La Fiscalía se ha posicionado junto a la Abogacía del Estado y ha pedido al juez que investiga las cargas para impedir el 1-O que excluya al Ayuntamiento de Barcelona como acusación popular en el procedimiento, al considerar que el consistorio no fue ni ofendido ni perjudicado por los hechos.

En un escrito, la Fiscalía alega que no es ajustado a derecho que el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona habilitara al consistorio para que se personara como acusación popular amparado en "la protección, preservación y promoción de los valores simbólicos, el prestigio y la buena reputación asociados" al nombre de la capital catalana.

La Fiscalía discrepa de que el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau, pueda ejercer la acusación en la investigación sobre las cargas por el 1-O -en el que permanecen imputados una cuarentena de policías- con el pretexto de que velan para que no se produzcan en la ciudad "conductas discriminatorias".

Para el ministerio público, esa "genérica y vaga afirmación", prevista en la Carta Municipal de Barcelona, serviría para permitir la personación del consistorio en todo tipo de procedimientos penales en persecución de cualquier delito público cometido en Barcelona y que se considere que puede afectar al "prestigio y buena reputación" de la capital catalana. De hecho, el escrito resalta que para perseguir la delincuencia el ordenamiento jurídico ya prevé la institución de la Fiscalía, en defensa de los intereses públicos y generales bajo los principios de "legalidad e imparcialidad".

Por contra, el consistorio de Ada Colau, en un escrito dirigido al juez , pide poder seguir en el procedimiento porque entiende que el "sujeto perjudicado es el cuerpo social como colectivo del conjunto de los españoles interesados en la convivencia cívica". Se trata, según el Ayuntamiento, de unos hechos en los que se vieron afectados centenares de ciudadanos, con una "gran trascendencia social" y una "grave afectación a la convivencia ciudadana" y a los intereses y derechos individuales y colectivos.

En el escrito, el consistorio afirma que está "legitimado" para intervenir en la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas. "Es indudable que los hechos investigados son de mucha relevancia y han tenido una gran repercusión mediática", apunta el consistorio, que subraya que la Carta Municipal les faculta para promover "los valores simbólicos, el prestigio y la buena reputación asociada a la denominación Barcelona".