Los abogados de oficio están en pie de guerra. Y aunque el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, reaccione tildándolos de corporativistas, estos juristas protestan porque la reforma del Gobierno restringe este servicio público.

Las Cortes Generales siguen adelante con este Proyecto, después de que el pasado 29 de abril todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, pidieran su devolución al Gobierno.

El Proyecto de Ley enviado al Parlamento supondrá que menos personas accedan a la defensa gratuita, según los abogados de oficio que han reaccionando convocando encierros en toda España para este miércoles, 14 de mayo. Los encierros durarán 12 horas y se convocan en diferentes colegios profesionales de España.

Algunas cúpulas de colegios de abogados no apoyan la movilización, pero los defensores de oficio siguen adelante y buscan sedes alternativas. Tampoco descartan secundar una huelga indefinida si sus reivindicaciones no son escuchadas.

También planean invitar a la movilización a asociaciones cívicas de toda índole, al entender que la limitación del servicio público afecta a toda la sociedad y se precisa el apoyo de toda la sociedad civil, según Antonio Agúndez, presidente de ALTODO, una de las organizaciones convocantes.

Los abogados de oficio denuncian que el Proyecto de ley eleva un 20% el límite de los ingresos por debajo del cual se puede solicitar la defensa de oficio, lo que dificulta el acceso a la justicia de los ciudadanos más desfavorecidos 'muchos de los cuales quedarán expulsados del sistema judicial sin posibilidad alguna de defensa', denuncian.

También sostienen que impone a los ciudadanos múltiples trabas burocráticas para el reconocimiento del derecho de justicia gratuita y dificulta el acceso a los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios de abogados, que son ya casi inexistentes.

La reforma de Gallardón no garantiza, según ellos, un presupuesto suficiente para el servicio, ampliado a nuevos colectivos, 'a sabiendas que no se destinan recursos económicos para ello'. Además, elimina la vinculación territorial del abogado con el Servicio Público de Asistencia Jurídica Gratuita y vincula el servicio público a la Ley de Tasas, recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Los convocantes denuncian que la reforma consolida el 'maltrato institucional' que sufre el abogado de oficio, precarizando este servicio público.

Los abogados de oficio agrupan a un colectivo de 36.000 personas y el encierro ha sido convocado por la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (CEAT); la la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO); la Asociación Libre de Abogados (ALA); La Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM) y la Asociación de Jóvenes Abogados-ICAM (AJA-Madrid).