Desde el mes de diciembre, algunas personas contemplábamos lo que estaba sucediendo en Cataluña con decepción y tristeza. No por la hoja de ruta del procés, sino por la falta de rumbo de las actuaciones de los partidos que representaban a la mayoría de catalanes. Ahora esta decepción se ha confirmado.

La resolución de la Audiencia Territorial de Scheweslig Holstein se ha dictado en un lugar curiosamente significativo, y no es sólo simbólica por su contenido. El actual land alemán fue en los últimos siglos un lugar dividido por la lengua y la identidad de sus habitantes, daneses y alemanes, y pasó alternativamente de depender de Alemania y Dinamarca, con varias guerras entre ambos países. En 1920 tuvo lugar un referéndum en el que la mayor parte de los habitantes de la zona septentrional del país votaron por la anexión a Dinamarca, mientras los de las zonas centrales y meridionales refrendaron con igual rotundidad a favor de la incorporación a Alemania. La partición del territorio se realizó de acuerdo con la decisión de sus habitantes, y nunca fue cuestionada (ni siquiera por Adolfo Hitler). Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Dinamarca firmaron un acuerdo de respeto absoluto a las minorías, alemana y danesa, a ambos lados de la frontera, que se cumple escrupulosamente. En ambos lugares hay partidos que representan a esas minorías y ocupan una pequeña parte de escaños en ayuntamientos y departamentos.

Las nociones de referendo, y creencias identitarias divididas de los habitantes forman parte de la cultura básica de un alemán de Scheweslig Holstein, y sin duda habrán tenido alguna influencia en la decisión de la Audiencia. Pero saltando de lo particular a lo continental, cualquier persona que haya leído en los últimos meses prensa europea, sin demasiadas excepciones, habrá concluido que nuestra concepción del “problema catalán” o no es entendida, siendo benévolos, o no es compartida por la opinión pública. El concepto de violencia que utiliza nuestro Ministro del Interior, el señor Zoido, se parece demasiado sospechosamente al pensamiento reaccionario que a finales del siglo XIX consideraba violentas todas las protestas del movimiento obrero, e incluía los departamentos de Asuntos Laborales en los Ministerios de Orden Público, precisamente para ejercer la violencia contra los trabajadores. Conflicto social no es lo mismo que violencia, el monopolio de la violencia que otorgamos al Estado no significa que el derecho a protestar no suponga derecho a molestar, y como dijo el Tribunal Supremo norteamericano en una sentencia famosa éste es un derecho “robusto, desinhibido e ilimitado”. En resumen, los Tribunales europeos no aceptan la doctrina Zoilo, de la misma forma que los periódicos europeos no aceptan nuestro punto de vista, o que Amnistía Internacional señala que algunos derechos se encuentran en España amenazados.

Lo que no tendría nada de particular sino fuera por el silencio del PSOE, solo roto esporádicamente por alguna intervención especialmente sensata de Felipe González, como cuando señala la imposibilidad de dejar de hacer política para refugiarse detrás de las togas de los magistrados. De hecho, el PSOE renunció a exigir al gobierno explicaciones por las cargas policiales del 1 de octubre, en las cuáles se apreciaba algún signo de violencia innecesaria, y después de una carta firmada por un buen número de amigos y compañeros míos, ha asumido como propia sin matices relevantes la posición del Gobierno y de los jueces, una posición que nos distancia de la Europa democrática cuya pertenencia hemos conquistado y que nos enorgullece. El Partido Socialista ha aguantado a pie firme las embestidas de la derecha más reaccionaria, que en este caso se refugia detrás de familiares dolidos por tragedias, para extender la prisión perpetua revisable. Lo ha hecho por convicción democrática y por no atribuir a la exasperación penal capacidad disuasoria alguna. Y debe alcanzar una voz propia, nítidamente democrática, para extraer de los límites de la pura sujeción al Código Penal un conflicto con muchas otras dimensiones. Sólo cuando en el plano de las ideas tengamos una posición firme podremos con nitidez resaltar las incoherencias de los demás.

La sentencia de la Audiencia alemana ha dejado claro que, hasta ahora, no consideran fundado el que el señor Puigdemont vaya a ser objeto de persecución política si es juzgado en España por su uso del dinero público de forma inadecuada, pero no debe serlo por sus comportamientos o por sus creencias. No estaría de más que los jueces españoles asumieran, aunque les pese, que esa tesis encontraría hoy bastante más respaldo en Europa que los autos del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. Necesitamos mantener el respaldo y la comunión con Europa. Los que piensan que la dimensión europea es irrenunciable no lo hacen sólo desde la óptica de Cataluña, sino del interés de España entera.