Algo se mueve. 13 meses después de la desaparición de ETA, 43 presos han conseguido pasar a segundo grado, un hecho inédito hasta ahora. El Gobierno considera que los reclusos, al recorrer el camino individual para conseguir esas mejoras, aceptan la legalidad. En ese contexto, el Ejecutivo ha trasladado a las principales organizaciones de víctimas que solamente acercará a cárceles próximas a Euskadi a quienes hayan obtenido ese cambio de clasificación penitenciaria.

Este jueves, Etxerat –colectivo que agrupa a los familiares de los reclusos- ha dado a conocer ese número de cambios de grado, al tiempo que aseguraba que 142 de los 213 presos que hay ahora mismo en cárceles españolas “han dado comienzo al nuevo recorrido jurídico”.

Según ha podido confirmar Público, el cambio cuantitativo se produjo en marzo pasado, cuando se realizó la revisión trimestral de progresiones. Si a finales de 2018 había en torno a 20 presos clasificados en segundo grado, actualmente suman 43. En tal sentido, se prevé que Instituciones Penitenciarias realizará nuevos cambios de grado en los meses próximos.

Estas mejoras, ajustadas a la ley, abrirán el camino a futuros acercamientos de presos a cárceles próximas a Euskadi –el Gobierno condiciona el traslado a la concesión previa de segundo grado-, lo que implicará –de a poco- el fin de la política de dispersión aplicada contra los presos condenados por delitos relacionados con ETA.

“Hay que subrayar que esa condición no tiene ninguna base jurídica, porque el alejamiento fue una decisión política. Lo que tienen que acabar es con el alejamiento, al margen del grado en el que se encuentren. En todo caso, si se agiliza la progresión de grado, siempre será muy beneficioso”, afirma a Público el portavoz de la plataforma ciudadana Sare –centrada en pedir cambios en materia de política penitenciaria- y ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga.

Mientras tanto, desde Etxerat aprovecharon la rueda de prensa ofrecida este jueves en Donostia para lanzar un mensaje a Madrid. “Instamos al nuevo Gobierno español a no poner impedimento alguno a que nuestros familiares puedan realizar el recorrido jurídico-penitenciario”, señalaron. En concreto, pidieron al Ejecutivo que les permitan "obtener cambio de grado, tanto de forma administrativa como judicialmente", así como "destinos de trabajo o participación en programas internos de tratamiento"; lo que debería estar acompañado de una "respuesta positiva a las solicitudes de permisos ordinarios de salida, para acceder posteriormente al tercer grado". 

Etxerat denunció además que "uno de cada tres presos vascos encarcelados en el Estado español (73 del total de 213) se encuentra en las prisiones más alejadas, las andaluzas". "Y si les sumamos otros destinos alejados, como Murcia, Alicante o Galiza, que impiden desarrollos penitenciarios, nos encontramos con que uno de cada dos, la mitad de los presos, tienen prácticamente cegado el recorrido jurídico-penitenciario", subrayaron sus portavoces.

“Decisión legal, no política”

En ese contexto, fuentes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) confirmaron que el Gobierno les ha informado sobre algunas de estas progresiones de grado. Por su parte, desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) señalaron que solamente se les notifica sobre los traslados de reclusos, pero no sobre estos cambios de clasificación penitenciaria.

En un caso u otro, el ministerio de Interior mantiene canales de comunicación abiertos con ambas entidades. “El ministro (de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska) nos dice que no son beneficios, sino mejoras en la situación penitenciaria”, destacaron fuentes de la AVT, que consideraron además que “el cambio de grado es una decisión legal, no política”.

Sin homenajes públicos

No obstante, esa asociación ha trasladado al Gobierno que “todas esas mejoras deben ir encaminadas a conseguir que los presos no estén orgullosos de lo que han hecho”. En esa línea, plantean que las salidas de prisión –calculan que "en el plazo de cinco años la población reclusa por delitos de terrorismo relacionados con ETA se verá reducida a la mitad" por cumplimientos de condena- sean “discretas” y no estén marcadas por homenajes. Ponen como ejemplo lo ocurrido con Santi Potros, que al salir de la cárcel no fue objeto de ningún acto de carácter público, sino que todo estuvo ceñido al ámbito privado.

A la hora de abordar los cambios penitenciarios, la AVT también reclama que se tenga en cuenta la “colaboración”, un concepto que, subrayan, “no significa necesariamente delación”. De hecho, en las oficinas de esta asociación son conscientes de que existen “distintas maneras de colaborar”. Estos puntos también han sido trasladados a Grande-Marlaska.