Secretos Oficiales a medida de la industria armamentística

Estos días ha recuperado protagonismo lo ocurrido y las consecuencias del 23 de febrero de 1981. Lamentablemente, poco sabemos, dado que la ley franquista de Secretos Oficiales mantiene clasificada como secreta esa información sin una justificación razonada. El Gobierno de entonces, así lo acordó. Y este Gobierno así parece querer mantenerlo. La cuestión es que muchos partidos han llamado a la reforma de la ley de Secretos Oficiales esta semana, porque es inconcebible que la sociedad española desconozca cómo se fraguó el golpe de Estado del 23F y su desenlace. Este exceso de secretismo es algo inaudito en una democracia plena, un concepto también muy de actualidad.

Recientemente en Greenpeace también nos hemos topado con el infranqueable muro franquista de la vigente ley de Secretos Oficiales. Como organización defensora de la paz (además del medioambiente) tras conocer el año pasado la presencia de morteros españoles en el conflicto de Yemen, solicitamos al Gobierno, información sobre la autorización concedida para esta operación de exportación a Arabia Saudí, que tuvo lugar en 2018. Lamentablemente, esta solicitud fue en vano.

También fue en vano solicitar al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que intercediera en el Consejo de Ministros para solventar la lacra democrática que implica mantener esta información oculta a los ojos de la sociedad española y al Parlamento.

En aquel momento Naciones Unidas ya había señalado varias veces los constantes ataques indiscriminados sobre la población civil yemeni, la vulneración continua de los derechos humanos en el conflicto y el alto riesgo de que la venta de armas a los países involucrados se encontrara al margen del derecho internacional. Todo apunta a que esta venta de morteros se autorizó ilegalmente, vulnerando el Tratado Internacional de Comercio de Armas y la ley española de control de comercio de armas. La información solicitada por Greenpeace, en todo caso, fue denegada, lo que nos obligó a acudir a la justicia.

¿A quién protege el Gobierno?

Esta semana hemos conocido que la Abogacía del Estado avala la denegación de información a Greenpeace sobre el envío de morteros a Arabia Saudí, y sus argumentos son más que preocupantes:

Justifica el uso de la ley (recordemos, franquista) de Secretos Oficiales para proteger la seguridad del Estado, sin aclarar por qué este caso se habría de poner en peligro tal seguridad, y luego recurre a la ley de Transparencia, que defiende los intereses económicos y comerciales frente al interés general, un “argumento” que adereza con un informe de la Secretaría de Estado de Comercio donde se recoge la información suministrada por el ICEX a cualquier ciudadano. Esta información detalla la “importancia de las relaciones económicas España-Arabia Saudí”, lo que nos lleva al quid de la cuestión: el objetivo fundamental del Gobierno es proteger la actividad comercial de la empresa de armas, así como los suculentos negocios entre el reino de España y el de Arabia Saudí[1] (un total de que incluyen contratos como la construcción del AVE a La Meca, el metro de Riad o la venta de Corbetas), ignorando completamente a las personas potencialmente víctimas de esas armas.

Las ONG como vigilantes del interés general

Las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) vienen estableciendo desde hace muchos años que el acceso a la información es un derecho accesorio del derecho fundamental a la libertad de expresión y que, por tanto, cuando el Gobierno deniega información sin justificarlo, está cercenando este derecho fundamental. Un bien jurídico protegido por la Constitución Española en su artículo 20.1.d) y que establece las bases de cualquier democracia.

Tanto más en juego se pone la libertad de expresión, como bien jurídico (y esto también lo ha señalado el TEDH) cuando esta información es denegada a una organización de la sociedad civil. Este Alto Tribunal atribuye a las ONG una posición privilegiada en el acceso a la información que está en poder del Estado. Les confiere un papel de vigilantes del interés general, cuya labor de difusión de información veraz en manos del Estado contribuye al debate público y al fortalecimiento de la democracia. Les reconoce una misión fundamental como “perro guardián de la sociedad”.

Los derechos no pueden ser ilimitados

Por supuesto que, como también recuerda el TEDH, los derechos no son ilimitados. Siempre se pueden imponer restricciones a su ejercicio si esta restricción implica la defensa de un bien jurídico superior, pero ¿es el negocio de una empresa más importante que conocer si se han cometido ilegalidades en la venta de Armas a Arabia saudí, que se han podido utilizar para cometer crímenes de guerra contra la población civil yemení?

La ley de Secretos Oficiales no puede ser un pozo sin fondo en el que ocultar operaciones ilegales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, que apoyó otras denegaciones de información sobre comercio de armas similares, estableció que no es la seguridad nacional lo que se pone en juego con la desclasificación de la información secreta, sino los intereses económicos de la empresa exportadora de armas. Y este límite a la publicidad de la información ha sido duramente criticado por buena parte de la doctrina jurídica, que considera inaceptable que los intereses comerciales se sitúen por encima de la protección de los derechos más elementales.

En esta nueva realidad social y política no se debería producir la dicotomía entre vender armas o respetar los derechos fundamentales. Y es que en una democracia plena, la utilización irregular de una ley como la de Secretos Oficiales para vulnerar derechos, debería ser inconcebible. Lamentablemente no es así, ni en tiempos del gobierno “más progresista” de nuestra democracia.

NOTAS

[1] El total de las exportaciones españolas a Arabia Saudí ascendieron a 2.338 M€ en 2018 y de 1.841 M€ en 2019