Absueltos los sindicalistas de Granada para quienes la Junta llegó a pedir cinco años de cárcel: "Querían meternos miedo"

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 de Granada ha absuelto a los tres integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) para cada uno de los cuales la Junta de Andalucía, como acusación particular, llegó a solicitar una pena de cinco años de prisión por un delito de desorden público cometido durante una protesta contra el despido de una trabajadora de la limpieza.

El juez Antonio Aguilera ha concluido que los acusados no cometieron ningún acto violento ni en el momento de acceder al interior de la Delegación de Turismo de la Junta en Granada, ni cuando estuvieron en la tercera planta del edificio, donde se encontraba el despacho del delegado, a tenor de lo que declararon en el juicio como testigos el vigilante de seguridad que se encontraba en la entrada del inmueble y un policía nacional.

"En modo alguno se ha acreditado que, como sostiene la acusación particular, el grupo de unas diez personas, entre los que se encontraban los acusados, accedieran de forma violenta al edificio, pasando sin las preceptivas precauciones el control de acceso al mismo, ni generando en el personal de vigilancia sentimiento de intimidación", detalla el magistrado en una sentencia que no es firme y contra la que cabe recurso.

Por su parte, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía aseguró en el juicio celebrado el pasado 13 de septiembre que el día de la protesta se encontró en la escalera a siete u ocho personas en "actitud muy pacífica", que se marcharon "sin jaleos ni voces" y que no vio ninguna perturbación grave, según se detalla en la sentencia.

Tras la declaración de estos dos testigos, la Junta rebajó de 5 años a 15 meses su petición de condena de prisión, mientras que la Fiscalía la redujo de 15 meses de cárcel a ocho de multa y la mantuvo únicamente para uno de los tres procesados, el secretario provincial del SAT, Néstor Salvador.

Los hechos enjuiciados se produjeron durante una protesta sindical en marzo de 2021, cuando un grupo de manifestantes se concentró en la delegación territorial de la Junta por el despido de Vanesa Sánchez, quien llevaba once años trabajando en sucesivas empresas subcontratadas para el servicio de limpieza en esa administración. Y varios manifestantes subieron a la planta de dirección para hablar con el delegado de Turismo, que se había negado varias veces a recibirles para solucionar el conflicto.

La Administración andaluza sostuvo hasta la celebración del juicio que los sindicalistas habían incurrido en hasta cuatro delitos (coacciones, amenazas, allanamiento y contra el orden público), mientras que el fiscal les acusaba únicamente de uno de desórdenes, que ha sido rechazado también por el juez en la sentencia: "En el presente caso no consta acreditado que los acusados llevaran a cabo algún acto que causare una alteración o perturbación grave del orden ni en el momento de la entrada al edificio ni en la planta tercera del mismo, ni que interrumpieran o paralizaran el desarrollo normal de la actividad de los funcionarios", concluye el magistrado.

La Junta "se inventó el caso" para perseguir a sindicalistas

Néstor Salvador considera que la sentencia demuestra lo que el SAT ya había denunciado, que la "Junta se inventó un caso para reprimir al sindicato". "Es algo gravísimo que con dinero público se persiga a sindicalistas. Es una forma de intentar meter miedo a la gente", ha manifestado a Público el dirigente sindical tras su absolución.

Según Salvador, el asunto será llevado de nuevo al Parlamento andaluz a través de los diputados de Adelante Andalucía con el fin de que la Junta dé explicaciones tras el fallo judicial. En mayo, el que entonces era consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta gobernada por el PP, Arturo Bernal, ya tuvo que responder a una pregunta parlamentaria sobre este caso.

El consejero dijo entonces que la petición de cinco años de prisión era una decisión del gabinete jurídico de la Administración andaluza, que había calificado los hechos como delito de ocupación de una sede administrativa. "Y contra eso habrá que asumir las consecuencias. Estamos muy mal acostumbrados. Aquí cuando unos hacemos unas cosas, sí, y cuando las hacen otros, no. Pues habrá que apechugar", apostilló.

"El consejero dijo que apechugáramos y ahora les vamos a pedir que apechugue él, que políticamente paguen por lo que han hecho, después de que hemos estado un año y medio pendientes de una petición de cinco años de prisión. La Junta ha mantenido la acusación porque les sale gratis para perseguir a sindicalistas", ha subrayado el secretario del SAT en Granada.

La formación Adelante Andalucía calificó este proceso como "un juicio político, de lawfare", contra unas personas que simplemente estaban "defendiendo derechos laborales, peleando contra un despido, sin que hubiera ningún tipo de daños", recalcó.

Además, el SAT pretende trasladar este asunto al Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Peticiones, donde denunciará haber sido objeto de una persecución sindical de la Junta de Andalucía a raíz de una protesta laboral.

La defensa de los tres sindicalistas procesados pidió también que se condenara a la Junta al pago de las costas del juicio, por "haber actuado de mala fe" en este caso, al entender que, sin haber ninguna base para denunciarles, había solicitado para ellos una condena de prisión. Sin embargo, el juez no ha apreciado en la actuación de la acusación particular temeridad y notoria mala fe en el ejercicio de la acción penal.

La empleada de la limpieza que protestaba junto a otros sindicalistas por su despido tras once años trabajando en la delegación de Turismo de la Junta, Vanesa Sánchez, había denunciado ante Inspección de Trabajo que le estaban pagando menos de lo que correspondía. Y que luego, cuando el servicio fue subcontratado a otra empresa, la única de las 70 trabajadoras de la plantilla a la que no se subrogó fue, precisamente, ella.

Este largo proceso judicial, con una elevada petición de pena de prisión, afectó a la salud de esta trabajadora, que padece una enfermedad congénita que le ha dañado seriamente el corazón y le ha causado un 33% de discapacidad. La enfermedad ya la tenía antes, pero, según ella, se le ha agravado a causa del estrés que le ha supuesto verse acusada por unos delitos tan graves.

En su escrito de acusación, la Junta de Andalucía afirmaba que los cuatro acusados —uno de ellos falleció el año pasado— formaban parte de "un grupúsculo de personas" que "no se limitaron a gritar reiteradamente soflamas en contra del delegado territorial, al que llegaron a insultar", sino que "accedieron de forma violenta al edificio, "generando en el personal de vigilancia sentimiento de intimidación".

Según la Administración andaluza, los manifestantes llegaron a encararse con personal funcionario de su delegación en Granada, interrumpiendo "gravemente el ejercicio de sus funciones", revolvieron documentación y objetos, desplegaron una pancarta "reivindicativa visible desde el exterior del edificio", grabaron vídeos y tomaron fotos y, posteriormente, "se jactaron en redes sociales" de esa acción de protesta.