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Los acusados por abalanzarse sobre el coche de Montoro en 2014 niegan el uso de la violencia

Los nueve acusados, que se enfrentan a penas de hasta ocho años de prisión, participaron en una protesta organizada en Vilanova i la Geltrú mientras el PP celebraba un acto de campaña, convocados por el Casal Popular y otras organizaciones.

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El vehículo del entonces ministro Cristóbal Montoro a la salida del mitin de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en la campaña de las europeas. EFE/Susanna Sáez

Los acusados por presuntamente participar en desórdenes públicos en una protesta contra el PP en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) durante una campaña electoral de 2014 han asegurado en el juicio que la concentración fue pacífica y cívica en todo momento y han atribuido los incidentes a que los vehículos oficiales del entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y de la líder del PP catalán Alícia Sánchez-Camacho se abalanzaron sobre los manifestantes.

"Fueron los coches los que se lanzaron sobre los manifestantes y no los manifestantes sobre los coches", ha expresado uno de los acusados, M.G.B., en el juicio que ha arrancado este lunes en la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona, que enjuicia los altercados que se produjeron tras un mitin del PP durante la campaña por las elecciones europeas de 2014.

En la sesión de este lunes, los nueve acusados han negado haber lanzado objetos contra los vehículos de los cargos del PP o de la policía, haber gritado consignas violentas o amenazantes -la fiscal les ha preguntado por expresiones como "hijos de puta, cabrones, os vamos a matar"- y han enmarcado su participación en la libertad de expresión pacífica.

Los acusados, que se enfrentan a penas de hasta ocho años de prisión, participaron el 21 de mayo de 2014 en una protesta organizada a las puertas del Espai Posit Vell de Pescadors en el paseo Marítim de Vilanova i la Geltrú mientras el PP celebraba un acto de campaña, convocados por el Casal Popular y otras organizaciones.

Los acusados han explicado que acudieron a la protesta para expresar de manera pacífica sus ideas en contra de las políticas del PP en el marco de la contienda electoral, y han negado usar en ningún momento la violencia y que actuaran de manera premeditada u organizada.

Cordón policial inexistente

Varios de ellos han expresado que el cordón policial que se hizo era "débil o inexistente", que la coordinación policial fue nula, y que los coches oficiales salieron por un lugar inesperado y a una velocidad excesiva por la rambla de la Pau, una vía peatonal donde había manifestantes y viandantes, así como terrazas, lo que para ellos fue el origen de los incidentes.

Han defendido que los altercados fueron "aislados", que duraron escasos 30 segundos, y que la manifestación, en la que participaron unas 150 personas, transcurrió sin incidentes durante unas dos horas, y en ningún momento se intentó boicotear o impedir el acto de partido.

Dos de los acusados se han reconocido en fotogramas aportados a la causa que les situaban frente a los vehículos con las manos desplegadas hacia adelante, pero han puntualizado que lo hicieron como un acto reflejo al verse sorprendidos por el paso del coche, al que en ningún momento quisieron parar, y que vieron peligrar su integridad física.

El acusado al que se le atribuye atentado con instrumento peligroso, J.M.D.C, ha negado haber golpeado a un policía con el palo de bandera, haber intentado abrir la puerta del coche de Montoro y haberse resistido a la detención, en la que participaron una decena de policías.

Los otros ocho acusados están en el procedimiento porque fueron identificados en el lugar, fueron identificados por vídeos o eran activistas políticos ya fichados, y algunos posteriormente entregaron a los Mossos d'Esquadra, ha precisado uno de sus abogados, Eduardo Cáliz.

Este letrado, que representa a tres acusados, ha valorado en declaraciones a los medios que se trata de "un juicio político: a estas personas no se las está juzgado por lo que hicieron -ir a una manifestación pacífica- sino por lo que son", es decir, disidencia política al enfrentarse al poder de manera pacífica y democrática, ha añadido.

Hasta ocho años de cárcel

La Fiscalía acusa a seis de los nueve jóvenes encausados de presuntos delitos de desórdenes públicos -con agravante de discriminación por ideología- y atentado a la autoridad, a dos de ellos les acusa de una falta de daños y al que presuntamente golpeó al agente también le atribuye atentado a agente de la autoridad con instrumento peligroso y falta de lesiones.

Para este último, el ministerio público solicita ocho años de prisión, mientras que para los otros cinco jóvenes pide cuatro años de cárcel.

Otros tres acusados solo lo están por la acusación particular que ejerce un agente de la Policía Local que fue herido ese día, si bien el autor directo, menor de edad, ya fue condenado, y les pide 11 meses de cárcel a uno, y penas de multa a los otros dos.

Precisamente, Eduardo Cáliz, que representa a estos tres, ha pedido expulsar del procedimiento a esta parte por falta de legitimación activa al no estar directamente afectada, si bien el tribunal ha considerado que no se había planteado en tiempo y forma y lo ha desestimado.

En la sesión de este martes se prevé que declaren como testigos varios efectivos policiales y de cara al miércoles declararán como testigos por videoconferencia el exministro Cristóbal Montoro, Alícia Sánchez-Camacho y el candidato del PP catalán a las europeas ese año, Santi Fisas.

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