Los aliados del Gobierno afrontan la negociación del decreto anticrisis con más simpatías que la de la reforma laboral

A la espera de conocer los detalles del decreto de medidas frente a la crisis que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes, el Gobierno afronta las negociaciones con sus aliados en el Congreso desde una posición más favorable que la de la reforma laboral, una medida aprobada sin el apoyo de sus principales socios de investidura (ERC, PNV y EH Bildu) y gracias al error de un diputado del PP al votar de forma telemática.

Después del anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las principales medidas contempladas en el plan de choque para paliar los efectos de la crisis económica agravada por la guerra en Ucrania, ERC, EH Bildu, Más País y Compromís han coincidido en destacar que dichas propuestas van orientadas en la "buena dirección".

En esta línea, aunque su apoyo al real decreto, que deberá someterse a convalidación en el Congreso en el plazo de 30 días hábiles, todavía no está definido a falta de que los grupos conozcan el contenido completo de la norma, las conversaciones entre todos estos actores se afrontan con un tono muy distinto al empleado durante las negociaciones de la reforma laboral.

La medida estrella del departamento que dirige la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, generó el rechazo de la mayoría de los socios de la investidura desde su aprobación y, a pesar de las arduas conversaciones, no consiguió concitar el sí de ERC, EH Bildu y PNV, fuerzas que habían permitido hasta la fecha, entre otras iniciativas, la aprobación de los Presupuestos de 2021 y 2022.

La votación de la reforma laboral fracturó el bloque de investidura, pero a pesar de este aviso, que demostró la inestabilidad de la denominada geometría variable (la vía por la que apuesta el PSOE de llegar a acuerdos con la derecha y las izquierdas en virtud de la materia a tratar), estos socios siempre han defendido mantener los puentes con el Gobierno por el "miedo" a la alternativa, es decir, un gobierno de PP y Vox.

Asimismo, de cara a la aprobación del plan de respuesta a la crisis y en aras de cosechar un gran pacto con todas las fuerzas políticas dada la gravedad del momento actual por las consecuencias de la guerra, el Gobierno ha mantenido una ronda de contactos con todos los grupos para intercambiar propuestas. También ha hecho lo propio durante este fin de semana y este mismo lunes con los diferentes portavoces de las fuerzas políticas.

Aunque sus representantes han afeado conocer los ejes del real decreto a través de los medios de comunicación tras la rueda de prensa ofrecida por Sánchez (el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha sido quien más ha cargado por esta cuestión), hasta la fecha ningún partido se ha opuesto a priori a dicho decreto ley, a excepción de la extrema derecha, que ya rechazó sentarse a intercambiar sus propuestas con el Gobierno.

Los principales aliados parlamentarios han valorado de forma positiva que el Ejecutivo recoja en su plan de choque algunas de las reivindicaciones que le trasladaron en las reuniones, así como su interacción con los grupos a lo largo de los últimos días. "Nos parece una buena noticia que el Gobierno reaccione, vuelva a hablar con los grupos y nos informe", ha apostillado el portavoz de Más País, Íñigo Errejón.

En esta línea, ERC, EH Bildu, Más País y Compromís ven con buenos ojos que, lejos de lo acordado entre el líder del Ejecutivo con los presidentes autonómicos hace dos semanas, "no se haya optado por una rebaja generalizada de impuestos", un reclamo compartido por las derechas.

También, con todas las "cautelas posibles" a la espera de conocer todos los flecos del plan que será aprobado este martes por el Consejo de Ministros, estas fuerzas comparten algunas de las medidas anunciadas por Sánchez, como la de ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital, aplicar un descuento de 20 céntimos por litro de carburante, activar los mecanismos de regulación de empleo para evitar despidos (ERTE), aumentar los beneficiarios del bono social eléctrico, o las ayudas directas a pequeñas y medianas empresas.

En cualquier caso, estas fuerzas han afeado que la rebaja que se pretende impulsar para hacer frente al alza de los carburantes debe acometerse de "forma progresiva", toda vez que han puesto el acento en la necesidad de convertir estas medidas excepcionales (se extenderán hasta el próximo 30 de junio) en una reforma estructural, ya que a su entender, no solucionan el problema de fondo ni transforman el sistema energético que "nos ha traído hasta aquí y ha provocado esta situación de emergencia", tal como han remachado fuentes parlamentarias de ERC y EH Bildu.