Aún nos hace falta tiempo para poder entablar un verdadero debate, sincero y esclarecedor, sobre la historia contemporánea de España. A pesar de las décadas transcurridas desde el final de la guerra, o desde la muerte de Franco, por señalar los dos hitos más negativos que la definen, las posiciones sobre determinadas cuestiones se mantienen fijas desde hace años. Sobre la memoria, aunque crece la furia de la oposición frontal, tampoco varía el ruido de fondo. De hecho no ha pasado un día desde que el pasado 15 se presentara el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que no se haya producido una réplica en los medios de comunicación, con el apremio a la objetividad y a contar “toda” la historia. Hay que hablar por tanto de la violencia republicana.

La primera fue un telegrama de Miguel Ángel Aguilar en la radio dirigido a Carmen Calvo, recordando que en la guerra “todos dieron con todo” y que algunos de los que se iban a homenajear con esta ley eran ckekistas. Argumento utilizado ya por el Ayuntamiento de Madrid para retirar las placas con los nombres de los represaliados por el franquismo en el cementerio de la Almudena y de forma más reciente para eliminar las calles de Indalecio Prieto y de Largo Caballero. José Andrés Rojo, en El País, también recordaba esa furia revolucionaria provocada por el golpe de Estado, apelando a un carácter más organizado que el hasta ahora atribuido, pero limitando sus efectos hasta la reorganización estatal y militar republicana de comienzos de 1937 (Los dolores del pasado, 18/9/2020). Y por último, el artículo de Octavio Ruiz-Manjón que describe esos primeros meses del conflicto en los que “hubo demasiadas personas que se dejaron ganar por ese sentimiento de odio y que se sintieron impunes para llevar a cabo sus proyectos criminales”. Una ola de crímenes de todo signo, insistía el autor en un artículo, que, sin embargo, fue encabezado del siguiente modo en la prensa “Asesinatos de diputados en la Guerra: 77 en zona republicana y 72 en zona nacional”. (ABC 20/9/2020)

El ruido y la furia, como en el relato de Faulkner, siguen marcando el camino embarrado de nuestra historia, pero aquí, como nos recordaba Cuerda, la realidad supera a la ficción. Es indudable que el peso de esa enorme gran masa de asesinatos perpetrados en los primeros meses de la guerra, sigue pesando sobre nuestra conciencia colectiva. La inmensa mayoría de los asesinatos de civiles producidos durante toda la guerra quedó concentrada tan sólo entre los meses de julio a diciembre de 1936. Un enorme crimen que sirvió para justificar los que siguieron después. Muy especialmente los producidos en el periodo 1939-1941, fruto de la represión contra los grandes contingentes de combatientes que volvieron a sus casas y en las mayores ciudades republicanas ocupadas al final de la contienda.

La necesidad de hablar de la guerra, de la violencia republicana, y de contar toda la historia, pues, pasa también por recordar que el estado de guerra iniciado el 18 de julio de 1936 estuvo en vigor hasta el 7 de abril de 1948. Un monopolio de la fuerza previsto ya en las Instrucciones Reservadas del General Mola, de 25 de marzo de 1936. Las consecuencias, cualitativa y cuantitativamente, son necesariamente distintas y no pasaremos página hasta que no seamos capaces de integrarlas unas al lado de las otras, como se ha hecho en otros procesos de violencia masiva. Para analizar la violencia en otras guerras civiles del siglo XX, no se exige un análisis comparado, solo parece necesario cuando se habla del franquismo. El estudio sobre la violencia no consiste en una enumeración de hechos y atrocidades de los que “todos fuimos culpables”. El análisis comparado queda entonces reducido al reparto de culpabilidades y se elude toda comprensión global de un periodo de larga duración, que evolucionó y pasó por muchas fases, al menos hasta 1978. Una pesada carga con la que realmente ya nadie tiene por qué cargar y que hay que seguir explicando hasta que todo el mundo comprenda que la memoria no busca culpables, sino reparar a las víctimas del olvido.

Hasta que esto no se consiga el discurso de la furia seguirá creciendo, generando confusión, que es en definitiva lo único que busca el revisionismo. La retirada de las calles de Madrid a dos ministros de un gobierno de la II Republica elegido democráticamente, como Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, responde a una operación política que no se sustenta históricamente. Al igual que en las fake news, ninguno de los argumentos de la propuesta está respaldado por pruebas, no hay datos ni documentos, vienen a decir lo que sienten. Y ese sentimiento, y esto es lo grave, no es otro que el de los mantras franquistas que durante años vinieron a legitimar el golpe de estado y la represión en torno a la violencia y la criminalización de la II República y de sus dirigentes. La Historia, aquí, es lo de menos.