Los acusados por participar en la protesta Aturem el Parlament en 2011 han pedido este lunes la absolución en el juicio alegando el archivo acordado por un juez de Madrid de la causa por el escrache practicado en abril del año pasado ante la casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La Audiencia Nacional ha reanudado este mismo lunes la vista con los informes de las defensa de los diecinueve acusados, cada uno de los cuales se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años y seis meses de prisión como autores de un delito contra las instituciones del Estado en concurso con atentado a la autoridad. Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el movimiento 15-M ante el Parlament, en Barcelona, derivó en situaciones de tensión entre manifestantes y los agentes de los Mossos y los parlamentarios. 

El abogado defensor Benet Salellas ha pedido la absolución de los acusados a los que representa alegando que debe prevalecer el derecho a las libertades de reunión, manifestación y expresión sobre el de circulación sobre todo cuando los afectados son representantes políticos. En su informe ha solicitado que se aplique la doctrina al respecto del Tribunal Constitucional y el auto del juez de instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, que archivó la causa por el escrache a Soraya Sáenz de Santamaría al estimar que no se produjo delito alguno en la protesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El defensor ha alegado que los diputados que han testificado implicando a los acusados son de CiU, el grupo que iba a aprobar ese día en el Parlament 'unos recortes que no iban en su programa electoral con la que se habían presentado a las elecciones seis meses antes'. Ha comentado que también se producen coacciones desde 'lobbys de poder' a políticos y no por ello sus integrantes están sentados en el banquillo de los acusados.