FRANCISCO JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ

Ya son más de 32 años de lucha del pueblo saharaui. Durante este largo periodo de tiempo, la comunidad internacional ha abandonado a su suerte el Sáhara Occidental, permitiendo que tanto Mauritania como Marruecos proyectasen sus intereses expansionistas sobre él. Si bien es cierto que el primero de estos países hubo de abandonar su ocupación, esto no se debió a una hábil maniobra diplomática de la ONU, sino a la imposibilidad de mantener económicamente la invasión. Marruecos, por su parte, no ha cesado en todos estos años en el intento de ocupar definitivamente el territorio.

Y mientras tanto, para sonrojo general de las Naciones Unidas y particular del Gobierno español, el pueblo saharaui se ha visto obligado a permanecer en un campo de refugiados provisional que levantaron en Tinduf gracias al apoyo humanitario de Argelia. Esta responsabilidad recae sobre todos los gobiernos representados en la ONU, pero el Gobierno español debiera esforzarse aún más que ninguno en resolver un conflicto que él mismo provocó con el abandono precipitado de esta colonia en 1975. Es, casi con toda seguridad, la última oportunidad del Gobierno español de subsanar, en la medida de lo posible, el craso error que cometió con la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, así como de no llevar a cabo todas las promesas incumplidas al pueblo saharaui, que ya son legión. Y, desde luego, debiera en primerísimo lugar dejar de vender armas a Marruecos, entre ellas, minas antipersonales, las más abominables, si es que se pueden establecer categorías dentro de los instrumentos de muerte.

La razón de la falta de interés internacional por resolver esta situación es tan evidente como recurrente: los sempiternos intereses económicos y políticos, que parecen degradar hasta tal punto al ser humano que es capaz de cerrar los ojos ante las necesidades y derechos más elementales.

Resulta para todos evidente que la guerra, en ningún caso, y quizá menos en éste, puede ser el camino para solventar las diferencias. La herramienta adecuada siempre ha de ser no violenta, y en el conflicto que nos ocupa es claro que ha de ser el referéndum, cuya celebración debió realizarse en 1992 y que se ha postergado desde entonces por las presiones de Marruecos. Por supuesto, éste ha contado con la aquiescencia de algunos países de la ONU, encargada, en teoría, de supervisar y controlar dicho referéndum. Es ya inexcusable la obligación de romper esta inercia; la situación no se puede mantener indefinidamente, ya que el escepticismo (por otra parte muy justificado) del pueblo saharaui va en aumento. Éste respetará sin matices los resultados del sufragio, siempre, lógicamente, que sea democrático y que disponga de igualdad de medios con respecto a Marruecos. Esto es lo mínimo que la ONU debe garantizar.

Uno de los caballos de batalla con que está jugando Marruecos es, precisamente, el censo de votantes. Tanto el pueblo saharaui como el sentido común exigen utilizar un censo poblacional fiable (como lo es el que realizó España en 1974, que arroja una cifra de unas 74.000 personas) y actualizarlo debidamente. Marruecos, por su parte, intenta colar la nada despreciable cifra de 160.000 nuevos votantes, gracias a lo cual ha estado consiguiendo su objetivo: paralizar el plan de paz.

Es imprescindible acabar de una vez con el acoso de Marruecos; tengamos en cuenta la falta de recursos económicos y las precarias condiciones en las que vive hoy el pueblo marroquí, y, todavía así, el sitio al que están sometiendo a los saharauis les obliga a mantener unos 80.000 soldados, una situación que les cuesta alrededor de cuatro millones de dólares diarios. Esta sangría, inaceptable en sí misma, se agrava aún más cuando el Estado que la realiza mantiene a su pueblo dentro de unos elevados índices de pobreza. Pero la presión militar no es la única a la que está sometida la población saharaui; otras cuatro fuerzas represoras de carácter paramilitar, como son la Policía Judicial (PJ), la Dirección de la Vigilancia del Territorio (DST), la Gendarmería Real y las Compañías Móviles de Intervención (CMI), son las responsables del 90% de las detenciones en el Sáhara Occidental.

Puede ser que esta vez sí se esté avanzando hacía la resolución del conflicto; en las reuniones directas que han empezado entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos deben aproximar posiciones entre ellos, priorizando la vigilancia del referéndum para dar cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas. En palabras de Sayet, ministro de Asuntos Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), “si bien es cierto que lograr llegar a acuerdos sobre los aspectos conflictivos del plan de arreglo es un logro indiscutible, no es menos cierto que la fase de aplicación sigue siendo el nudo gordiano de todo el proceso de paz, que, como todos sabemos, es una fase preñada de riesgos y peligros que pueden dar al traste con todos los acuerdos logrados hasta el momento”. Otros asuntos que quedan por acordar son los límites fronterizos y el desmantelamiento de los cinco millones de minas, para lo cual es necesaria y urgente la entrega por parte del Gobierno marroquí de los planos de situación de las mismas.

Por todo lo antedicho, conviene que la comunidad internacional tome una serie de medidas con el fin de asegurar la paz y la justicia en el Sáhara Occidental, como son evitar en estos momentos llegar a acuerdos con Marruecos que afecten al territorio, soberanía o riquezas del Sáhara Occidental, el cese de venta de armas y el envío de observadores acreditados por cada país ante la ONU para ir preparando la celebración de un referéndum de autoderminación del pueblo saharaui.

Es el momento de que el pueblo saharaui recupere de una vez por todas y sin más dilación la soberanía, la libertad a la que tienen derecho legítimo todos los pueblos y, sobre todo, que se respeten los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

Francisco José Alonso Rodríguez es presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos