La violencia machista debería ser una cuestión de Estado

Inmaculada Montalbán

Magistrada. Ex Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial

La luz violeta del movimiento feminista prendió en la Alhambra de Granada y en muchas otras ciudades. Anunció la primera Marcha Estatal contra las Violencias Machistas. Miles de mujeres subieron a autocares y coches destino Madrid. El centro administrativo del poder. Donde están las instituciones y personas con poder para erradicar la desigualdad, esa carcoma de la democracia que se retroalimenta a través de las diferentes formas de violencia que tanto sufrimiento causa a las mujeres y que provoca feminicidios y esclavitud en las mujeres sometidas a los traficantes de cuerpos y vidas.

La última Macroencuesta de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, en colaboración con el CIS (2015), revela que un 12,5% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia física o sexual en la pareja o ex pareja alguna vez en la vida y que un 25,4% ha sufrido violencia psicológica. Otra violencia es la trata de mujeres con fines de explotación sexual. En todas las ciudades, puede que muy cerca de nosotros, vemos clubs de alterne con luces estridentes de reclamo para venta de dignidad y salud de mujeres. Se dice que afecta a 45.000 mujeres en España y genera beneficios a los esclavistas de aproximadamente cinco millones de euros al día.

Decididas a hacerse oír, las mujeres de la Marcha elaboraron un manifiesto claro con nueve puntos. Entre otros, reclaman que los poderes públicos renueven su compromiso, de manera activa, y que coloquen el terrorismo machista en la agenda política como cuestión de Estado.

Los porcentajes más altos de preocupación de la ciudadanía por la violencia contra las mujeres se dieron en el año 2004 y 2005, cuando se debatía sobre la Ley Integral y se aprobó por unanimidad de los grupos políticos. Recientemente hemos podido comprobar cómo muchos senadores y senadoras se marcharon del hemiciclo cuando llegó el momento de debatir propuestas en esta materia. En la permanente efervescencia política que vivimos y su reflejo en las tertulias televisivas no oímos reflexiones convincentes ni propuestas. Cuando hay un femicidio aparece un comunicado, si es que lo hay, pero responsables políticos no nos dicen qué hacen para interrumpir el aprendizaje de nuestros jóvenes en las violencias machistas. Suprimieron la asignatura de Educación para la ciudadanía y ya no sabemos qué hacen los educadores para explicar la historia de la socialización desigualitaria que sufrieron las mujeres en este país. Hasta 1975 tenían la obligación de obedecer al marido. Nadie garantiza que se explique a nuestros adolescentes que el machismo mata, y las razones por las que un hombre asesina a la mujer cuando ésta quiere separarse. ¿Alguien está señalando que la igualdad es beneficiosa para hombres y mujeres y no una amenaza para ellos?

Demandan en la Marcha que la Ley Integral se aplique a todas las formas de violencia contra las mujeres, en cumplimiento del Convenio de Estambul. Tras una década de experiencia institucional en el abordaje de la violencia sufrida en el ámbito de la pareja, podemos concluir que es necesaria la especialización y la formación en las características específicas de estas violencias con perspectiva de género para analizar el impacto negativo que sobre las mujeres tienen prácticas y leyes aparentemente neutrales. Esta ampliación de la ley es necesaria si queremos enfrentarnos a la nueva esclavitud del siglo XXI.

El feminismo es un movimiento social, teórico y político que tiene más de tres siglos de historia, un movimiento emancipatorio de los seres humanos. Consiguió convertir en público lo que antes era privado: la violencia contra las mujeres. Ahora se ha puesto en marcha con un reto: lograr que sea una cuestión de Estado.