Las diferencias entre los socios del Gobierno de coalición han atascado este sábado la declaración del estado de alarma, una herramienta con la que el Ejecutivo persigue dotarse de recursos y poderes extraordinarios para hacer frente al avance del coronavirus.

Estas diferencias se dan precisamente en lo que respecta a las medidas de protección social. Aquí es donde han encallado PSOE y Unidas Podemos, y la falta de acuerdo ha obligado a retrasar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como explican fuentes del Ejecutivo. 

De hecho, pese a que su rueda de prensa había sido anunciada para las 14.00 horas, a las 18.00, cuatro horas después, La Moncloa ni siquiera proporcionaba una estimación sobre cuándo tenía previsto comparecer el presidente. El Consejo de Ministros concluyó entonces, cuatro horas más tarde de lo previsto. 

Este retraso también ha forzado a aplazar hasta el domingo la videoconferencia de Sánchez con los presidentes autonómicos, prevista para las 17.00 del sábado. 

Público ha accedido al borrador de este real decreto, que contempla el semiconfinamiento de la población en todo el territorio nacional, si bien desde el Ejecutivo han advertido del carácter provisional del texto.

En esencia, los representantes de Unidas Podemos en el Ejecutivo, encabezados por el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, reclaman medidas más drásticas para proteger a los trabajadores y a las familias.

Las diferencias sobre cómo resarcir a los trabajadores afectados por el virus no son nuevas. Sin ir más lejos, el jueves el Ministerio de Trabajo preveía actuar en relación a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs) en el segundo Consejo de Ministros de la semana, y finalmente no fue así. 

Ello, pese a que la ministra portavoz, María Jesús Montero, había asegurado dos días antes que actuarían para disuadir a los empleadores de la "tentación" de aprovechar esta crisis para destruír puestos de trabajo. 

Ese mismo Consejo de Ministros aprobó los seis meses de moratoria de impuestos para pymes y autónomos, así como la línea de crédito del ICO por valor de 400 millones de euros, para los sectores turístico u hostelero, pero en Unidas Podemos han reclamado medidas directamente centradas en los trabajadores. 

Además, el Ejecutivo tampoco ha aprobado hasta la fecha la prestación para padres trabajadores con hijos a su cargo, anunciada por la ministra Montero y por el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá. ​

(Habrá ampliación)