¿Y si el TTIP lo paran en USA? Los problemas de Obama lastran el TTIP

Adoración Guamán Hernández

Profesora de derecho del trabajo en la Universitat de València, Directora de la FEC y miembro del Grupo Ruptura. Acaba de lanzar el blog https://desmontandoalttip.net

La Unión Europea está negociando con Estados Unidos un Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) cuya conclusión está considerada como una prioridad política en ambos lados del Atlántico. El Tratado, publicitado como una bendición para la ciudadanía de ambos bloques, con capacidad para crear empleos y crecimiento económico, está sin embargo levantando un rechazo creciente tanto en Europa como en EEUU y una multitud de interrogantes sobre sus reales efectos y posibles consecuencias.

Las razones económicas que se empeña en presentar la Comisión Europea para defender el Tratado han sido cuestionadas por multitud de estudios, mientras, aumenta la preocupación por las repercusiones que el TTIP pueda tener sobre los servicios públicos, los niveles de protección respecto del medio ambiente, los derechos de los trabajadores, el control fitosanitario de los productos de consumo y un largo etc. Distintos movimientos sociales, sindicatos y un amplio número de partidos de la izquierda europea están protagonizando o sumándose a la campaña para frenar la aprobación del Tratado, manteniendo la idea de que el TTIP no es un Tratado de Libre Comercio (TLC) sino un acuerdo para reubicar el poder de toma de decisiones, alejándolo de la ciudadanía y los parlamentos y dejándolo, ya completamente, en manos de los lobbies, los bancos y el capital financiero.

A medida que se va conociendo el contenido de la negociación aumenta entre la ciudadanía de la Unión Europea el sentimiento de rechazo respecto del TTIP. Y es que, frente al secretismo y la falta de transparencia que todavía mantienen respecto de cuestiones cruciales de la negociación, el futuro contenido del Tratado es cada vez más evidente, sobre todo tras la publicación del acuerdo final del CETA (el Tratado UE-Canadá). Este acuerdo, cuya negociación ya ha terminado, entrará en su fase de votación en los próximos meses y se presenta como la base de “mínimos” para el TTIP. De su lectura podemos deducir que las principales amenazas que se vienen denunciando por quienes critican al futuro Tratado parecen ciertas. En efecto, el CETA incluye tanto la “cooperación reguladora” para eliminar las barreras no arancelarias como el mecanismo de protección de los inversores (el llamado ISDS, investor-to-state dispute settlement). Ambas cuestiones implican, como se ha denunciado en numerosas ocasiones, una subversión de los procedimientos de toma de decisiones por los órganos de representación de la voluntad popular y un cuestionamiento de la capacidad jueces y tribunales para aplicar la ley a los inversores extranjeros.

De manera similar, al otro lado del Atlántico las distintas voces críticas se están multiplicando, no sólo contra el TTIP sino en particular contra el TPP (Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica) que se está negociando entre USA y once países (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malaysia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam). Entre estas voces disidentes destaca la de Elizabeth Warren, Senadora demócrata que mantiene una cruzada contra los distintos tratados de libre comercio que está negociando USA. La Senadora ha alzado la voz contra el ISDS, acusándolo de ser un mecanismo para disminuir la soberanía de los Estados Unidos, ha criticado las consecuencias que el TPP puede ocasionar a la economía estadounidense, ha señalado la falta de transparencia de las negociaciones y ha sacado a la palestra las nefastas consecuencias que la NAFTA (Tratado de libre comercio entre USA-Canadá-México) ha acabado generando. Más aun, la Senadora ha conseguido ganarle la primera batalla a Obama en el Senado respecto del llamado “Fast-Track”.

Como puede observarse, la crítica de esta Senadora demócrata reviste una especial importancia. Los tratados de libre comercio, en particular el TTP y el TTIP son una de las piezas fundamentales de la política económica de Obama. Para la conclusión de estos Tratados, el Presidente necesita una “Autorización para la Promoción del Comercio” (TPA también conocida como “Fast Track) que debe aprobar el Congreso. Se trata de una autorización para negociar Tratados de libre comercio que permitiría al Presidente conseguir su aprobación por un procedimiento rápido, según el cual el Congreso tomaría en consideración el Tratado según la propuesta de la Casa Blanca, con un debate limitado y sin posibilidad de enmiendas, para aprobarlo o no con una votación por mayoría simple. Este procedimiento que limita el poder de decisión de la cámara de representantes no es extraño, una particular imitación del mismo fue introducida por el Tratado de Lisboa (que entró en vigor en 2009) y que abrió la puerta al Parlamento Europeo para participar, sin posibilidad de enmendar la propuesta de la Comisión y mediante una votación por mayoría simple, en el procedimiento de aprobación de Tratados de Libre Comercio por la Unión Europea.

Siguiendo con el conocido como “Fast-Track” que tanto preocupa a Obama, cabe señalar que durante más de treinta años, el Congreso de los Estados Unidos ha concedido la autorización al Presidente, siendo la vía habitual para aprobar los distintos TLC que se han ido adoptando. La última autorización aprobada fue solicitada en el año 2001 por George W. Bush y fue aprobada por un voto de diferencia, bajo su paraguas y hasta el año 2007 se aprobaron TLCs con países como Chile, Singapure, Australia, Marruecos, República Dominicana, distintos países de Centro América, Colombia, Panamá…

La aprobación del TPP y del TTIP, además de otros Tratados, necesita de una nueva autorización que debe ser aprobada por las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Diversos senadores demócratas, entre los que se destaca la Senadora Warren, habían manifestado su oposición tanto a los Tratados como a esta autorización y consiguieron el resultado esperado. La primera derrota de Obama llegaba el pasado martes día 12, cuando la autorización era rechazada por el Senado gracias a los votos de los senadores demócratas. Todos los compañeros de partido de Obama menos uno se pronunciaron en contra de su Presidente que obtuvo únicamente el apoyo de la bancada republicana.

Los efectos de este rechazo para la aprobación de los dos mega-tratados que hoy se están negociando pueden ser vitales. Para muchos, la victoria de la postura defendida, entre otros, por la Senadora Warren deja a los acuerdos de comercio con el Pacífico y con la UE en estado comatoso. Probablemente esta opinión sea exagerada aunque la importancia de que diversos representantes demócratas mantengan la oposición a estos Tratados, con argumentos similares a los que se están manteniendo en Europa respecto de cuestiones tan fundamentales como el ISDS sea innegable. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el problema del TTIP no es sólo este mecanismo de arbitraje sino el Tratado en sí mismo y el resto de su contenido, en particular la llamada “convergencia reguladora” y las posibles consecuencias que pueda tener la promoción del libre comercio en, por ejemplo, los derechos laborales o medio-ambientales. En efecto, el dumping social o la competencia entre diversos estados mediante la reducción de normativas protectoras de derechos no derivan directamente de estos mecanismos sino de la propia integración económica supranacional realizada sin criterios suficientes de protección de los derechos de las personas frente a la primacía de los derechos de los factores económicos. Más aun, el problema que nos plantea el TTIP, y el CETA, trapasa las consecuencias particulares sobre los derechos sociales y medioambientales porque, en realidad, con estos tratados lo que se va a producir es una disociación completa entre ciudadanía y poder político. Por ello, la cuestión no es tanto preguntarse cuáles son las consecuencias concretas de la aprobación del TTIP sobre cada una de nosotras, que también, sino cómo hemos llegado a una situación en la que la Unión Europea puede llegar a aprobar un Tratado como este. Y ese problema no se soluciona con un NO que provenga del otro lado del Atlántico.