Oriol Amorós
Diputado de ERC en el Parlament de Catalunya

He tenido la suerte de participar en el diseño de varias campañas políticas (y no políticas) en las que, siempre, lo primero es saber con qué argumentos se cuenta.

Ahora sitúese, esforzado lector, en la calle Génova de Madrid o en La Moncloa. Y piense en una campaña para convencer a los catalanes de que no pueden votar para decidir su futuro político en una elección específica para esta cuestión, es decir, un referéndum o consulta sobre la independencia. Y piense, por supuesto, que esta campaña se desarrolla en una democracia y en el siglo XXI.

¿Con qué argumentos contaría? Reconozco que se me hace muy difícil hacer tal esfuerzo, así que voy a recurrir a los que se nos han expuesto. Básicamente dos: no pueden votar y no les conviene votar.

El no les conviene votar (distingan del no les conviene la independencia, un debate que viene después) sólo tiene el camino de la amenaza explícita o velada, de la coacción inaceptable para cualquier demócrata, de las terribles consecuencias que puede tener conocer la opinión de la ciudadanía. La prensa anglosajona está acogiendo, por ejemplo, con gran sorpresa y creciente indignación la negativa de Rajoy (y Rubalcaba) a cualquier diálogo sobre la celebración de la consulta.

El no pueden votar se refugia detrás de la Constitución, utilizada a modo de barricada o de muro infranqueable. Una Carta Magna que habla de indisolubilidad de la nación española, cierto, pero que también consagra el principio democrático como base principal de la legitimidad y medio a través del cual los ciudadanos les dicen a sus gobernantes lo que deben hacer. Es una barricada a la que ya hemos planteado hasta cinco vías legales (ley 4/2010, ley de consultas, artículo 92 de la CE, transferencia vía 150.2 y reforma constitucional) sin que hayamos obtenido una sola respuesta para acomodar la voluntad democrática.

Por decirlo de una forma más clara: en democracia son las leyes que se adaptan a los pueblos y no al revés.

Se puede alegar que la independencia requeriría modificaciones legales, o no, pero esto vendría después. La cuestión es si se puede o no conocer la opinión de los catalanes y que ésta constituya un mandato democrático para sus gobernantes. En el siglo XXI, cuando todos los medios publican encuestas, cuando la expresión de la opinión es continua en las redes sociales, cuando vemos en las televisiones debates a todas horas, se puede decir a la población: 'Nosotros (políticos, periodistas,...) opinamos a todas horas sobre cuestiones concretas e individuales, pero ustedes no. Escuchen a los expertos que saben lo que les conviene, y cada cuatro años les llamamos para votar programas electorales con múltiples cuestiones'. Algo así como 'ustedes hagan tuits que nosotros decidimos'. Anticuado, empobrecedor, inaceptable. E inútil: no van a convencer a nadie.

Entre votar y no votar, nos lo ponen fácil. ¿Qué tal si empezamos el debate de verdad? ¿Le conviene o no a Catalunya ser un Estado independiente? ¿Qué tal si pasamos de la pantalla, dejamos atrás el debate tapadera y afrontamos la cuestión de verdad?

Ganaría Catalunya porque podría decidir (algo que han pedido el 80% de los catalanes en las últimas elecciones y tres manifestaciones de un millón, millón y medio y dos millones de personas, respectivamente). Ganaría España en calidad democrática y legitimidad (¿quién quiere ser de un país que retiene a parte de sus territorios por la fuerza?). Y ganarían todas las personas en respeto a su inteligencia por tener la oportunidad de debatir sobre unos argumentos mucho más interesantes e importantes en relación a su vida cotidiana.

Meses antes de la caída del Muro de Berlín, Erich Honecker proclamaba: 'El Muro durará cien años más'. El 9 de noviembre de 2014, casualidades de la vida, se cumplirán 25 años de su caída.