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Comunidad de Madrid Al banquillo los dos investigados por la venta de vivienda pública de Botella a fondos buitre

La Audiencia Provincial de Madrid reabre el caso contra Fermín Oslé, antiguo consejero delegado de Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y Alfonso Benavides, apoderado de la inmobiliaria Fidere.

 Ana Botella en un acto del Partido Popular madrileño. / EFE

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La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que el exconsejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) Fermín Oslé y el apoderado de la empresa de vivienda Fidere Alfonso Benavides vayan a juicio por la presunta venta irregular en la época de Ana Botella de 1.860 viviendas públicas al fondo de inversión Blackstone.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los magistrados de la Sección 30 acuerdan desestimar sendos recursos contra el auto por el que el juez transformó las diligencias en procedimiento abreviado para llevarlo a juicio tras la conclusión de la investigación.

Dicho auto se produjo tras la orden el pasado mayo de la Audiencia de Madrid de reabrir el caso tras ser archivado al concluir que existían "indicios suficientes" como para entender la presunta comisión de los delitos imputados por el juez. Se les investiga por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude.

Botella, blindada por el PP

La ausencia de la exalcaldesa Ana Botella entre los investigados deviene de una sentencia del Tribunal de Cuentas, mismo organismo que le había condenado a pagar, junto con siete altos cargos de su Gobierno, 25,7 millones por la venta de estas viviendas a un precio por debajo del que marcaba el mercado.

Este organismo absolvió a la exregidora con los votos favorables de dos consejeros propuestos por el PPMargarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia durante la primera legislatura de José María Aznar -marido de Botella-, y José Manuel Suárez Robledano, presidente de la Sección de Enjuiciamiento y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. 

Además, con la vuelta del Partido Popular a la Alcaldía de la capital-y con la ayuda de Ciudadanos- el Ejecutivo de José Luis Martínez Almeida maniobró para blindar la exregidora dentro del Consejo de Administración de la EMVS. Así, por seis votos contra tres -Más Madrid, PSOE y Vox- el ente público aprobó no recurrir ante el Supremo la venta irregular de estas viviendas. 

No obstante, la concejala del Partido Socialista Mercedes González consiguió en noviembre mantener abierta la posibilidad de que la causa llegara al Tribunal Supremo. Lo hizo solicitando que el Tribunal de Cuentas reconociera su legitimidad para interponer un recurso de casación como "vecina de Madrid" y en ejercicio de la acción sustitutoria; dado que el Consistorio no iba a hacer nada para defender el bolsillo de los madrileños, ella lo haría en su lugar. 

"Mera apariencia" de concurrencia libre

Los magistrados analizan en la resolución si la negociación previa y la transmisión "se llevó a cabo realizando los principios aplicables a la contratación pública y no mediante la creación de una mera apariencia de concurrencia libre", que no real "de eventuales compradores de la que se obtuviera el mejor precio posible en la vista de las circunstancias del mercado en ese momento".

"A tal efecto, no puede desconocerse que no hubo una concurrencia de eventuales compradores con carácter público ni una fijación previa del valor de los inmuebles desde el inicio del proceso de venta, salvo una valoración de los activos realizados por una consultora después de conocer una oferta de Blackstone", recoge el auto.

Añade que precisamente esa consultora fue quien "recomendó, tras haberse contactado ya con potenciales compradores, fijar un rango potencial de venta y un proceso de venta competitivo, a partir del cual se publicitó la venta de promociones".

En septiembre de 2017, se acordó la reapertura de las diligencias previas, que fueron archivadas, a raíz de la presentación del informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid el 30 junio 2016 y que se centraba en los ejercicios 2012 y 2013, bajo un mandato del PP.

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