Este artículo se publicó hace 11 años.
171.000 ciudadanos piden al Gobierno que derogue las tasas judiciales
Fabián Valero, portavoz y creador de la iniciativa, ha acudido este lunes al Ministerio de Justicia para entregar esta petición popular a Alberto Ruiz Gallardón
Fabián Valero, abogado gallego y portavoz de la asociación Abogados Noos, junto con algunos miembros de Change. org y del Consejo General de la Abogacía Española han entregado este lunes 171.000 firmas al Ministerio de Justicia para que Alberto Ruiz Gallardón derogue la ley de tasas judiciales.
“La Ley de Tasas es un ataque al ciudadano medio, a los autónomos y a las PYMES. Su finalidad es sobreproteger a la banca y a las administraciones públicas, favoreciendo la impunidad y la arbitrariedad de estas últimas”, ha dicho Valero a las puertas del Registro. “La entrega de firmas es sólo el primer paso, la lucha contra las tasas judiciales continúa: seguiremos recogiendo firmas, movilizándonos y denunciando la inconstitucionalidad de la Ley”, ha añadido el abogado.
El abogado ha subrayado además que las administraciones públicas quedan exentas del abono de las tasas judiciales, mientras que miles de ciudadanos renunciarán a defender sus derechos ante las administraciones públicas por imposibilidad económica o porque el importe de la tasa será equiparable al de la multa que deben abonar.
Ha recordado que la ley de tasas judiciales se mantiene sin el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General del Poder Judicial, de las asociaciones de jueces, de los secretarios judiciales, de los sindicatos de Justicia, de las organizaciones de consumidores y usuarios y de los ciudadanos.
El letrado Fabián Valero, a través de Change.org, inició hace dos meses una campaña de recogida de firmas bajo el título 'Alberto Ruiz-Gallardón: Derogación de la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales'.
Las firmas se han conseguido a través de adscripciones por medio de Internet, que comenzaron el pasado 5 de enero en la plataforma Change.org para pedir la derogación de la norma legislativa aprobada por el Gobierno.
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