La acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que abra juicio oral contra los 34 acusados del caso Bankia y pide para el expresidente de la entidad Rodrigo Rato y el resto de consejeros doce años de cárcel por los delitos de falseamiento de cuentas y estafa de inversores.

En su escrito de conclusiones provisionales remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, la CIC atribuye además a la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri y Banco Financiero de Ahorros (BFA), en calidad de personas jurídicas, el delito de estafa de inversores y pide para ellos una multa de 1.080.000 euros.

Por ello la CIC considera que los 28 consejeros de Bankia y BFA son autores de los delitos de falseamiento contable y estafa de inversores y apunta a cuatro directivos de la entidad y al socio de la auditora Deloitte Francisco Celma como cooperadores necesarios por los mismos hechos.

De Guindos y Lagarde como testigos

A su juicio, las conclusiones de los peritos del Banco de España acerca de que los estados financieros de Bankia no cumplían con la normativa contable en el momento de su salida a Bolsa, "no pueden ser más claras y reveladoras" y reflejan que, con el propósito de ocultar la verdadera situación patrimonial del banco, todas las cuentas fueron "manipuladas".

La acusación popular pide también al magistrado instructor que durante la vista oral cite a declarar en calidad de testigos a 41 personas, entre ellas el ministro de Economía, Luis de Guindos; la exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde; el gobernador del Banco de España, Luis María Linde; el presidente del BBVA, Francisco González; el exdirector de La Caixa Isidro Fainé y los expresidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez y Julio Segura.

Los supervisores, responsables

Propone igualmente la testifical del presidente de Bankia, Ignacio Goirigolzarri, y de altos cargos del Banco de España como el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez o el inspector José Antonio Casaus; este último autor de cuatro correos electrónicos en los que advirtió "expresamente" que la salida a Bolsa desencadenaría la nacionalización de la entidad.

Los organismos supervisores no solo autorizaron la integración de las siete cajas que dieron nacimiento al grupo BFA sino que "intervinieron activamente en su gestación" impulsando un proceso que no se hizo con criterios económicos sino políticos, expone la acusación y añade que cometieron "irregularidades contables" que le permitió reflejar una cuenta de resutlados positiva en el ejercicio de 2010 "en vez de cuantiosas pérdidas".

Acebes y Norniella, al banquillo

El pasado 11 de mayo el juez instructor de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dio por concluida la investigación de la salida a Bolsa de Bankia en 2011 y dictó dictado auto de procesamiento contra 34 personas, entre ellas los exministros del PP Rodrigo Rato y Ángel Acebes, así como el exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella.

El juez delimitó el juicio por delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores contra estas 34 personas que eran administradores o consejeros de Bankia y BFA en los ejercicios de 2010 y 2011. Y dio traslado a las partes para que enviaran sus escritos de acusación, si así lo estiman oportuno.

Entre estas personas figuran el ex presidente de la entidad Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella, Ángel Acebes, Arturo Fernandez y Bankia y BFA como personas jurídicas.

La Fiscalía ha pedido este mismo martes penas de prisión para los cuatro primeros por ocultar la verdadera situación de Bankia a los inversores en su salida a Bolsa, pero eximen a los demás e toda responsabilidad penal.

En cambio, el magistrado Fernando Andreu entiende además que procede sentar en el banquillo al auditor de Deloitte, Francisco Celma, por sus informes favorables elaborados sobre los estados financieros de Bankia, durante los meses de la salida a Bolsa.

El juez archivó las actuaciones relativas a las excúpulas de los organismos reguladores y supervisores del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También excluyó a la compañía auditora Deloitte, aunque sigue en el proceso como responsable civil.