Hoy hacemos un mapa de la situación en la que se encuentra el derecho al aborto.

La semana pasada se filtró en Estados Unidos un borrador del Tribunal Supremo en el que se proponía abolir la mítica sentencia de Roe contra Wade que, hace más de 50 años, constitucionalizaba el derecho al aborto.

Aunque el texto aún es un borrador y el fallo final no se conocerá hasta junio, la existencia de una mayoría conservadora en el Supremo hace peligrar este derecho de las mujeres. 

Según Human Right Watch, hay 23 estados en Estados Unidos (gobernados por republicanos) preparados para aplicar leyes antiabortistas si el Supremo da el visto bueno. Estas leyes están inspiradas en la que aplica el estado de Texas, que prohíbe el aborto incluso en situaciones de violación o de incesto. 

Pues frente al retroceso del derecho al aborto en Estados Unidos, en España el Ministerio de Igualdad tiene previsto hacer justamente lo contrario: blindar el derecho en la sanidad pública.

El próximo martes, el Consejo de Ministros decidirá si aprueba la norma, que sustituirá a la actual Ley del aborto, de 2010. 

En primer lugar, devuelve el derecho a las jóvenes de 16 y 17 años a abortar sin consentimiento, después de que el PP las excluyera en 2015.  También, busca garantizar que los abortos se lleven a cabo en centros del sistema sanitario público. Actualmente, estos son una minoría en nuestro país y el 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo se llevan a cabo en clínicas privadas. 

Esto se debe a la falta de regulación de la objeción de conciencia, (a la que se opone el PP), y que se traduce en que hay centros públicos que no cuentan con profesionales que puedan hacer las intervenciones y que las pacientes acaben derivadas a la sanidad privada. La propuesta de Igualdad busca que los centros públicos garanticen la disponibilidad de médicos no objetores. Igualdad también propone la eliminación del periodo de reflexión de 3 días que actualmente se impone a toda mujer que quiera abortar. 

La propuesta de Igualdad incluye también otros aspectos que tienen que ver con la salud menstrual como la baja de tres días por reglas dolorosas, la obligación de los centros educativos de disponer de productos para la regla, el acceso gratuito a estos productos para mujeres en riesgo de exclusión o en prisión o la eliminación del IVA de estos productos. 

El ministerio de Igualdad también tiene la intención de considerar la gestación subrogada como una forma de violencia, prohibir su publicidad y perseguir a quiénes acceden a esta práctica –ilegal en España– en el extranjero. 

Como ha ocurrido con otros avances feministas, como la Ley sólo sí es sí (que contó con un informe desfavorable del CGPJ), o la Ley trans (también demorada por el Consejo de Lesmes), la consolidación del derecho al aborto también cuenta con resistencias en el mundo conservador.

Tras más de una década congelado, el Tribunal Constitucional, ha reactivado un recurso que 71 diputados del PP interpusieron contra la norma en 2010.

El recurso, fue interpuesto ante el Constitucional por Federico Trillo –conocido miembro del Opus Dei– y por Soraya Sáenz de Santamaría. El texto pedía la derogación de la ley por inconstitucional, acusaba a las mujeres de "sacrificar" a los fetos, e incluso hablaba de prácticas eugenésicas por permitir aborto por malformación. Por aquel entonces, el presidente del TC era Juan José González Rivas, un católico confeso, que contó con el aval de la Conferencia Episcopal y del cardenal Rouco Varela para acceder a su puesto y el responsable del recurso del PP en el Constitucional, era Andrés Ollero, un exdiputado del PP perteneciente al Opus Dei y conocido por sus posiciones antiabortistas. 

Entre los países que han legalizado el aborto en los últimos años se encuentran Irlanda y Argentina. Además, desde hace unos meses, ninguna mujer colombiana podrá ser juzgada por interrumpir su embarazo antes de la semana 24. En México se ha despenalizado el aborto, aunque el delito aún persiste en algunos Estados mexicanos donde las mujeres siguen pudiendo ser juzgadas. 

En Ecuador, hay pequeños avances, y se ha despenalizado el aborto en casos de violación. Mientras que, en Chile, el derecho al aborto forma parte de la nueva propuesta de Constitución.

Pero no todo son avances, también hay retrocesos, como el caso de Polonia, donde el pasado mes de enero se prohibió de forma casi total el aborto, incluso en casos de malformación del feto.