Los firmantes de la querella contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, por el escándalo de sobresueldos en el partido del Gobierno se han concentrado la noche del martes en la Puerta del Sol de Madrid para exigir la dimisión del Ejecutivo bajo el lema Nulidad es impunidad.

La convocatoria se realizó a través de una carta remitida a aquellos que mostraron su apoyo a la acción judicial, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados, Los Verdes y Justicia y Sociedad. En ella, pedían a los ciudadanos 'estar alerta' y querían 'dejar claro que no admitiremos tretas o amaños judiciales para que, una vez más, queden impunes los responsables'.

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha estado presente en la convocatoria ya que 'estamos en nuestro derecho de exigir la dimisión del Ejecutivo y pedir que se convoquen elecciones generales'. Lara ha apoyado sus declaraciones argumentando que 'el Gobierno está montado en una mentira' y ha aclarado que esta causa no es única de IU contra el Partido Popular, 'es un movimiento de toda la sociedad'.

'El Gobierno está montado en un mentira', ha declarado Cayo Lara

Ante todo, los querellantes critican al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su elección del día 1 de agosto a las 9.00 horas como fecha y hora para comparecer en el Congreso. 'Ha escogido un día y una hora muy propicios para no llamar la atención. Pero su comparecencia no pasará desapercibida', expresaban en su carta de convocatoria.

En la concentración en la plaza madrileña de Sol han pedido que este nuevo proceso al que han bautizado como #QuerellaBárcenas no sea anulado como ya ocurrió con el 'Caso Naseiro' poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del Partido Popular. En esa ocasión, y a través de unas escuchas, se descubrió un supuesto caso de financiación ilegal en el partido que fue archivado a causa de unas irregularidades en la instrucción. 'Únicamente la ciudadanía en la calle puede provocar que no se consiga la nulidad de esta causa', ha expresado el portavoz de la concentración, 'ya que la única defensa que tienen los implicados es que ésta se declare nula'.

A través de un comunicado emitido el pasado 15 de julio, día en el que Luis Bárcenas declaraba ante el juez, Ecologistas en Acción expresaba que los delitos que está investigando la Audiencia Nacional son de 'extrema gravedad, como delitos electorales o de financiación ilegal de partido, sobornos, prevaricación, adjudicaciones ilícitas o cohecho'. Además, el portavoz ha recordado que 'la explicación de todo está en los papeles del exterorero'.

'Queremos sentar en el banquillo a todos los atracadores de la ciudadanía', ha expresado el portavoz

Las sospechas de corrupción 'obscena e indignante' que amenazan al Partido Popular 'son muchas' y por ello, los querellantes recuerdan a Rajoy que no se podrán ocultar 'los presuntos delitos electorales y de financiación ilegal, los supuestos casos de prevaricación, cohecho y adjudicaciones ilícitas que han salido a la luz'.

La querella presentada el pasado mes de febrero no solo se dirigía a Bárcenas, también incluía a Álvaro Lapuerta, Federico Trillo, Rodrigo Rato, Pablo Crespo y Ángel Acebes. Esta fue presentada en el momento en el que el Diario El País publicó las copias de la contabilidad B del partido y también incluía a los presidentes y expresidentes de ocho constructoras que constaban como presuntos donantes en los manuscritos.

Por otro lado, desde la concentración han asegurado que seguirán ampliando el número de imputados al proceso ya que 'cada vez están apareciendo más implicados y queremos sentar en el banquillo a todos los atracadores de la ciudadanía'. Incluso han añadido que en los famosos documentos del extesorero aparecen personas que 'deberían vigilar la aplicación lícita de los recursos' y personas 'vinculadas a las instituciones del Estado como el Presidente del Tribunal de Cuentas'.

La finalidad que busca el PP, según los convocantes, es 'conseguir la nulidad del caso Bárcenas' a través de 'maniobras en instancias judiciales que podrían viciar de nulidad el procedimiento judicial'. Es por ello que piden la investigación de los hechos ya que 'la corrupción es la mayor violación de los derechos humanos'.