El 26 de mayo votaremos a los miembros del Parlamento Europeo. Una institución que sigue siendo una gran desconocida para muchos ciudadanos. De entrada, es pertinente recordar que el PE no es exactamente comparable a los parlamentos nacionales, de ahí que sus insuficiencias estructurales deban ser contextualizadas en la peculiar arquitectura institucional de la Unión Europea, que no es un Estado.

Entre sus principales límites cabe recordar los siguientes:

• El PE no tiene poder constituyente en la reforma de los Tratados y tampoco el monopolio legislativo (que comparte y no en todo con el Consejo).

• Carece de iniciativa legislativa (es monopolio de la Comisión).

• Aunque es cámara colegisladora, se le escapan áreas intergubernamentales clave.

• No hace realidad la máxima No taxation without representation (No hay tributación sin representación) al carecer de competencias fiscales de relieve.

• No funciona en su seno la dialéctica mayoría de gobierno/ minoría de oposición, puesto que no hay un verdadero Ejecutivo supranacional europeo, sino una suerte de “gran coalición” fáctica del “bloque central” (populares, socialistas y liberales) que actúa con criterios fundamentalmente tecnocráticos, lo que está favoreciendo la contestación populista frontal.

• Su representatividad es defectuosa, tanto porque no existe el pueblo europeo, como porque tampoco representa a los pueblos europeos como tales. En el PE los eurodiputados no se agrupan por países, sino por afinidades ideológicas; es decir, representa a los “ciudadanos” europeos, pero sin mecanismos paneuropeos para hacer real tal dimensión (no existen listas electorales transnacionales).

• Su labor pasa prácticamente inadvertida para las opiniones públicas europeas, un legado de la vieja inercia comunitaria elitista y opaca.

• Es la institución más legítima de la UE al ser la única de elección popular directa.

• Está “blindado” frente a los Gobiernos nacionales al no poder ser disuelto anticipadamente (las legislaturas son fijas, de cinco años).

• Es completamente autónomo frente a los Gobiernos nacionales a la hora de dotarse de su propio reglamento y de fijar el orden del día (aunque no puede decidir sobre sus sedes: desde hace tiempo, una clara mayoría de los eurodiputados preferiría concentrar el PE en Bruselas, pero esta decisión sólo corresponde al Consejo Europeo por unanimidad y el veto francés está asegurado al respecto para mantener la sede de Estrasburgo).

• No está dominado por la partitocracia, como suele ocurrir en los Parlamentos nacionales, pero no es inmune a las presiones de los lobbies.

Una institución reforzada

De momento, estas ventajas siguen sin compensar las carencias señaladas, pero es cierto que la estrategia histórica de los europeístas de ir reforzando progresivamente al PE ha dado bastantes frutos. La paradoja es que el constante aumento de los poderes de esta institución ha ido en paralelo al permanente declive de la participación electoral, cada vez más baja desde las primeras elecciones directas en 1979.

Lo cierto es que el PE tiene ya importantes atribuciones que las opiniones públicas de los Estados miembros deberían conocer mejor para evaluar más ponderadamente tal institución que sí tiene incidencia en muchos ámbitos de la vida de los ciudadanos europeos (lo que, de divulgarse más, podría incrementar el interés participativo).

Poderes de control

Esta institución tiene poderes de control: otorga la investidura a la Comisión y puede censurarla (y derribarla), tiene poder presupuestario (con límites), nombra a diversos altos cargos comunitarios y colegisla en muchos asuntos que sí son relevantes para los ciudadanos.

En efecto, el PE se ocupa, por ejemplo, de la libre circulación (relacionada con las cuatro grandes libertades comunitarias: de bienes, servicios, personas y mercancías), mercado interior, investigación, medioambiente, consumo, redes transeuropeas, asuntos educativos y culturales, colaboración sanitaria y otros servicios.

En suma, el PE es una institución cada vez más relevante y, sin duda, es preciso seguir aumentando sus competencias, su representatividad y su transparencia. Las principales reformas pendientes que deberían debatirse tras las elecciones de finales de mayo serían las siguientes:

• El PE debería ser cámara colegisladora en todos los ámbitos, sin exclusiones intergubernamentales, funcionar prácticamente siempre de acuerdo con el principio de mayoría (es decir, de hecho sin vetos ni unanimidades).

• Debería contar con una sola sede en Bruselas frente al irracional y costoso modelo actual (que incluye Estrasburgo y Luxemburgo para la secretaría del PE) y, sobre todo, decidir en última instancia sobre un auténtico Ejecutivo europeo.

Todo ello requeriría politizar mucho más las dinámicas de la Unión Europea: reforzar los europartidos hoy virtuales, dar paso a listas electorales transnacionales, involucrar más a los Parlamentos nacionales, mejorar la comunicación de su labor y, sobre todo, conectar con los ciudadanos con mecanismos participativos, hoy embrionarios.

Sólo reforzando la legitimidad y el debate pluralista del PE esta institución podrá aspirar a ser motor del tan necesario impulso europeísta frente a los desafíos de las fuerzas euroescépticas y eurófobas, en inquietante ascenso.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation