La reforma de la polémica ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, ha cobrado un nuevo impulso este miércoles después de que se haya cerrado, tras 40 ampliaciones y un año después, el plazo de enmiendas al articulado a la propuesta de modificación impulsada por el PNV.

En este sentido, los partidos que sostienen el Gobierno de coalición han presentado conjuntamente (y algunas por separado) las enmiendas consensuadas durante las negociaciones capitaneadas por los secretarios de Estado Rafael Simancas (PSOE) y Enrique Santiago (Unidas Podemos). 

Muchas de ellas habían sido anunciadas en los días previos, a falta de concretar su articulado en el texto de correcciones al texto. De este modo, ambas formaciones proponen que las multas determinadas en el marco de la ley sean acordes a la situación económica del responsable, "atendiendo a sus
circunstancias personales, familiares y sociales".

Para ello, el documento de enmiendas contempla una ponderación de la capacidad económica que conllevará la reducción de la multa en dos sentidos. Para aquellas personas que acrediten percibir un salario de hasta 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (965 €), la reducción será del 50%; para quienes acrediten un salario de entre 1,5 y 2,5 veces el SMI, la reducción será del 25 por ciento.

Asimismo, si realizada esta ponderación se concluyese que la sanción que
corresponda no guarda proporción con la situación económica del
responsable, PSOE y Unidas Podemos piden fraccionar el pago de la cuantía de la multa en la forma y con el límite temporal que se estimen adecuados, "siempre dentro del plazo previsto para la prescripción de la sanción o
sanciones impuestas".

Protocolos específicos sobre el uso de la fuerza

Otra de las enmiendas establece la opción de desplegar un pago voluntario para sanciones leves o graves, que también conllevan una reducción de la multa y a contar a partir de los 15 días de su notificación, con la condición de renuncia a presentar alegaciones. No obstante, esa vía no será posible en caso de infracciones "muy graves".

En cuanto a la prohibición del uso de material antidisturbios para disolver las manifestaciones, como las pelotas de goma, el texto de enmiendas se limita a señalar que "las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos
específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen
lesiones irreparables".