Leire Pajín

Diputada y exministra de Sanidad, Igualdad y Políticas Sociales

Ilustración de Mikel Casal

La reducción de cerca de un 40% de los fondos destinados a la cooperación española y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), respecto al presupuesto de 2011, pone en peligro al sector de la cooperación internacional y el trabajo desplegado en los últimos años por Organizaciones No Gubernamentales de ayuda al Desarrollo (ONGD) y las instituciones del Estado, incluyendo comunidades autónomas, diputaciones provinciales, cabildos y ayuntamientos, que presentan también recortes del 14% en su conjunto. Esta decisión envía un mensaje al exterior que no se corresponde con el sentir de solidaridad que suele manifestar la sociedad española y castiga a los más pobres entre los pobres del planeta.

El recorte de 900 millones de euros de AOD es brutal por sus dimensiones, por la falta de comunicación y porque sólo responde a principios económicos sin valorar objetivos, prioridades ni criterios de planificación de la cooperación al desarrollo internacional. Olvida el compromiso de España con la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y rompe el consenso político y social sobre el hecho de poder alcanzar la aportación del 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en AOD para 2015.

Debemos interpretar este tijeretazo como una mera decisión contable e irreflexiva que desvela la sensibilidad tosca del Gobierno y el escaso compromiso de la política y la acción exterior del presidente Mariano Rajoy. Esta decisión será también ineficaz para defender nuestros intereses en otras regiones del mundo y en los organismos internacionales, y se inscribe directamente en el ámbito de la irresponsabilidad.

El informe sobre política y recomendaciones en materia de AOD de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoce que España, hasta el año 2009, encabezó el esfuerzo presupuestario y fue vanguardia en las reformas y en los avances de su política de ayuda al desarrollo. Señala como muy positivo el camino iniciado de reducción del número de países receptores, el aumento de la desvinculación de la ayuda y el incremento de su concentración en países menos desarrollados. Avances que deben consolidarse para que nuestra AOD siga siendo el referente de calidad y eficacia de estos últimos años.

La cooperación internacional al desarrollo es una política y una prioridad de Estado. Es sincero reconocer que se había iniciado una tendencia descendente en los últimos años, pero el recorte actual y su falta de planificación no tiene muchos precedentes. Debemos dejar claro que, de igual manera que se ha fijado un techo de endeudamiento, debemos marcar el horizonte de alcanzar la inversión en cooperación al desarrollo del 0,7% de la RNB y, lo que es más importante, respetar y hacer cumplir las prioridades y objetivos pactados por ONGD y grupos parlamentarios en esta legislatura, teniendo en cuenta el contexto de crisis. Sería un error estratégico empobrecer o abandonar nuestros programas orientados a la educación, la igualdad de género, la salud y especialmente la seguridad alimentaria; sobre todo, en un contexto previsible de hambrunas, migraciones y mayores desigualdades.

En épocas de crisis económica, cuando los recursos públicos se reducen, la apuesta inteligente y justa es priorizar. Marcar las prioridades de forma clara y transparente, siguiendo criterios que respondan a la reducción de la pobreza y no a otros intereses, evitando que la reducción de AOD vaya acompañada de pérdida de calidad de la misma, dispersión o condicionalidad.

Debemos mantener los ejes estratégicos para garantizar una ayuda predecible, evitar decisiones aleatorias y garantizar una coherencia en las políticas de desarrollo. Es ahora más necesario que nunca el papel del Consejo de Cooperación y del Consejo Interterritorial para marcar una hoja de ruta conjunta y consensuada y para no tomar decisiones aisladas que agraven aún más la situación de nuestra cooperación internacional.

La crisis económica y financiera internacional, unida a las crisis alimentarias, sanitarias y el cambio climático, hacen prever que se eleven los riesgos globales y que nos enfrentemos, en el corto y medio plazo, a situaciones no deseadas de hambrunas, pobreza y exclusión social. Por ello, las políticas cortoplacistas son sólo paliativas y no inciden, como las de largo alcance, en la raíz de los retos que lastran el avance de los derechos y la seguridad humana en el mundo.

Las amenazas y las oportunidades de España para las próximas décadas no procederán sólo de nuestro país, sino que vendrán mayoritariamente del exterior. Las políticas de desarrollo responden a una forma de entender y de estar en el mundo, pero también son eficaces para garantizar nuestra prosperidad. ¿Alguien sensato puede imaginar la viabilidad de Europa, más allá de la reducción de su déficit y de su crecimiento económico, si la brecha de desigualdad se ahonda con el Mediterráneo sur y el África subsahariana? De nada servirá reducir el déficit y estimular el crecimiento europeo si no va acompañado del desarrollo de otras regiones y países, y de una política de vecindad más amplia.

La prosperidad y el desarrollo sólo pueden entenderse de manera global e inclusiva, pues, de lo contrario, los desequilibrios y las injusticias se volverán contra nosotros. Reconocer estos principios e integrarlos en la política de Estado de cooperación internacional son exigibles a este Gobierno, que ha hecho saltar todas las alarmas solidarias y el SOS de la cooperación española.