Alfredo Serrano

Doctor en Economía, Coordinador América Latina Fundación CEPS

La estrategia es recurrente: la crisis justifica tomar medidas urgentes. Las medidas urgentes son necesarias pero no necesariamente deben ser las que se están tomando. En España, la opción hegemónica desde el estallido de una crisis pseudo paranormal (presentada como meteorológica, anónima y sin progenitores) ha sido endeudarse públicamente. Más concretamente, la maniobra elegida ha sido una política de reestructuración de la deuda, diseñando vasos comunicantes entre la deuda pública y un selecto sector privado. En estos años, el importe global de la deuda en España ha aumentado de 352,4% del PIB en 2008 a 395,7% en 2011. Detrás de cada gran número, siempre hay mucha letra pequeña. Desmenuzar un poco esta grandilocuente magnitud permitirá esclarecer ciertos matices que ayuden a entender qué transición se está llevando a cabo.

Por mucho que se diga, el caso en España no es el griego. En 2007, España sólo tenía deuda pública del 36% del PIB; en Grecia, este importe ascendía al 165% del PIB para ese mismo año. El gran problema de la economía española era la deuda, la deuda privada. Desde 2001 a 2008, la deuda privada pasó del 100% al 200% del PIB. El boom español se basaba en la industria del crédito. Otros países como Estados Unidos, adicto a la crédito-política, necesitó 22 años (1984 a 2006) para un crecimiento tan exponencial del endeudamiento privado. La cuestión, per se, no es el volumen de la deuda privada, sino el “para qué” de ese alto nivel de endeudamiento. Esa elevadísima deuda privada no estuvo en ningún momento conectada con la economía real, y mucho menos, con las necesidades reales de las grandes mayorías. Era una deuda privada no democratizada: a) solo una cuarta parte era deuda de las familias, y el resto, deuda empresarial, y b) el 95% de toda la deuda privada empresarial pertenece al 0,153% de las empresas españolas. El otro matiz a destacar es lo que sucede en términos de deudas en el sector financiero: la deuda bancaria es aproximadamente 1,4 billones de euros (un tercio del total de la deuda). Lo peor es que este escalofriante dato está acompañado de un alto valor en activos tóxicos (equivalente al 18% del PIB). Esto es, tienen altas deudas sin tener activos que la sostengan. Esto solo puede explicarse por otra cifra: el 60% de las operaciones del sector financiero español en estos años eran destinadas a la construcción y promoción inmobiliaria. Esta es la base del régimen de acumulación de la deuda (privada) en España en los últimos años para garantizar una hiper concentración de altos beneficios en manos de una gran minoría. Esta estructura de la deuda ha permitido que, por ejemplo, entre 1999 y 2006, las empresas españolas hayan aumentado sus beneficios netos en un 73% (más del doble que la media de la UE).

Después del 2008, la deuda ha cambiado su composición, pero no por azar, sino como consecuencia de asumir un modelo económico pensado para un crecimiento enriquecedor de la minoría. Ahora, la deuda tiene una notable cuota pública, entorno al 72% del PIB en 2011, aunque está todavía por debajo de la deuda pública de Estados Unidos, de Japón, o de la media de la UE. Este incremento de deuda pública en España obedece a una estructura económica generadora de beneficios empresariales, con salarios-empleos altamente dependientes de una riqueza ficticia, sin base productiva y mal distribuida, y financiada con mucho crédito. Cuando este crédito no tiene base económica real, se agota el tramposo circulo virtuoso. Y comienzan las soluciones urgentes ¿Cuáles? Flexibilidad laboral y rigidez de dividendos. En otras palabras, desempleo y caída de salarios para mantener constante la tasa de ganancia. Esto y no la mal llamada crisis es lo que ocasiona que el desempleo haya pasado del 9% en 2007 al 24,63% en 2012. Una primera razón del incremento de la deuda pública procede del financiamiento de un déficit ocasionado en parte por la prestación de desempleo. El problema no es el derecho a la prestación sino el desempleo como primera medida de ajuste laboral para mantener beneficios. Además, caen los ingresos públicos tributarios por la reducción en la actividad de la magra economía real, y porque muchos impuestos sobre los beneficios fueron reducidos en los años de vacas gordas. Por otra parte, la política pública ha destinado hasta el momento 100.000 millones de euros al sector financiero para desintoxicar sus balances. Esto es, 10% del PIB para sanear balances privados a costa de más deuda pública. El circulo es mucho más vicioso porque a medida que eso sucede se comienza a pagar intereses de la deuda contraída. Por ejemplo, durante el 2010, la Administración Central acudió a los mercados en 52 ocasiones, para pedir prestados 208.624 millones de euros; de esta cantidad, más del 50% se destinaron a amortizar deuda. Desenlace: desde 2007 hasta la actualidad, la deuda pública se ha duplicado.

Esta es el leitmotiv de la nueva transición en marcha, pactada por la minoría, una transición endeudada socialmente con el pueblo y deudora con el capital. Los poderes económicos europeos y mundiales, usando un instrumental bipartidista en democracia aparente, diseñan una transición en aras de una suerte de desamortización española del siglo XXI que reordene la concentración de la riqueza y reconfigure públicamente la base de acumulación de la deuda total. Esta será la política económica de los próximos años si no lo evita otra transición, otro gran pacto de las mayorías a favor del desendeudamiento social sin pagar deuda ilegitima. Está en manos de la otra transición que la ilegitimidad se convierta en ilegalidad si así se decide políticamente. Hace mucho, en 1953, Alemania negoció en Londres una quita y moratoria del pago de la deuda externa. Hace poco, en 2007, el nuevo gobierno de Ecuador decidió políticamente auditar la deuda contraída por la vieja casta política. Declaró ilegitima gran parte de la misma. Dijo que no lo pagaría. Frente a la amenaza no creíble de los acreedores, la decisión política fue no pagar. Otro desenlace es posible: los acreedores debieron pensar que “mejor algo que nada” y aceptaron el 30% del valor total. Ecuador ha preferido optar por el desendeudamiento social.