La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en esta región, Esperanza Aguirre, está convencida de que la situación judicial del tesorero de su partido, Luis Bárcenas, esta ocasionando un desgaste 'muy importante' en esa formación.

En una entrevista que hoy publica El Mundo, Aguirre elude pronunciarse sobre si Bárcenas debe dimitir o no y traslada al presidente del PP, Mariano Rajoy, la decisión sobre ese asunto, ya que 'tiene todos los elementos de juicio, porque sabe exactamente qué explicaciones le ha dado el tesorero'.

Aguirre dice que en su partido no gusta la frase 'poner la mano en el fuego por nadie' y añade: 'por mí nunca la han puesto y ahí no se quemarían', aunque subraya que ella sí lo haría por el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Campos, imputado por cohecho en relación con el 'caso Gürtel'.

Aguirre habla también del nuevo sistema de financiación, que califica de 'injusto, solidario y regresivo' y del que apunta que es perjudicial para su región porque 'los madrileños vamos a ser los únicos que aportemos a la caja común y encima se nos maltrata'.

Cifra en 5.000 millones lo que Madrid aportará para otras Comunidades, aunque no precisa cuánto corresponde a su región de los 11.000 millones de euros adicionales que figuran en el nuevo sistema aprobado el miércoles pasado.

Sobre ese modelo la presidenta madrileña asegura que su partido debería haber votado en contra en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que si su Comunidad se abstuvo, junto a otras cinco gobernadas por el PP, fue por las 'instrucciones' recibidas desde la sede nacional de su partido.

'Yo lo he aceptado por disciplina de partido', asegura Aguirre, quien rechaza de nuevo la acusación de 'catalanofobia' que ha recibido en estos últimos días.

Respecto a las elecciones en Cajamadrid, Aguirre admite que el ex ministro de Economía Rodrigo Rato sería 'un buen presidente, y algunos otros también' y puntualiza que los comicios serán en otoño, al tiempo que niega que el Gobierno madrileño practique la 'injerencia política' en esa entidad financiera.