Este artículo se publicó hace 4 años.
Albert RiveraProcesan a 23 personas por el boicot a un mitin de Cs en Rentería en 2019
La jueza instructora considera que existen "indicios racionales de criminalidad" de que los investigados podrían haber incurrido en delitos contra el orden público y delitos electorales.
San Sebastián-
La magistrada del Juzgado de Instrucción numero de 4 de San Sebastián ha procesado a un total de 23 personas por su participación en el boicot de "motivación ideológica" a un acto electoral de Ciudadanos el 14 de abril de 2019 en la localidad guipuzcoana de Rentería. La juez considera que los encausados podrían haber cometido delitos electorales y contra el orden público.
El entonces líder de Cs, Albert Rivera, que participó en el mitin, junto a la número dos a las europeas, Maite Pagazaurtundua, y otros, presentó denuncia ante la Fiscalía, y acusó a EH Bildu y a Sortu de estar detrás del "acoso" sufrido por militantes y simpatizantes de su partido durante este acto electoral.
Un importante número de personas rodeó la Plaza de los Fueros del municipio guipuzcoano, donde se celebraba el mitin, e insultaron y profirieron gritos amenazantes contra ellos, lo que obligó a la Ertzaintza a intervenir y cargar contra los manifestantes tras el acto.
Rivera aportó como pruebas varios vídeos y fotografías que muestran pancartas amenazantes, cuentas de Twitter y de otras redes sociales, así como varias imágenes e informaciones de aquel día difundidas por varios medios de comunicación.
La jueza instructora, tras concluir las diligencias previas, ha dictado un auto, en el que considera que existen "indicios racionales de criminalidad" de que los investigados podrían haber incurrido en delitos contra el orden público y delitos electorales.
De esta forma, relata que el 14 de abril de 2019, en la localidad guipuzcoana de Rentería, con ocasión de la celebración de un acto de campaña de elecciones generales de Ciudadanos, partido "minoritario en militancia, votos y presencia" en el País Vasco, en Guipúzcoa en general, y en ese municipio en particular, se promovió "un boicot".
La jueza instructora considera que existen "indicios racionales de criminalidad"
La resolución judicial señala que, en este boicot, hubo una "alta presencia de personas, no coordinadas expresamente entre sí", pero aprovechando "la multitud, llevaron distintas acciones individuales que, sumadas, tenían fuerza e intención intimidatoria, e impidieron la correcta celebración del acto electoral, legítimamente autorizado, y la llegada y salida de los participantes en el mitin como asistentes y como ponentes".
La magistrada describe la actuación de cada uno de los imputados, y asegura que ninguno de los investigados quería que el acto se celebrara y, por tanto, "con su presencia en la muchedumbre en la calle, con sus gritos e insultos, favorecieron e hicieron" que éste no se desarrollara con normalidad.
En este sentido, recuerda que "obligaron a la actuación de los agentes de la Ertzaintza, dado el ambiente intimidatorio y hostil contra todos los asistentes al mitin, alteraron el orden de la calle, y vulneraron los derechos de participación política en periodo electoral, utilizando la intimidación ambiental para ello, la cual alimentaron con sus propias conductas con una clara intencionalidad de desprecio a la ideología de los asistentes".
Los investigados, que no han negado su presencia en el lugar y fueron identificados por la Ertzaintza, han reconocido su actuación y las expresiones que profirieron, pero "han justificado esa conducta como 'de responsabilidad individual', al margen de cualquier acción coordinada con otros, y como algo espontáneo, no previsto ni buscado". Por ello, la juez afirma que será en el acto del juicio oral donde se evaluará su "intencionalidad" y sus "justificaciones exculpatorias".
Cacerolada y otras actuaciones
La resolución judicial precisa que varios de los inculpados, "indignados por el discurso político" de Cs, participaron en una cacerolada desde los balcones que daban a la Plazas Fueros para impedir que se oyeran las intervenciones. También otros profirieron gritos desde diferentes lugares de la plaza contra los discursos de los dirigentes de la formación naranja, para que no se les pudiera escuchar.
La jueza considera que los investigados contribuyeron a dificultar las labores de contención de la Ertzaintza
Algunos más impidieron, con su presencia, junto a otras "muchas personas", que el operativo policial cortara la calle, escupieron, hicieron la peineta, cortes de manga y gritaron "faxistak Kanpora (Fuera los facistas)" o "Zuek Faxistak zarete terrorristak, hiltzaileak (Vosotros, fascistas, sois los terroristas, asesinos)", "Iros a España", y otros insultos, al paso de los coches de los dirigentes de Ciudadanos cuando abandonaron el lugar.
En concreto, el coche de Albert Rivera, quien fue especial objetivo de los insultos, recibió una patada por parte de uno de los investigados. Asimismo, la jueza considera que los investigados contribuyeron a dificultar las labores de contención de la Ertzaintza para que los seguidores de Ciudadanos pudieran circular, y llegaron a lanzar una botella de agua contra un agente. Otro ertzaina fue empujado y resultó arrollado por un vehículo.
El boicot
Para la titular del Juzgado de Instrucción numero de 4 de San Sebastián, "pese a que no se ha podido acreditar y se ha negado por todos" los ahora procesados "que participaran activamente en la promoción y preparación del boicot al acto electoral, colocación de lazos, pancartas, posters, pintadas, o llamamientos en redes sociales, no se puede aceptar que no conocían el acto, o se lo encontraron sin más".
"Un acto electoral de estas características se prepara con tiempo, y los llamamientos a su boicot, a la movilización ciudadana, y los carteles y pintadas llevaban mucho tiempo en la calle, y redes sociales, y no podía sorprender a nadie", asegura.
A su entender, "la actuación de cada investigado individualmente considerada podría no entenderse grave o incluso típica, pero contribuyeron, en su conjunto, al ambiente de intimidación a los electores y a los asistentes al mitin, impidió su desarrollo con normalidad, lo que supuso una vulneración grave de los derechos electorales de todos ellos". "La actuación de cada uno de ellos se realizó al amparo y con el refuerzo de la multitud para evitar la responsabilidad personal, socializando el resultado final. Fue tanta la afluencia de gente del pueblo en las calles para 'ver' el acto y 'recibir' a los asistentes, que tuvo que intervenir la Policía en un dispositivo ad hoc, con agentes de otros lugares para evitar incidentes, y controlar y contener a los ciudadanos del pueblo", subraya.
"Motivación ideológica"
Además, apunta que "no se puede obviar la motivación ideológica que muchas de estas conductas tuvieron, en atención al rechazo de las ideas que representaba" Ciudadanos. En esta línea, indica que los investigados aseguran que el acto era "una provocación" y que "increparon a las personas con bandera española". Uno de ellos, añade que "le pasaron delante de la cara una bandera española y se ofendió".
La magistrada considera que los encausados han podido incurrir en delitos electorales regulados en los artículos 146 y 147 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), y delitos contra el orden público.
En su opinión, existen "razones fundadas para efectuar" la imputación, aunque sin prejuzgar la calificación jurídico penal que efectúen las acusaciones. Contra el auto, notificado el 4 de junio, cabía recurso de reforma, a presentar en un plazo de tres días, y de apelación, a formalizar en cinco días.
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