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Agbar denuncia a la Generalitat ante la UE por incumplir resoluciones judiciales

Asegura que el gobierno catalán ha vulnerado los principios básicos de la contratación pública igualdad, transparencia y libre competencia en la gestión de Aigües Ter-Llobregat, empresa encargada del abastecimiento de agua potable

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Planta Desalinizadora del Llobregat de ATLL.

MADRID.- Agbar ha dado un paso más en el conflicto por la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) y ha decidido denunciar a la Generalitat ante la Unión Europea (UE) por incumplir de forma "manifiesta y grave" las resoluciones judiciales en este caso y la normativa comunitaria.

El escrito, presentado por el letrado Santiago Muñoz Machado en nombre de la compañía de aguas de Barcelona, concluye que “después de dos años en que la Generalitat de Catalunya sigue incumpliendo de modo manifiesto y grave las Directivas de recursos contractuales, SGAB ha decidido acudir a la Comisión Europea para que inicie el procedimiento previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE”. Dicho artículo faculta a la Comisión para emitir un dictamen motivado en caso de que un Estado miembro incumpla alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados.

La denuncia alude a “la vulneración, por un poder adjudicador (la Administración de la Comunidad Autónoma de Catalunya), del derecho a un recurso eficaz en materia de contratos públicos, además de los principios básicos de la contratación pública igualdad, transparencia y libre competencia".

La compañía controlada por el grupo francés Suez Environnement exige que se aplique de inmediato la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), dependiente del ejecutivo catalán, que en enero de 2013 resolvió excluir de la gestión de ATLL al consorcio liderado por Acciona, ganador de la adjudicación.

Las partes implicadas llevaron el caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que aún debe resolver sobre el fondo de la cuestión, aunque por ahora todas las cautelares solicitadas por la Generalitat, Acciona y su socio, BTG Pactual, para impedir la invalidación del contrato, han sido desestimadas.

En el escrito, presentado por el letrado Santiago Muñoz en nombre de Agbar, la compañía denuncia que la Generalitat "sigue incumpliendo de modo manifiesto y grave" las directivas de recursos contractuales y pide que se inicie el procedimiento previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Dicho artículo, según ha informado Agbar, faculta a la Comisión Europea para emitir un dictamen si un Estado miembro incumple alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados.

Agbar sostiene que la Generalitat ha vulnerado el derecho a un recurso eficaz en materia de contratos públicos, además de los principios básicos de la contratación pública, como son la igualdad, la transparencia y la libre competencia.

La compañía explica además que Acciona "sigue ejerciendo desde enero de 2013 como adjudicataria" de la gestión de ATLL, pese a que "carece de derecho a ello", tal como resolvió hace más de dos años el OARCC.

Agbar califica esta situación de "manifiesta y escandalosa burla" del recurso contractual y de la legislación comunitaria en este ámbito.

"No es que se haya paralizado el procedimiento de contratación durante todo este tiempo, sino que el poder adjudicador (la Generalitat) ha formalizado el contrato con el licitador, cuya oferta debió excluirse, pese a la nulidad del acuerdo de adjudicación declarada por el órgano competente en materia de recursos", explica Agbar.

La empresa recuerda que la resolución del OARCC es ejecutiva, por lo que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que dirige Santi Vila, tendría que aplicarla de inmediato.

Al no hacerlo, indica Agbar, la Generalitat "está quebrando la garantía y el imperativo de la eficacia que se debe reconocer al recurso especial en materia de contratación que impone la directiva europea", cuya finalidad, apunta, es precisamente la de evitar los hechos consumados y el mantenimiento de situaciones ilegales en la contratación pública de las administraciones europeas.

El conflicto por ATLL se remonta a finales de 2012, días antes de las últimas elecciones autonómicas, cuando la Generalitat adjudicó la gestión de ATLL al consorcio liderado por Acciona, decisión que recurrió su competidora Agbar, que llevó el caso al OARCC, que tumbó la concesión.

Desde entonces, la privatización de la gestión de la empresa pública ATLL, la más importante operación de venta llevada a cabo por la Generalitat, se encuentra inmersa en un cruce de recursos y peticiones de cautelares por parte de todos los actores implicados en el proceso, a expensas de que el TSJC se pronuncie sobre el fondo del conflicto.

La conselleria constituyó el pasado mes de diciembre una Mesa de Contratación que debía decidir si anulaba todo el proceso de adjudicación o bien si le entregaba directamente la gestión a Agbar, como reclama esta empresa, aunque por el momento no se ha pronunciado al respecto.

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