"Seremos fascistas, pero sabemos gobernar". Hace casi dos años desde que José Luis Martínez-Almeida pronunció estas declaraciones. Sin embargo, la gestión del equipo de Gobierno de la ciudad tumba la segunda parte del eslogan del alcalde. A principios de marzo, Público explicó cómo la opacidad de Almeida para administrar los servicios culturales madrileños no solo fomenta un deterioro de esos mismos servicios, sino que también propicia sobrecostes públicos.

A los pocos días se supo que el Ayuntamiento madrileño concluyó 2022 con un déficit de 357 millones de euros. A pesar de esto, Almeida anunció que el servicio público de bicicletas eléctricas de la capital, BiciMad, sería gratuito durante casi tres meses, desde el 7 de marzo y hasta el 31 de julio, con elecciones municipales de por medio. Pero la medida ha quedado empañada por la ampliación de nuevas bicicletas que emplean un sistema de uso diferente al de los ejemplares tradicionales, algo que ha motivado el caos para los consumidores de BiciMad.

Desde bicicletas sin localizar a otras en un estado deteriorado, vandalizadas, con las ruedas pinchadas; pasando por vehículos que han aparecido sumergidos en el río Manzanares, que atraviesa la ciudad. Estos han sido los escenarios que ha tenido que atender la compañía. Solo su cuenta de Twitter ha respondido a más de una veintena de usuarios que han manifestado quejas ante la situación "de abandono" del servicio en menos de un día.

La compañía ha confirmado que recogería una bicicleta que estaba hundida en el río Manzanares, cerca del Centro Comercial Plaza Río 2, según el usuario que ha denunciado la imagen. Los trabajadores también irán a la búsqueda de otras bicis que han aparecido abandonadas, sin ruedas, sin sillín o, directamente, "desguazadas".

La plataforma BiciMad en Lucha y la Plataforma Sindical EMT denuncian no solo el daño que la gestión de Almeida está provocando en los aparatos, también el perjuicio que sufren los trabajadores. La introducción del nuevo sistema provoca que los usuarios no puedan encajar correctamente las bicicletas en las estaciones de carga; por lo tanto, los vehículos quedan liberados, sin los anclajes de seguridad y sin batería.

Al quedarse sin carga, la tecnología GPS incorporada en los aparatos deja de funcionar, por lo que los empleados de la EMT deben localizarla sin tener la ubicación, "deben ir circulando y mirando a ambos lados" para intentar dar con ellas. Por esta razón, las organizaciones piden que se paralice la gratuidad de Bicimad hasta que se ofrezca "un servicio idóneo". Mientras, han pedido la dimisión de Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, área responsable de este servicio.

Bicimad, "la crónica de una muerte anunciada"

Por su parte, desde Más Madrid lamentan que "Almeida ha reventado por completo el sistema público de alquiler de bicicletas" y manifiestan que lo ocurrido es una "buena metáfora del desgobierno de Almeida". Cuca Sánchez, portavoz adjunta del partido, afirma a Público que el movimiento de Almeida con BiciMad es una "operación electoralista que ha costado 48 millones de euros, 30 millones de fondos europeos, y que para lo único que ha servido es para hundir el servicio". 

Sánchez recuerda los tres grandes problemas del servicio, en la línea con lo denunciado por los usuarios: "Las apps no funcionan, es imposible sacar las bicis de las estaciones, no hay vehículos disponibles, se han perdido centenares de modelos nuevos que la EMT no puede localizar porque cuando se agota la batería el GPS no funciona". 

El partido de Rita Maestre calcula que este descontrol ha provocado unas pérdidas de 1,25 millones de euros, pues la semana pasada ya había 500 bicis desaparecidas y cada una de ellas tiene un coste de 2.500 euros. No obstante, "a día de hoy no es posible valorar la pérdida porque no se sabe cuántas puede haber perdidas", matiza la portavoz.

"El error más grave del Gobierno de Almeida ha sido considerar que podían convivir dos sistemas que no son iguales: las bicis nuevas no se pueden cargar en las estaciones antiguas ni las viejas en las nuevas", exclama Sánchez, que añade: "En el pliego del cambio de tecnología elaborado por el Gobierno de Almeida no se contemplaba la ampliación sin sustituir antes las estaciones antiguas por las nuevas".

La representante de Más Madrid señala que los candados de las estaciones "no cierran correctamente", algo que ha generado malestar en los usuarios porque los viajes no quedan finalizados y esto produce "cobros injustificados", pues solo es gratuita la primera media hora de uso. "Es la crónica de una muerte anunciada", concluye Sánchez.