Félix Talego Vázquez

Profesor de Antropología Social. Universidad de Sevilla. Integrante de la Plataforma de Sevilla por la Renta Básica Universal

Según las estadísticas, en Europa viven 123 millones de personas en situación de pobreza (carencias materiales severas). España ocupaba en 2013 el sexto lugar por la cola en la UE, con el 27,3% de población pobre. Pero, según una reciente encuesta del INE, las cifras de pobreza y exclusión social en España han aumentado y afectan ya a un 29 % de la población, casi 14 millones de personas. Respecto a los niños, según UNICEF, en los últimos años ha crecido más de un 10% el número de menores en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza.

Estos son los efectos más evidentes del aumento continuo de desposeídos por la concentración creciente de la propiedad y el capital; ejércitos de desposeídos con crecientes dificultades para encontrar un empleo con garantías, o no perderlo, y que se ven abocados a engrosar las filas de precarios y excluidos. Políticas públicas eficaces, diseñadas e impuestas por las buenas o por las malas desde los centros de poder global, hacen posible este proceso de concentración de propiedad, capital y poder, nada “natural” como es fácil comprender. La eficacia de estas políticas pro-oligárquicas (que laman “inversiones productivas”) contrasta con la ineficacia largamente demostrada de las políticas públicas de protección social (que llaman “gasto social”).

Entre estas políticas son destacables todos los tipos de subsidios, ayudas y rentas mínimas. Todavía hoy se sostiene desde muchos foros que su ineficacia radica en su insuficiencia, y reclaman consecuentemente que se aumenten las partidas, se amplíe el abanico de “beneficiarios” y se mejoren los controles. Es esta justamente la reivindicación, ya secular, de los sindicatos “mayoritarios” y la promesa, también secular, de los partidos “con vocación de mayoría”.

Pero el creciente número de personas y entidades de la sociedad civil que abogamos por la implantación de la Renta Básica Universal (RBU) estamos convencidas de que la ineficacia de estas medidas no radica principalmente en su cicatería presupuestaria –cierta- sino en la filosofía política que las inspira. En lo fundamental, todas estas “ayudas” condicionales son coherentes con los principios de la “sociedad de trabajo” en que vivimos (Hannah Arendt dixit), configurada para someter a la mayoría al imperio del trabajo, a la necesidad perentoria de trabajar y a que el trabajo presida nuestras vidas. En coherencia, todas las ayudas condicionadas son diseñadas para que los potenciales “beneficiarios” no escapen al yugo del trabajo y permanezcan en disponibilidad total en los mercados instituidos a tal efecto, desde los mercados de trabajos precarios a los más especializados y mejor remunerados. Ninguna “ayuda” por separado ni el conjunto de todas estorbará que quede satisfecha la demanda de trabajo de cada uno de esos mercados ni el respectivo ejército de reserva, igualmente escalonado, como tampoco el ejército de reserva final de los excluidos.

Pero en toda la escala es la pobreza, también escalonada, y la amenaza para cada quien de caída por esa escalera, el resorte que compele desde abajo. Desde arriba atrae a partes iguales el señuelo del “consumo por gamas” o la expectativa de una “carrera brillante” (prêt-à-porter). En esa banda se mueve el ejército ingente de desposeídos de propiedad y de las condiciones materiales e ideáticas de libertad. Esta es la auténtica magnitud de la trampa de la pobreza, a la que se alude a menudo sin que se entienda la condición axial que ha alcanzado en nuestras sociedades. Porque el consumo, sea hortera y disparatado o selecto y elegante, no salva de la pobreza, que no es, como suele creerse, ignorancia de códigos de distinción y carencia material, por severa que sea: pobreza es dependencia y supeditación a otros; alienación. Porque una vida frugal, incluso una vida de renuncia material severa, no es pobre si no es sometida.

La propuesta de la RBU o de ciudadanía parte precisamente de rechazar lo que comienzan aceptando subsidios, ayudas y rentas mínimas: que el sujeto debe permanecer sometido al Reino del Trabajo. Porque el valor superior que pretende recuperar es el de la libertad, antes que el productivismo que subyace y legitima la carrera agónica de trabajo y consumo en que vivimos.

Los detractores de la RBU invocan diversas razones técnicas y materiales que la desaconsejarían o la harían irrealizable. El supuesto técnico más socorrido es pecuniario: no habría dinero para financiarla –dicen- o, lo que viene a ser lo mismo, su dotación provocaría efectos inflacionarios desconocidos y temerarios –arguyen-. Al respecto, invitamos a los lectores a consultar un estudio recientemente publicado para el conjunto del reino de España[1]. Se demuestra ahí con rigor y minuciosidad que la medida sería aplicable aun dejando intacta la estructura tributaria actual del Estado, modificando solo los tramos del IRPF y absorbiendo todas las ayudas y subsidios condicionales actuales de igual o inferior cuantía (645 € aprox.). La respuesta general a este estudio técnicamente impecable del año 2014 ha sido ignorarlo. Así que, salvo algún honroso caso, la mayoría sigue repitiendo contra la medida viejas fórmulas y cifras descabelladas.

Evitan así los detractores entrar en el debate ideológico-político de fondo al que inevitablemente aboca mirar de frente la propuesta. Y esto seguramente no porque duden si posicionarse contra la medida o porque no dominen las claves del debate. Evitan el debate de principios porque hacerlo les obligaría (les obligará) a desvelar su pensamiento lúgubre: su íntima aunque públicamente negada convicción de que este orden social vigente solo puede garantizarse manteniendo en el reino de la necesidad y el sometimiento a la ingente masa de desposeídos. ¿O hay otros argumentos?

[1] https://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7535