisis económica se están introduciendo casi sin oposición muchas medidas injustas.

El adelanto de que los grupos más desfavorecidos no precisarán copago más parece un intento de lavar la mala conciencia, así como la generación de grupos más favorecidos y menos favorecidos, retrotrayendo la asistencia a los obsoletos tiempos de la beneficiencia.

La implantación del copago no es realista. Aunque de menor entidad que los razonamientos previos, conviene conocer, por ejemplo, las urgencias de los grandes hospitales y saber la dificultad de exigir la tasa a priori (¿se negaría la asistencia?) o a posteriori (¿se llegaría al embargo en caso de impago?), lo que exigiría una infraestructura administrativa de coste mayor de lo que se espera recaudar (que sería, por cierto, una cantidad relativamente exigua).

En definitiva, el anunciado copago es temerario, injusto y poco realista. Existen demasiados elementos disuasorios en la medicina pública actual (listas de espera, etc.) como para añadirle uno más al ciudadano.