Este artículo forma parte de la colaboración entre el Institut Sobiranies y 'Público'.

En Catalunya existe un término bastante extendido entre ciertos ambientes que es el de la vasquitis. Dicho adjetivo, como su propio nombre indica, pretende definir, como si de un catarro se tratara, la fijación de algunos militantes y no tan militantes por todo lo que tiene que ver con la izquierda abertzale. Tener “vasquitis” significa, o significaba, importar a Catalunya todo lo que tuviera que ver con el independentismo vasco, desde su modelo organizativo hasta su estética. Con no poca agudeza, un amigo describía a todos aquellos que vestían con botas de montaña en Barcelona como “los escala-aceras”, haciendo énfasis en la obviedad del sinsentido de vestir con la equipación quechua en una ciudad sin montes.

Quizás por edad, o quizás por ser hija de militar y recordar con bastante claridad cómo mi padre se quitaba el uniforme unos cuantos metros antes de llegar a casa siguiendo las recomendaciones del cuartel, yo nunca tuve un especial interés en todo ese mundo que tanta afición despertaba en mi entorno universitario. Por el contrario, sí hice varios viajes a Euskadi y fueron muchas las reuniones con el sindicato estudiantil vasco, Ikasle Abertzaleak. Todos ellos pasaron a ser buenos compañeros de los que me sorprendió, sobre todo, su capacidad para diseñar estrategias a cuatro años vista y no separarse de dichos objetivos ni un milímetro. Sobre todo, porque esta manera de hacer las cosas se estila poco en la Catalunya de raíces anarquistas.

Sea como fuere, la constancia de la izquierda independentista vasca ha sido resumida en varias ocasiones por la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, con esta rotundidad: “Somos gente de fiar y cumplimos con la palabra dada”. Y este no es un tema menor. No lo es, porque, en general, tenemos la costumbre de elucubrar las estrategias de los partidos políticos a partir de lo que no se dice, pensando incluso en si vale la pena tomarse en serio las palabras de los líderes políticos. Qué más cabe añadir cuando llevamos una semana inmersos en la bronca de la reforma laboral precisamente porque nuestro Presidente es experto en dicha materia del giro, o más bien, del derrape discursivo. Por eso es tan importante la transparencia de la izquierda abertzale, porque abunda poco, y sobre todo porque significa que cuando Arnaldo Otegi dice, como hizo en su última entrevista en CTXT, que el objetivo de Bildu es el de un proyecto confederal y el de “influir de manera conjunta en aportar soluciones democráticas al modelo territorial del Estado”, estas palabras hay que tomárselas muy en serio.

Y es que no es para menos. Dicha apuesta estratégica significa que una parte del nacionalismo vasco ha decidido abandonar la relación de exterioridad que históricamente había tenido Euskadi con la transformación de España. En este sentido, como bien explica Xavier Doménech en su libro Haz de naciones, este papel de vanguardia y pegamento a la hora delimitar la organización territorial del Estado había estado reservada a lo largo de los años para los partidos catalanes. Así fue en la Primera República, en la Segunda y también en la Transición. Contrariamente, los partidos vascos, en este caso capitaneados por el PNV, aspiraron en el debate constitucional a transformar, primero, la situación en el País Vasco a partir de la aprobación de su Estatuto, para, solamente después, definir de forma bilateral su relación con España. Y hablando de Xavier Doménech, no parece tampoco un asunto menor que Arnaldo Otegi vuelva a poner en primer plano de la discusión el concepto de “soberanías compartidas” tan utilizado por el historiador catalán en sus tiempos como líder de En Comú Podem.

La agenda abertzale es clara: ampliar soberanías propias, mecanismos para el ejercicio del derecho a decidir, un marco competencial amplio y la aceptación del carácter nacional del pueblo vasco. Todas estas propuestas son compatibles con un marco común: el de la España plurinacional. Un proyecto que a diferencia de lo que dicen algunos y algunas no tiene nada que ver con las cesiones, sino con el hilo democrático y republicano que ha ofrecido al conjunto del país los periodos históricos de mayor avance progresista. Porque no se puede hablar de libertad republicana entendida simplemente como la no dominación de los individuos. La libertad se ejerce siempre de forma colectiva, y guste más, o guste menos, las naciones siguen siendo los espacios centrales donde afirmar nuestra voluntad de ser en común. Del mismo modo, resulta caricaturesco leer cómo algunos de los mayores defensores de la soberanía española en su relación con Europa niegan la necesidad de construir alianzas con los nacionalismos periféricos. Sencillamente, porque si aceptamos, como argumentan, que el conflicto entre la soberanía democrática y el “globalismo” sigue siendo el eje central de nuestro tiempo político, es evidente que el auge de los partidos independentistas y regionalistas responde al mismo fenómeno. Por eso, ante una misma causa, la conclusión no puede ser centralizar hacia dentro, sino recuperar la capacidad de decisión que ha sido minada hacia fuera.

Pero volvamos al intercambio de roles entre Euskadi y Catalunya. Mientras la izquierda abertzale ha entrado en escena como actor con voluntad de incidir en la transformación política de fondo del Estado, ERC parece haber elegido el camino contrario. A imagen y semejanza del Scotish National Party, el partido de Oriol Junqueras ha decidido que su estrategia pasa a día de hoy por gobernar bien la Generalitat y “ser más” con el objetivo último de volver a plantear, más temprano que tarde, un nuevo referéndum. Esto se traduce en una agenda pensada en clave de llevarse victorias a casa y que no tiene porqué implicar -de hecho, hasta hoy no implica- ninguna agenda común para la reforma de España. Sólo en esta lógica se explica porqué las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado están girando en torno a cuestiones como la protección del catalán en las plataformas audiovisuales y, no, por ejemplo, sobre la derogación de la reforma laboral como sí planteó Bildu en su momento. En este sentido, la Mesa de Diálogo, que en otro tiempo podría haber supuesto el germen de un nuevo pacto territorial, parece hoy más un instrumento al servicio de un objetivo: ganar tiempo para demostrar al conjunto del independentismo que no existe una contradicción insuperable entre la reforma de hoy y la ruptura de 2017, sino que como decía el poeta, el camino de la soberanía se hace al andar.

Esta estrategia, legítima, por supuesto, podría acabar conduciendo al conjunto del Estado hacia un modelo más democrático y confederal ya que no se puede avanzar en nuevas conquistas para Catalunya sin que eso implique una redefinición del conjunto del modelo territorial. Sin embargo, España no es Gran Bretaña, y existe el riesgo de que dicho plan acabe chocando con el muro de PP y VOX en 2023. Una hipotética mayoría que a pesar de los esfuerzos del líder popular en el Parlament, Alejandro Fernández, hace mucho que ha dado a Catalunya por perdida. No se trata de decir que viene el lobo, sino de certificar la evidencia: la España en blanco y negro contra la utopía disponible del independentismo ha funcionado en el plano electoral, pero no lo ha hecho en lo que al avance nacional y social se refiere.

Por eso, si en algún contexto creo que vale la pena recuperar la vasquitis, es precisamente ahora. Bildu está proponiendo, con mucha valentía, una propuesta política que pasa por fundar un nuevo consenso político desde el pilar del pacto territorial que otros se empeñaron en hacer añicos hace más de una década. Y la tarea no es sencilla. Hasta el momento, el PSOE parece entender el debate territorial como un juego de equilibrios y es manifiesta su falta de voluntad de aprovechar el mandato de Sánchez para fundar una nueva idea España, algo que sí pretendió en su día su antecesor Felipe González. Por otro lado, tenemos a Isabel Díaz Ayuso haciendo del extractivismo de su región la principal bandera política y económica del mandato. Sin embargo, no es menos cierto que la correlación de fuerzas nunca había sido mejor a la hora de buscar agendas comunes y anclajes que permitan al conjunto de las fuerzas progresistas avanzar o resistir en caso de encontrarnos ante un escenario de tierra quemada.

Porque al fin y al cabo, a veces el antagonismo hace más piña que cualquier proyecto de afirmación en positivo. Y es que por algo se empieza. Por eso la cuestión de la financiación, liderada, en este caso, por el País Valencià, el desmontaje de la España radial o las reformas y descentralización que necesita el Poder Judicial podrían ser un ensayo para una agenda capaz de sostener el paraguas común bajo el que decidir compartir la soberanía. A la vez, está claro que existen cuestiones claves como la reforma laboral que deben comprometer también a las fuerzas soberanistas cuya estrategia ya pasa por una diagnosis, según la cuál, no existen dos realidades paralelas e inconexas que separan España de Catalunya. Las siguientes semanas, en medio del fuego cruzado de la coalición y la negociación de los presupuestos generales del Estado serán claves para ello.