El estado unitario y neoliberal contra la soberanía democrática

Javier Segura

Profesor de Historia www.javisegura.es

Las movilizaciones de la ciudadanía social (1) vinculadas al movimiento 15-M y sus reivindicaciones y al procès soberanista en Catalunya pusieron en evidencia, con toda crudeza, los rasgos en los que se asienta la falta de calidad de la democracia española : la sacralización injustificada de la Monarquía como garante de la “unidad de España”; la subordinación del Estado, fundamentado constitucionalmente en la soberanía popular, a los privilegios de las élites empresariales y financieras; la falta de independencia del poder judicial, políticamente “intervenido”; y la infravaloración del carácter plurinacional del Estado español. Frente a esta realidad, la conducta del Estado central ha consistido en la deslegitimación, la hostilidad, la neutralización o la represión de todo movimiento social o nacional que pudiera alterar los equilibrios de poder del Régimen del 78.

En esta lógica se inscribe la operación desplegada en Catalunya por el Gobierno de M. Rajoy en respuesta a la declaración del Parlament del pasado 27 de Octubre en favor de la independencia de la nación catalana (2), fruto del cierre de filas institucional en torno a la “libre” interpretación gubernamental del artículo 155 de la Constitución del 78. Dicha operación, que combinó la intervención violenta de policías y guardias civiles contra el dispositivo organizado para el referendum legítimo (3) del 1 de Octubre, la supresión de los poderes autonómicos, la imputación de delitos, rescatados de las “catacumbas” jurídicas, como el de rebelión y sedición, a numerosos líderes catalanes y el procesamiento de personas por conductas de odio, dicha operación, digo, desembocó en un contrasentido democrático: que las pasadas elecciones del 21 de Diciembre se celebraran dentro de un marco político de excepción, diseñado para desmantelar la capacidad de autogobierno de la Generalitat y, de paso, excluir al nacionalismo cívico catalán como opción política real. Era un escenario sin duda previsto por el Gobierno de M. Rajoy desde que, en 2015 , aprovechando la mayoría absoluta en las Cortes, reformara la ley para otorgar al Tribunal Constitucional competencias sancionadoras propias del poder ejecutivo, como la suspensión en sus funciones de los cargos que rehusaran cumplir sus sentencias, con objeto de dinamitar el procès soberanista y, de paso, meter en cintura al conjunto de comunidades autónomas.

No resultó. Lo impidió la ciudadanía social catalana, la que el pasado 1 de Octubre hizo un ejercicio ejemplar de resistencia democrática y pacífica para proteger los colegios electorales de las agresiones policiales, la que dos días después secundó una huelga general en protesta por la represión, la que se manifestó el 7 de Diciembre en Bruselas, capital de las instituciones europeas en apoyo del Govern de Catalunya, condenado con procesos judiciales, cárcel y exilio (4), y la que el 21 de Diciembre concedió la mayoría en el Parlament de Catalunya a las fuerzas políticas independentistas, PDeCAT , ERC y la CUP, a la que habría que sumar En Comú Podem como fuerza no independentista, pero partidaria del “derecho a decidir”.

Desde esta perspectiva, la situación política actual de Catalunya, en la que el Gobierno del Partido Popular ha mancillado los más elementales principios democráticos del juego limpio, no resulta de un golpe de Carles Puigdemont contra el Estado de Derecho, como defienden los delegados políticos del nacionalismo español, PP y Ciudadanos, en su versión más integrista y PSOE en su concepción liberal. Tampoco se define por la polarización entre bloques políticos antagónicos, el “constitucionalista” y el “independentista”, con igual reparto de responsabilidades (el “mito ibérico de los dos bandos”), en la que la agenda social, progresista, queda subordinada a la nacional, liberal-burguesa, como plantean quienes apuestan por un “referéndum pactado” en el marco de un estado plurinacional. Esta situación política surge de la incapacidad del actual marco autonómico para afrontar, en una nueva circunstancia histórica, el conflicto secular derivado de la negación por el Estado central de los derechos nacionales de Catalunya, expresados hoy en el derecho a decidir sobre una demanda profundamente ilusionante en Catalunya: la construcción de una república democrática e independiente, entendida como una oportunidad para construir una sociedad más próspera y justa. ¿Qué problema hay? (5)

En este sentido, es preciso recordar que el procès soberanista no fue creado “desde arriba”. Desde el principio fue un movimiento social articulado en torno a plataformas cívicas, como la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, lideradas, respectivamente, por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, hoy en la nómina de presos políticos del Régimen del 78 (6). La incorporación al movimiento de la derecha nacionalista catalana, a través del Partido Democrático de Cataluña (antigua Convergencia), tuvo lugar después de que, en Marzo de 2012, el Congreso de Convergencia Democrática de Catalunya adoptara por 1ª vez una ponencia política independentista, surgida, además, de sus propias bases.

De esta forma, la declaración de independencia de Catalunya aprobada por las fuerzas soberanistas en el Parlament de Catalunya, nada tuvo de golpe de mano. Fue la respuesta democrática a un anhelo de autogobierno, expresado mayoritariamente en las urnas, que, en las circunstancias actuales, no puede alcanzarse por otra vía que no sea la de la insumisión y la desobediencia civil (7). Lo impiden el artículo 2 de la Constitución española, que sanciona la “indisoluble unidad de la Nación española”, un sistema electoral que, en línea con las tesis defendidas por Alianza Popular en los debates que dieron lugar a la Constitución del 78, favorece la formación de mayorías y priva de capacidad decisoria significativa a las formaciones políticas de ámbito autonómico, la negativa de la oposición del PP, Ciudadanos y el PSOE a que la reforma constitucional pueda convertirse en un proceso constituyente, indispensable si se reconoce la plurinacionalidad del Estado español y, sobre todo, la deriva autoritaria del Régimen del 78 en una dirección anti-social, oligárquica y sin división real de poderes desde que fuera puesto a prueba por el movimiento del 15-M.

En la ofensiva desde todos los frentes contra el procès, se han dado cita, entre otras conductas, los chantajes de las empresas del Ibex 35 para sembrar el miedo con la amenaza de abandonar Catalunya, la judicialización política, que permite convertir derechos en delitos sin coste político para los gobernantes, la hostilidad generalizada de los grandes medios de comunicación contra las voces disidentes del “culto a la unidad de España”(8) y las maniobras de los partidos autodefinidos como constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos, para asegurarse el poder institucional en el el status quo del 78. Es una realidad que desborda los límites de la “cuestión catalana”, presentada interesadamente desde las tribunas mediáticas y políticas como un caso singular de la política española, para convertirse en un asunto de derechos y libertades civiles que cuestiona las leyes y las políticas públicas impulsadas en el marco del Régimen del 78.

En efecto, se trata de una embestida perfectamente pensada, articulada en torno a un nuevo proyecto de Estado-nación que prioriza la expansión del gran capital en perjuicio de los derechos de ciudadanía, que cercena el ejercicio de competencias reales de ayuntamientos y comunidades autónomas, interviniendo sus cuentas públicas o paralizando su legislación progresista con recursos ante el Tribunal Constitucional, que criminaliza la protesta o la disidencia y se sirve de las cloacas del Estado y el concurso servil de los grandes medios de comunicación para descabezar aquellos movimientos alternativos ante los que se carece de ideas y razones que contraponer y que transforma los conflictos políticos en asuntos de orden público o materia penal, banalizando los encarcelamientos por motivos políticos. En definitiva, una deriva que supone el desmantelamiento del propio Estado social y democrático de Derecho, retóricamente invocado, en favor del Estado neoliberal-uninacional, en el que mientras el dinero es libre, la censura y la represión política siguen existiendo bajo nuevos ropajes. ¿No nos estamos dando cuenta?

La revuelta ciudadana en Cataluña merece una gran oportunidad. Se la han ganado.

NOTAS

(2) La legitimidad de la idea de Catalunya como nación deriva, pura y llanamente, del consenso cívico en torno al mismo. Este consenso es propio de la idea de nación como asociación libre de los habitantes de un territorio, dotados de derechos y, por tanto, de soberanía. Frente a la nación cívica catalana, el nacionalismo español presenta un claro déficit de legitimidad, derivado de la idea de la nación española como realidad heredada e independiente de la voluntad de sus habitantes, lo que excluye el reconocimiento de otras naciones.

(3) De forma generalizada desde las tribunas del nacionalismo español la mención al referendum ha ido acompañada del término “ilegal”, como si fuera un hecho incontestable. Frente a esta concepción, recordar que legitimidad se fundamenta en los principios éticos universales que representa la democracia, con todas sus consecuencias.

(4) La desaparición de la dictadura y la llegada de la democracia no significó la desaparición de la persecución política. Sigue existiendo, eso sí, bajo otras formas. En un país que ha sufrido la represión y el exilio, ¿Se puede poner en duda que la marcha de parte del Govern y de Carles Puigdemont a Bruselas y el mantenimiento en prisión de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras y Joaquim Forn obedece a causas políticas?

(5) A diferencia de lo que ocurre con el nacionalismo español, en el que la igualdad en lo nacional sirve para enmascarar la desigualdad en lo social, en Catalunya lo social y lo nacional van de la mano. La Estelada no sólo encarna el derecho a la soberanía política, sino también el de construir un orden social justo y solidario.

(6) Según Amnistía Internacional, “un preso político o prisionero político es cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel o detenida de otro modo, por ejemplo bajo arresto, sin haber cometido un delito tipificado, sino porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea …” En otras palabras, la condición de preso político no se adquiere por vivir bajo una dictadura fascista o haber sufrido vejámenes y torturas. En un régimen nominalmente democrático, como el español, puede haber presos políticos de la misma forma que hay corrupción, desahucios, atentados a la libertad de expresión o discriminación social, de género o étnica. No se cómo calificar la utilización mediática de los testimonios de ex-presos políticos de la dictadura, a los que todos admiramos, para banalizar e, incluso justificar, el encarcelamiento de Jordi Cuixart, Jordi Sanchez, Oriol Junqueras y Joaquim Forn.

(7) La desobediencia civil responsable constituye un derecho en manos de la ciudadanía cuando las leyes sancionan la injusticia e impiden, vulneran o violentan los derechos humanos.

(8) La idea de unidad de España explotada por el nacionalismo español, es una construcción imaginaria (mito) que utiliza de manera retórica valores identitarios, como el orgullo de ser español o la igualdad entre españoles, para legitimar la idea real de la unidad de España como unidad política de los territorios en torno al Estado central. Esta falsa asociación de la unidad del Estado con la “unidad de los españoles” que conforman “un solo pueblo” fundamenta también la retórica utilizada para señalar al nacionalismo catalán, entre otros, como el enemigo que amenaza la identidad nacional, vinculándolo a la ideología “maléfica” del separatismo y al deseo “perverso” de “romper España”. Un auténtico residuo de la disctadura: frases vacías, repetidas una y otra vez de manera absolutamente peyorativa para provocar el rechazo irracional al nacionalismo catalán, entre otros.