El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Carlos Domínguez ha afirmado que 'no va a cambiar el reparto de las cuotas de jurel y caballa', aunque ha indicado que los armadores podrán negociar dentro de sus regiones para establecer nuevos acuerdos.

Esta modificación en las cuotas de pesca ha provocado protestas y enfrentamientos con la policía en los últimos días, donde ha habido heridos y detenidos.

El alto cargo de Agricultura ha querido recordar que en la reunión del 20 de diciembre, en la que se alcanzó un acuerdo, 'estaban presentes todos los representantes del sector pesquero del cantábrico noroeste' y desde el Ministerio se haría 'un flaco favor' a los portavoces si ahora se cambiasen los términos del convenio.

Agricultura afirma que el modelo anterior conllevaría sobrepesca o que muchos se quedasen sin pescar  Asimismo, ha resaltado que el modelo se ha cambiado 'a petición del sector pesquero' y no se trata de un reparto que 'haya caído del cielo' o 'haya sido impuesto por el Ministerio o la Secretaría General de Pesca'.

También ha afirmado que 'no se va a volver al modelo anterior de pesca olímpica', ya que eso sería 'condenar al sector a la sobrepesca o a que mucha gente se quede sin pescar'.

El representante de la cartera de Agricultura ha señalado que no hay otra opción distinta a los repartos de cuotas para 'solucionar los problemas en el sector derivados de la pobre gestión realizada en las dos últimas legislaturas'.

Por su parte, los cinco representantes de la flota de cerco que rechaza el actual reparto de la cuota de caballa y jurel han abandonado la reunión celebrada este miércoles en la sede de la Consellería do Medio Rural e do Mar por estar presente su titular, Rosa Quintana.

Estas cinco personas han accedido pasadas las 15,30 horas a las instalaciones de la Consellería y, en la sala de juntas, se han sentado en una mesa junto a los otros representantes del sector del cerco gallego (entre los que estaban las responsables de las asociaciones de Lugo y Ribeira, dirigentes de la federación de cofradías gallegas y un portavoz de Arvi).

Cuando han entrado a la sala el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el secretario xeral do Mar, Juan Maneiro, y la conselleira Rosa Quintana, cuatro de ellos se han levantado y se han marchado, al explicarle que no se reunirían con ella a menos que pidiese disculpas públicas por declaraciones en que les criticaba.

Quintana se ha mostrado dispuesta a pedir perdón, pero ha preguntado cuáles son esas declaraciones. El portavoz de los marineros, Andrés García, ha sido el último en salir de la sala, pese a los intentos de mediación de Rueda, y ante numerosas cámaras y periodistas, aduciendo: 'Lo siento mucho, conselleira, pero las cosas están como están'. Los pescadores se reunirán a las 18,30 horas en asamblea en la localidad coruñesa de Portosín.

El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, por otro lado, ha ligado parte de los problemas que vive el sector del cerco a la 'pésima gestión del PSOE' en Madrid durante ocho años y ha esgrimido que los marineros, a quienes ha reiterado la voluntad de diálogo de la Xunta para alcanzar 'un acuerdo', ven la cuota disminuida para 'pagar las multas' impuestas cuando José Luis Rodríguez Zapatero estaba al frente del Ejecutivo central.

Tras los disturbios registrados en la pasada jornada a las puertas del Pazo do Hórreo y en las calles de la capital gallega, el presidente ha remarcado que los marineros del cerco pueden este año 'pescar más que el anterior'. Al tiempo, ha admitido que no le parece suficiente, pero ha afeado al PSdeG que el cerco 'paga' los efectos de una sanción que 'le detrae anualmente' la Comisión Europea 'de un 30 por ciento de la capacidad de pesca'.

Frente a las duras acusaciones del socialista José Luis Méndez Romeu, que le ha instado a demostrar cuánto 'manda' en Madrid, Feijóo ha apuntado que todo ello es consecuencia de los expedientes iniciados durante el último mandato socialista y se ha mostrado convencido de que 'la mayoría de la gente del mar' confía en su Gobierno porque sabe que parte de los problemas del sector están vinculados 'con la pésima gestión del PSOE'.