MANUELA CARMENA

El pasado 2 de diciembre, colegas y amigos me organizaron una fiesta de despedida con motivo de mi jubilación. Los jueces y magistrados en España se jubilan a los 70, y pueden permanecer como eméritos hasta los 75. Sin embargo, por muy variadas razones, yo me he jubilado con 66, y tengo el propósito, entre otros, de poner en marcha un blog para colaborar en la reinvención de la justicia. Casi al final de la velada, Lourdes, una inteligente magistrada de lo civil, me dijo: “Nos das miedo, Manuela, ¿qué diablos es eso de reinventar la justicia?”.

Lo explico. Desde la promulgación de la Constitución de 1978, la sociedad española ha proclamado una y otra vez la necesidad de reformar y modernizar la justicia. Los distintos gobiernos han promovido diferentes reformas y aprobado inversiones, y muchos jueces, secretarios funcionarios, abogados y otros intervinientes en la justicia hemos derrochado imaginación y esfuerzos para mejorarla. Gran parte de los que estábamos reunidos la otra noche fuimos protagonistas en los años ochenta de un congreso con el sugerente título de

La justicia tiene solución.

Sin embargo, la opinión que tienen los ciudadanos respecto a la justicia no mejora. Según las últimas encuestas del CIS, sólo un 0,9% de los españoles considera que la Administración de Justicia funciona satisfactoriamente. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Es que en estos 30 años de democracia no hemos logrado mejorar en nada la justicia? No. No creo que esto sea así. Ha habido muy importantes cambios en la Administración de Justicia que, sin duda, la han mejorado. Fue decisiva la desaparición, a lo largo de los ochenta, de todo tipo de mercadeo ycorruptelas arraigadas desde tiempo inmemorial. También fue decisiva la creación de servicios comunes de comunicación y actos de ejecución, la implantación de un proceso civil oral a partir de 2001, y la práctica, ahora casi general, de grabar en soporte audiovisual los juicios. Pero, a pesar de estas mejoras objetivas, la justicia no ha logrado ser el instrumento que precisa nuestra sociedad para resolver los conflictos que generan los deberes y derechos que a todos nos obligan.

El término reinvención, no aceptado aún por la Real Academia Española y mera traducción del inglés, significa la necesidad de redefinir o de repensar cualquier institución. Repensar la justicia significa no sólo que nos preguntemos cuál es su objetivo esencial, sino que, una vez definido este, orientemos toda su configuración hacia la consecución del propósito previsto. La justicia es el instrumento que ha de resolver los conflictos de los ciudadanos entre sí y entre ellos y la sociedad. Así, si tenemos claro que los jueces, cuando se sientan en las salas de audiencias, tienen que resolver el conflicto de los interesados, tendremos también claro que el proceso judicial ha de ser fundamentalmente un acto de comunicación, es decir, un diálogo –por supuesto debidamente organizado y reglado– pero siempre con ese objetivo último: que el juez que juzga pueda conocer bien el conflicto y a sus intervinientes para poder sentenciar con acierto.

Sobran por tanto un sinfín de liturgias procesales que, como auténticos abracadabras, esconden lo único y esencial: el diálogo. Así, nos equivocaremos si, queriendo despojar de papeles inútiles el proceso, en lugar de eliminarlos nos limitamos a digitalizarlos. Igualmente, si tenemos claro que son los jueces y magistrados los responsables de resolver en derecho los conflictos que les plantean los ciudadanos, deben tener a su disposición los técnicos que les ayuden, precisamente a eso, a resolver en derecho, y no como sucede en la actualidad, que una caterva de funcionarios inteligentes y con una gran capacidad profesional se limitan, aburridos y frustrados, a la mera repetición de documentos absolutamente inútiles.

Repensar la justicia significa también el cuestionar por qué los ciudadanos no podemos acudir directamente ante los jueces y tribunales de todo tipo y tenemos que ser forzosamente representados por unos profesionales que, como meros intermediarios del papeleo, encarecen el proceso e impiden la legítima comunicación entre ciudadanos y jueces.

Pero repensar la justicia no se limita, ni muchísimo menos, a una discusión sobre la propia actividad jurisdiccional, sino que exige también y de forma inmediata una reflexión sobre el propio proceso legislativo. ¿Cómo es posible que la técnica legislativa haya podido evolucionar tan poco desde el momento en que nuestros antepasados sumerios consideraron necesario plasmar las leyes en piedra? En algunos cursos sobre lenguaje y derecho acostumbro a hacer un test. Intercalo leyes del Código de Hammurabi con preceptos de nuestros códigos vigentes para que los alumnos distingan a qué texto legal corresponden unas y otros. Muchos se equivocan, pese a tratarse de personas con conocimiento suficiente de derecho. ¿Cómo es esto posible? Aunque parezca mentira, la técnica legislativa no ha evolucionado en absoluto. Constantemente se dictan montañas de nuevas leyes sin que ni tan siquiera se haya reflexionado sobre por qué no nos valían las anteriores, si se cumplían o no, y el efecto que produjeron en aquello que se quería cambiar. Y, por supuesto, no se cuestiona si la propia técnica del texto legal, con el rosario virtual de artículos, como si de una letanía se tratara, constituye efectivamente el instrumento adecuado en este momento de la historia para prescribir conductas.

La justicia ha sido, y sigue siendo, lo suficientemente importante para que podamos renunciar a cuestionarla. El pasado verano se publicó un libro apasionante de Amartya Sen sobre la justicia, en el que nos dice: “No podemos confiar la tarea de la justicia a situaciones y reglas sociales que estimamos correctas para detenernos ahí. Preguntar cómo van las cosas y si pueden mejorar es una parte ineludible de la búsqueda de la justicia”.

Manuela Carmena es ex magistrada

Ilustración de Iker Ayestaran