Cuando Benjamin Parker, en la gran pantalla, advirtió a su sobrino –recientemente convertido en Spiderman, cosa que él desconocía– que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, marcaría su destino como héroe.

Tan lapidaria frase –acuñada por el genial y recientemente fallecido Stan Lee– reverberaría a lo largo de los centenares de historias que el arácnido ha vivido desde que fuese concebido en 1962. Y, como sólo las buenas frases saben hacer, en ellas existe más sabiduría de la que aparentan. Una sabiduría, en este caso, jurídica.

Enmascarados justicieros

Imaginémonos por un momento que los superhéroes existiesen. Que los delincuentes no tuvieran que temer sólo la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también la repentina aparición de un enmascarado, una sombra que cayese sobre ellos y pusiese fin a sus fechorías. ¿Cuánta verdad habría, en este mundo de vigilantes, en las palabras con las que Stan Lee cerró la primera historia de Spiderman?

Desde una primera perspectiva, habría que preguntarse si quien dispone de superpoderes debe, o al menos puede, actuar para la prevención de la delincuencia.

Sin duda Spiderman ofrecería una respuesta afirmativa, aunque para aprenderlo hubo de pagar un alto precio: su primer instinto, tras adquirir facultades suprahumanas, fue utilizar sus poderes en provecho propio, lucrándose en el mundo de la farándula. Cuando dejó escapar a un ladrón, considerando que no era cometido suyo detenerlo, sufrió las iras del destino: el ratero acabó con la vida de su tío Benjamín. Y fue entonces cuando las palabras de éste surtieron efecto, convirtiendo al enmascarado en justiciero.

Fuerza física en manos de los ciudadanos

Ahora bien, desde un prisma jurídico la situación no resulta tan clara como a Spiderman pudiera parecerle. El monopolio de la fuerza física corresponde al Estado. De hecho, esa misma fuerza es la que sustenta el ordenamiento jurídico: las normas se convierten en imperativas precisamente porque el Estado garantiza su cumplimiento de forma coactiva (multas, prisión, incluso pena de muerte, allí donde ésta se haya previsto).

Si los ciudadanos –entre los que se encontraría Spiderman– pueden en alguna ocasión hacer uso de esa fuerza física es sólo porque su legítimo ostentador –el Estado– se lo permite para casos tasados. Así sucede por ejemplo en la legítima defensa: cualquiera puede responder con la fuerza siempre que esté en riesgo real su vida o integridad física.

Idéntica situación se produciría si fuese un tercero quien padeciese ese riesgo: cualquier ciudadano podría auxiliarlo, empleando coacción frente al agresor. Del mismo modo, los individuos están legitimados para detener a un delincuente in fraganti o a un fugado de la Justicia, aunque con la obligación de ponerlo a disposición de las autoridades a la mayor brevedad (veinticuatro horas, en España), so pena de incurrir en una detención ilegal.

A estas situaciones debería, por tanto, ceñir Spiderman su cometido de vigilante. Cualquier otro uso de la fuerza no amparado por las normas sería ilegal, por cuanto supone una intromisión ilegítima del ciudadano –por más superpoderoso que sea– en los cometidos de los agentes y fuerzas de seguridad del Estado.

Así pues, desde un punto de vista jurídico, el tío Ben no tendría toda la razón: Peter Parker –y su alias Spiderman– no deberían sentirse obligados a administrar justicia. En los casos en los que el Estado lo permite (legítima defensa propia o de terceros y detención de delincuentes) no se trataría de una auténtica obligación, sino sólo de un derecho. En los demás casos, el uso de la fuerza le corresponde a los funcionarios del Estado, y la intervención de superhéroe sería en sí misma delictiva.

La cláusula de proporcionalidad

La idea de que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad” podría aplicarse, desde una segunda perspectiva, a cómo debería Spiderman hacer uso de sus extraordinarias facultades en aquellos casos que acabamos de mencionar, en los que el Estado sí le permitiría actuar. Aquí sí podría decirse que las enseñanzas del tío Ben se encuentran bien encaminadas. Y para entenderlo conviene hacer alguna precisión.

Cuando el Estado se ve obligado a aplicar la fuerza ha de ajustarse a la denominada cláusula de proporcionalidad, que entraña que sólo puede emplear la coacción imprescindible para conseguir el fin legítimo que pretende.

Así, por ejemplo, a la hora de disolver una manifestación ilegal, la Policía ha de tener presente el riesgo que esta representa: no es lo mismo que sea una marcha de jubilados, pacífica, que una protesta de radicales violentos.

Dependiendo del mayor o menor riesgo real, la Policía podrá aplicar más o menos contundencia al desarticular la manifestación. Y si utiliza una fuerza excesiva (esto es, jurídicamente desproporcionada) devendrá responsable penal o disciplinariamente por su actuación.

Cuando un ciudadano –e incluimos a Spiderman en la categoría– está legitimado para hacer uso de la fuerza física, su actuación se equipara con la de un agente de la ley, en el sentido de que también él habrá de ajustarse a la referida cláusula de proporcionalidad y sólo podrá emplear la fuerza necesaria para detener al delincuente o para defenderse a sí mismo o a un tercero.

Si utiliza una fuerza excesiva, su proceder ya no quedará respaldado por el Derecho, por más que esgrima que su intención era protegerse, amparar a una víctima inocente o impedir la comisión de un delito in fraganti.

Si tenemos presente que Spiderman tiene la fuerza y agilidad proporcionales de una araña, y que dispone de unos dispositivos mecánicos para lanzar un fluido arácnido de gran resistencia, resulta evidente que habrá de extremar las cautelas cuando hace uso de sus facultades.

Es en ese momento cuando las palabras del tío Ben cobran sentido: la gran responsabilidad que entraña un gran poder significa que ha de actuar siempre de forma proporcionada, teniendo presente que con sus poderes puede fácilmente causar un daño excesivo a los delincuentes cuando trata de detenerlos.

Y eso es algo que ni el tío Ben ni Spiderman quisieran.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation