Relatos contra las democracias

Las democracias rara vez mueren de manera abrupta. Esa es quizá una de las grandes enseñanzas políticas del último siglo. No suelen caer con el estruendo de los tanques atravesando avenidas, ni con uniformes ocupando instituciones. Su desgaste acostumbra a ser mucho más sofisticado, más gradual y, precisamente por ello, más difícil de identificar. Se parecen menos a un terremoto y más a una lenta erosión: una corriente casi imperceptible que va retirando partículas del terreno hasta que un día descubrimos que el paisaje ya no es el mismo.

Los ciudadanos modernos hemos desarrollado una idea casi romántica de la democracia. La concebimos como una arquitectura sólida e inmutable, protegida por constituciones, tribunales, parlamentos y mecanismos de equilibrio institucional. Pensamos, quizá ingenuamente, que una vez alcanzado cierto grado de madurez democrática las sociedades adquieren una especie de inmunidad histórica. Como si los errores del pasado fueran imposibles de repetir.

Pero la historia nunca desaparece; simplemente cambia de lenguaje.

Hoy asistimos a un fenómeno singular. Nunca hemos tenido tanta información y, al mismo tiempo, nunca ha resultado tan difícil distinguir entre información y construcción narrativa. Nunca ha existido una capacidad tan extraordinaria para conectar personas y, paradójicamente, nunca ha sido tan sencillo fabricar consensos emocionales artificiales.

El poder siempre ha comprendido una cuestión esencial: la política no consiste únicamente en administrar recursos o ejercer autoridad. La política consiste también —y quizá, sobre todo— en establecer marcos mentales, en fijar los términos desde los cuales una sociedad interpreta la realidad.

Antonio Gramsci lo llamó hegemonía cultural. Michel Foucault habló de las relaciones entre conocimiento y poder. Hannah Arendt advirtió de algo todavía más inquietante: el peligro no aparece cuando la mentira sustituye a la verdad, sino cuando la sociedad deja de creer que exista diferencia entre ambas.

Quizá ahí resida una de las grandes preguntas de nuestro tiempo.

Porque resulta difícil ignorar ciertos fenómenos contemporáneos. En distintos lugares del mundo observamos dinámicas llamativamente similares: una creciente deslegitimación de gobiernos progresistas o reformistas; una expansión acelerada de discursos de confrontación permanente; la conversión de investigaciones, filtraciones o procedimientos judiciales en acontecimientos mediáticos que generan condenas públicas antes incluso de producirse los hechos jurídicos; una amplificación constante de determinadas narrativas a través de ecosistemas comunicativos extraordinariamente sincronizados.

No es necesario afirmar la existencia de una gran conspiración internacional para advertir algo que parece evidente: los mecanismos contemporáneos de influencia política son infinitamente más sofisticados que los del pasado.

Ya no sería necesaria una sala oscura donde unos pocos hombres deciden el destino del mundo mientras despliegan mapas sobre una mesa. Las sociedades actuales funcionan mediante incentivos mucho más complejos y difusos: intereses económicos, estructuras mediáticas, algoritmos, plataformas digitales, actores políticos, estrategias de comunicación y poderes transnacionales cuyos límites son, a menudo, difíciles de delimitar.

Lo verdaderamente inquietante es que esos procesos pueden producir efectos profundos sin necesidad de coordinación explícita.

Basta con que existan intereses convergentes. Basta con que algunos actores descubran que la indignación es más rentable que la serenidad, que la sospecha genera más atención que la evidencia, o que destruir reputaciones resulta más sencillo que construir confianza. Basta con instalar una sensación permanente de escándalo.

Porque las democracias pueden soportar conflictos, alternancias y crisis. Lo que difícilmente soportan es una desconfianza absoluta y continua hacia todas sus estructuras.

Cuando la ciudadanía comienza a asumir que todo juez actúa por motivaciones ocultas, que toda investigación es una operación política, que toda información responde a una estrategia secreta, que toda institución está corrompida y que nada es auténtico, ocurre algo profundamente peligroso: la democracia permanece en pie formalmente, pero pierde su materia prima esencial, que es la confianza colectiva.

Y entonces emerge una paradoja inquietante. Aquellos que dicen defender las instituciones pueden terminar debilitándolas. Quienes afirman combatir supuestas amenazas contra la democracia pueden acabar erosionando los propios fundamentos que permiten sostenerla.

Tal vez el desafío de nuestra época no consista únicamente en proteger gobiernos, partidos o líderes concretos. Quizá sea algo más profundo: proteger la posibilidad misma de una realidad compartida.

Porque una democracia no muere solamente cuando alguien la derriba.

A veces empieza a morir cuando millones de personas dejan de reconocer el terreno sobre el que pisan.

Y quizá la primera obligación de una ciudadanía libre sea precisamente esa: preguntarse, con calma y sin dogmatismos, quién construye los relatos que habitamos y por qué razones lo hace.

No para desconfiar de todo.

Pero tampoco para aceptar cualquier cosa.