Hasta mayo del presente año, un total de 3.208 menores nacionales se encuentran en acogimiento familiar en Andalucía, una cifra que contrasta con los 38 menores extranjeros no acompañados acogidos mediante este tipo de adopción en el mismo periodo. Así se desprende de una respuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía a la diputada no adscrita del Parlamento de Andalucía Maribel Mora..

"La diferencia es abismal cuando, precisamente en Andalucía, la gran mayoría de los menores que están en tutela son menores extranjeros no acompañados", apostilla la parlamentaria acerca de un colectivo puesto en el disparadero por los ataques constantes de Vox, socio del Ejecutivo autonómico liderado por el conservador Juanma Moreno Bonilla.

Y es que, la propia consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, confirmó el pasado mes de junio, en unas declaraciones recogidas por Europa Press, que en la región hay un total de "más de 3.000 niños de protección", de los cuales al menos 1.700 son menores migrantes no acompañados.

Los programas de acogida "invisibilizan" a este colectivo

A tenor de los datos aportados por la Junta a los que ha tenido acceso Público, el número de menores acogidos en Andalucía desde 2015 hasta 2021 ha ido descendiendo cada año. En este sentido, las cifras afloran que el Sistema de Protección de Menores prima el acogimiento residencial en centros sobre el acogimiento familiar, a pesar de que esta última está considerada como una medida prioritaria.

De esta forma, en los cinco primeros meses del año vigente, 759 menores han sido atendidos por las instituciones frente a las 390 altas de acogimiento familiar. "Familias acogedoras existen, pero no se fomenta", señala Maribel Mora. Respecto al escaso número de menores no acompañados aceptados en este tipo de adopciones, la también activista pro derechos humanos critica que los programas dedicados a la acogida familiar "invisibilizan" a este colectivo.

La propia diputada así se lo trasladó a la consejera de Políticas Sociales a raíz de la última campaña de acogimiento familiar lanzada por la Junta en la que, a su entender, "falta el perfil del menor no acompañado". "Al no tener precisamente ningún contacto familiar ni entorno familiar al que agarrarse o con el que relacionarse, estos menores son precisamente perfiles de niños con una necesidad enorme de hacerse con un entorno cercano a lo familiar", apostilló durante una comparecencia de Rocío Ruiz en la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía.

En esta línea, la titular del departamento defendió que la campaña está dirigida a todos los niños. "A nosotros nos da igual que sean extranjeros, que sean andaluces, que sean de cualquier nacionalidad, refugiados de cualquier país en guerra desgraciadamente que vienen, porque es indiferente". Si bien, reconoció que los menores migrantes no acompañados "necesitan una formación, una capacitación especial, en el sentido de que son niños que vienen muy dañados".

"Quiero recordar que no son delincuentes, que no vienen a cometer delitos, sino que están en una situación de desamparo, y la gran mayoría han vivido situaciones dramáticas de mafias de personas, de todo tipo de barbaridades, de violaciones de derechos humanos y de su propia integridad física, personas que vienen muy dañadas", remató en una sesión celebrada el pasado 18 de mayo.

El discurso de odio de Vox criminaliza al colectivo

Teniendo en cuenta este contexto, el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, apunta que la acogida familiar de estos menores se vuelve más complicada por la "imagen" que se ha construido sobre este colectivo vulnerable. "Cuesta mucho que se acoja a un niño extranjero por un discurso político que les criminaliza. Por eso, cada vez cuesta más que la población entienda que estos menores son niños que no se diferencian de otros chavales autóctonos", añade.

El representante de la organización social pone el foco sobre los postulados difundidos por Vox contra los menores, unos mensajes cargados de bulos que ponen en la diana a este colectivo. En la retina, aquel cartel que la formación de extrema derecha colocó en la estación de Metro de Sol durante la campaña de las elecciones madrileñas, en el que comparaba la pensión de jubilación que recibe una persona mayor con un supuesto gasto mensual dedicado a estos menores. 

Además de verter falsas acusaciones sobre los migrantes, a quienes culpan de estar detrás de todas las agresiones que se producen en España (mediante datos falsos), representantes del partido ultra han protagonizado diferentes actos frente a las puertas de los centros de acogida para lanzar sus discursos de odio. Asimismo, hace unos días, varios dirigentes de Vox, entre ellos su presidente, Santiago Abascal, salieron en tromba para lanzar una nueva mentira al asegurar que la nueva ley de Infancia de Andalucía "garantiza las pagas" a estos menores "hasta los 25 años". Esto es incierto: la norma, en su artículo 132, prioriza a los jóvenes de hasta 25 años que hayan estado tutelados por la Junta para optar a ciertas ayudas, sin distinguir la nacionalidad de los mismos. 

La devolución irregular de los menores marroquíes de Ceuta

Por otro lado, José Miguel Morales menciona la cuestionable actuación del Ministerio del Interior, que recientemente ha expulsado a más de 50 menores extranjeros no acompañados a Marruecos, una decisión presuntamente irregular investigada por la Audiencia Nacional. "Que el propio Marlaska [ministro del Interior] se haya dedicado a expulsar a menores en Ceuta incumpliendo las normativas también provoca que las familias tengan una imagen trastocada de estos chavales", sentencia Morales en unas declaraciones a este medio.

Verónica Barroso, responsable de relaciones instituciones de política interior de Amnistía Internacional, comparte estas reflexiones y añade que el sistema de protección del menor "requiere de un replanteamiento" en los planes de acogida. "Los menores extranjeros, una vez que llegan a la mayoría de edad, dejan de estar tutelados y se quedan sin documentación y sin papeles, lo que les impide seguir estudiando o trabajar, por ejemplo. El sistema en sí no es garante de protección de los niños, y lo hemos visto en Ceuta con la devolución de los menores, vulnerando el Derecho Internacional y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño", apostilla.

Escaso personal especializado en abusos sexuales

De la respuesta parlamentaria del Gobierno andaluz a la diputada Maribel Mora también se extrae otro hecho notorio: entre 2015 y 2020, un total de 1.406 menores tutelados por la Junta han sido atendidos en el Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a menores víctimas de violencia sexual desde 2015 hasta 2020, de los cuales ocho son menores extranjeros no acompañados.

Sin embargo, el número de profesionales especializados en dicho programa apenas asciende a 47, una cifra "muy baja para la alta demanda", apostilla la diputada. En este sentido, el secretario general de Andalucía Acoge muestra su disconformidad con la decisión de la Junta de tipificar los centros de acogida en virtud de la procedencia de los menores.

"Los centros no deberían diferenciar entre niños autóctonos o extranjeros. La explicación es que con esto se permitía más especialización. No es verdad, no se ha mejorado la atención a los chavales, entre otras cosas porque las condiciones económicas son difíciles y los números no dan para prestar servicios en condiciones. La creación de estos centros ha llevado a la precariedad la atención a menores extranjeros", remata Morales.